Al final de las campañas electorales llenas de calumnias, verdades dudosas, además de encuestas manipuladas, como escribió ayer Raymundo Riva Palacio, es obligada una reflexión sobre los costos de la corrupción y la impunidad.
No es fácil medir el costo económico de la misma, pero es claro que incide sobre el crecimiento económico, en la pobreza y la desigualdad y favorece las actividades de la economía negra. México no escapa a esa realidad. Hay quienes han hecho el esfuerzo por medirla.
Por ejemplo el CEESP calculó en 2012 en 1.5 billones de pesos el costo de la corrupción en México y la impunidad en 98%.
La corrupción costó 341 mil millones de pesos al País en 2014, señalaron hace un año, México Evalua, CIDAC y México, ¿cómo vamos?, asimismo que el costo de la corrupción representó el 15% de la inversión pública.
Por su parte la UDLA Puebla, elaboró el Informe Global sobre la Impunidad 2015 y aparecemos en el segundo Lugar, con 75.6%, solo detrás de Filipinas, que trae el primero.
La percepción externa de la corrupción, de la impunidad y de la inseguridad, por tanto del clima de inversión y del estado de derecho, explican porque caímos seis puntos en el Ranking de Competitividad Mundial 2016.
No es sólo un problema de México, lo cual no le quita gravedad a nuestros problemas, el Banco Mundial señalaba en 2014 que se pagaba un billón de dólares cada año en sobornos, frente a una economía mundial que valía 30 billones, sin considerar el desvío de los presupuestos y patrimonio públicos.
De acuerdo al Estudio Mundial de Fraude Ocupacional y el Abuso 2010, elaborado por la ACFE, la pérdida potencial estimada por fraude ocupacional en el Mundo ascendió a 2.9 billones de dólares al año, partiendo de que la base promedio de pérdida por organización fue del 5% de sus ingresos anuales.
No es un problema sólo de los gobiernos, también lo es de los particulares, de las empresas, de los poderes, de los estados y municipios. Los ciudadanos son los que la padecen, pero hay sectores que participan en ella, a veces como usos y costumbres, ahí el ejemplo de la CNTE y otros sindicatos poderosos.
Es un reto contenerla, con participación ciudadana. Cierto hay avances concretos, en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, pero son insuficientes. Tenemos que abatir la cultura de la corrupción y la impunidad.
No importa tanto la precisión de las cifras de su costo, lo cierto es que inhibe el desarrollo económico de cualquier país, lo cual se traduce en costos sociales y morales más graves.
El costo de los fraudes es incalculable, no sólo es el costo directo, sino la siembra de una cultura de la impunidad y la contaminación de los propios ciudadanos.
La desigualdad y la corrupción han provocado la idealización de la delincuencia, se considera en ciertos sectores como ejemplos a los delincuentes. Eso no puede seguir.
Los temas de la corrupción, la opacidad y la impunidad se han abordado en muchos foros, como el Seminario Mundial Anticorrupción que se realizó en México en 1992, en la Convención Nacional Hacendaria de 2004, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,en los trabajos de George Kopìts en el FMI desde sobre transparencia fiscal. En México en 2006 se crea la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, después a Ley General de Transparencia, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la del Presupuesto base Resultados. Instituciones hay. Pero falta, por ello es importante la aprobación de las leyes anticorrupción que se discutirán en el Congreso, después de las elecciones del domingo.
Lo cierto es que mejores gobiernos, el estado de derecho y la contención de la corrupción y la violencia, generan crecimiento económico y por tanto una mejor distribución de la riqueza. Hay muchos ejemplos en el Mundo.
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