osantillan@ejecentral.com.mx
A
sólo cuatro días de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) hizo pública la evaluación sobre el avance de la política nacional sobre la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese momento el documento pasó desapercibido, pero sus conclusiones fueron implacables en torno a un país en el que 43% de su población está en riesgo frente a este fenómeno: “México está lejos de conformar una política sistemática y consistente” en la materia.
Es tan grave la situación —reconoció el organismo encargado de evaluar y emitir recomendaciones respecto al cumplimiento de instrumentos de política ambiental y recursos naturales— que de darse un escenario de inacción durante este siglo, los costos se acumularían y las afectaciones para nuestro país podrían llegar a situarse entre una y tres veces el Producto Interno Bruto (PIB) actual; es decir, unos 3.71 billones de dólares o hasta 4.5 veces, que se traduciría en 5.56 billones de dólares.
“La ejecución de las diferentes acciones de gobierno identificadas por la evaluación están lejos de conformar una política sistemática y consistente con los compromisos adquiridos por México conforme a la Ley General de Cambio Climático, al Acuerdo de París y a los ODS (Objetivos de DesArroyo Sostenible)”, sostiene el documento.
En el documento titulado Evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, el INECC ofrece 14 resultados y 28 recomendaciones para enfrentar todos los retos y tareas pendientes en los tres órdenes de gobierno para implementar una política eficaz contra el calentamiento global.
Si bien reconoce la evaluación, en la que se puso lupa durante 2018 a seis estados y 18 municipios, que a nivel federal se ha conformado un Sistema Nacional de Cambio Climático y una Comisión Intersecretarial para atender el fenómeno, no se ejercen las atribuciones ni se da seguimiento a las acciones de mitigación y adaptación.
Las principales acciones que se han implementado tanto para monitorear como para disminuir las emisiones contaminantes, por ejemplo, tienen poca o ninguna relación con las políticas de cambio climático. Es así que los Programas de Calidad del Aire (ProAire), y las políticas de transporte, principal generador de emisiones de efecto invernadero, tienen una relación marginal o inexistente.
Por eso, a María Amparo Martínez Arroyo, directora general del INECC, no le sorprende que la vulnerabilidad de México ante el cambio climático se haya puesto en evidencia en la reciente crisis de calidad del aire, en el que las partículas suspendidas PM2.5 interfirieron en la vida cotidiana y generaron la suspensión de clases en el Valle de México y varios estados del centro del país.
La evaluación del INECC, órgano que también se encarga de “fomentar el desArroyo de capacidades en estados y municipios, reconoce que en el ámbito estatal y municipal las cosas también son preocupantes, ya que a pesar de que reportan acciones de adaptación, ya sea reforestación o protección de áreas naturales no dan cuenta de cómo reducen la vulnerabilidad al cambio climático. Es decir, no se puede medir el impacto de las acciones que se supone se implementan, porque además la información pública estatal para hacer frente al cambio climático es prácticamente inaccesible y a nivel municipal, inexistente.
Uno de los instrumentos fundamentales para la toma de decisiones estratégicas es el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, pero el que se elaboró y sigue vigente, no está sustentado en la Ley General de Cambio Climático. “Dicho documento conceptualiza la vulnerabilidad y el riesgo ante el cambio climático con un enfoque distinto al establecido en la LGPC (Ley General de Protección Civil)”, sostiene.
Por lo que advierte que “es una tarea pendiente del gobierno federal elaborar escenarios de riesgo climático y emitir criterios para ser incorporados en los atlas de riesgos estatales y municipales”.
Tampoco existe claridad en la forma en la que la CFE está incorporando o incluye energías limpias en sus operaciones de generación de energía, sumado a que en pleno siglo XXI no es posible conocer las emisiones de las fuentes puntuales del sector de energía eléctrica, dado que no es público el Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (RENE). Mientras que la información que se tiene sobre los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) no es confiable para tomar decisiones.
Ante el nivel de descoordinación, la evaluación recomienda al presidente Andrés Manuel López Obrador ejercer el liderazgo que se requiere en contra de un fenómeno que amenaza a todo el territorio nacional. Y es que los retos no son menores, México se comprometió a disminuir 22% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 51% las de Carbono Negro para el 2030.
El Plan Nacional de DesArroyo de esta administración contempla atender el fenómeno del cambio climático, como uno de los ejes de bienestar y en el de economía. Además se compromete a cumplir con los compromisos
internacionales adquiridos en materia ambiental y buscar garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Sólo que hay un problema, el INECC como brazo técnico y científico del Estado mexicano que se encarga de investigar y dotar a las secretarías de información para combatir ese fenómeno, desde hace tres años ha visto una reducción en su presupuesto, lo que hace más complejo cumplir con las metas.
“El INECC había venido ya experimentando reducciones presupuestales desde 2016, hemos ido teniendo recortes que por supuesto dificultan el trabajo y ahora hemos tenido el mismo recorte que toda la administración pública y que sin duda nos obliga a distintas formas de investigación” apuntó Martínez Arroyo.
No hay fronteras atmosféricas
María Amparo Martínez Arroyo es bióloga y doctora en Ecología, y dirige el INECC desde hace más de cinco años, un organismo que sólo puede guiar las políticas que se requieren, desde una visión científica, pero que las acciones concretas son atribuciones que sólo tienen los gobiernos locales y estatales.
Uno de los ejemplos más claros son los programas de calidad del aire en diferentes ciudades del país, los cuales pese a la urgencia que la evaluación muestra no están vinculados o de plano no tienen relación con el fenómeno del calentamiento global. Al respecto, Martínez Arroyo señaló en entrevista con ejecentral que es algo en lo que ya están trabajando, y debe ser de manera coordinada, porque “lo más importante que nos está enseñando esta relación de calidad del aire con cambio climático es que no hay fronteras atmosféricas”.
Por ello, señala, es importante que se tomen medidas para reducir las emisiones y, sobre todo, para controlar las PM2.5 dado que están altamente relacionadas, apuntó, con el cambio climático. “Tienen un gran potencial calorífico y aportan mucho al calentamiento y al mismo tiempo son las que más dañan a la salud”.
¿Esta crisis de la PM2.5 llama a poner más atención al cambio climático?
“Llama a poner más atención a la planeación de las actividades, a tener mayor conocimiento para ver cómo se coordinan, que en un momento en el que hay
más reactividad en la atmósfera no se hagan cierto tipo de actividades, llama a tener una mayor planeación y coordinación de acciones y tomar muchas más medidas”.
Menos recursos
En este ejercicio fiscal el INECC tuvo que recortar 46 plazas de confianza, que en su mayoría son técnicos especialistas en investigación. Ahora tiene 179 personas de confianza técnicos y 100 sindicalizados.
“Cabe recalcar que el INECC, como muchos otros órganos del sector ambiental, en realidad lo que más tenemos es personal técnico que ha sido en una buena parte formado por el propio Estado mexicano, es personal que le ha costado formar al Estado y en ese sentido es personal muy especializado; sus pérdidas son muy sensibles para nosotros”, expuso en entrevista con este periódico semanal.
La directora general del INECC señaló que bajo esta circunstancia se han organizado de manera diferente para reordenar el trabajo. La importancia del INECC, subraya, es que se dedican a investigar sobre el cambio climático y sobre la calidad del aire.
“Nosotros estamos encargados de integrar y coordinar y poner a disposición de las diferentes áreas de gobierno y de los distintos niveles, el conocimiento necesario para hacer políticas públicas”, agregó la funcionaria.
Pero lo que más afecta al Instituto, apuntó, es que no se mantenga el presupuesto transversal para el cambio climático. “Nosotros hicimos una evaluación del anexo transversal de cambio climático en 2017 y justamente hacíamos ver que este anexo no necesariamente tenía los criterios necesarios para asegurar que todos esos proyectos efectivamente estuvieran incidiendo en la lucha contra el cambio climático”. Por lo que ahora se encuentran a la espera de las modificaciones que haga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dicho anexo.
Un Atlas ignorado
La directora general del INEEC puntualizó en entrevista que lo que se resaltó en la evaluación a la Política Nacional de Cambio Climático es que no hay una obligatoriedad para los estados y municipios de cumplir las medidas de reducción, por lo que dijo, lo más adecuado es que para la elaboración de políticas públicas a nivel estatal o municipal se tomen en cuenta las recomendaciones contenidas en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático.
“(Se necesita) que lo incluyan en sus mecanismos propios, en sus normas, y que tengan planes de acción con el presupuesto adecuado. Es muy importante el que tomen medidas para reducir las emisiones y para manejar mejor sus residuos, en ese sentido, pensamos que lo que da el INECC es la base de conocimiento para que tomen las medidas, y que además de combatir el cambio climático mejoran el bienestar de las poblaciones”, explicó la especialista.
Sin embargo, reconoció, tanto estados como municipios se ven limitados en realizar dichas acciones por cuestiones presupuestales.
En un ejercicio crítico, su titular expone que el INECC tendría apuntalar sus estrategias comunicativas de mejor forma en contra el cambio climático.
“Sin duda, necesitamos mucha más comunicación con la sociedad, mucho más posibilidades de comunicación, de vinculación con muchos sectores y de programas educativos. Pensamos que tenemos una gran cantidad de información que hemos desarrollado que es de interés de todos los sectores del país y que todavía no tenemos los mecanismos necesarios para que llegue a ellos esa información”.
¿Qué mecanismos se necesitan para alcanzar la meta?
Poder tener un área dedicada para esto y un cierto presupuesto para este tipo de actividades, que se puede complementar mucho con las propias actividades de otras áreas gubernamentales, es muy transversal. Requerimos una coordinación que estamos teniendo, hemos convocado a todos los sectores, a las secciones de comunicación, o relacionadas con la comunicación, pero estamos esperando que se estabilice esto, porque en cada una de las Secretarías todavía no sabemos independientemente de cuestiones de la información o de la comunicación social.