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Luis León, Francisco Pazos, Jonathan Nácar y María Idalia Gómez

lleon@ejecentral.com.mx • franciscopazos@ejecentral.com.mx • mariaidaliags@ejecentral.com.mx • jonathanjnd@ejecentral.com.mx

Estas son apenas dos historias de personajes que pagaron un alto precio por permitir o encubrir el espionaje desde las oficinas de gobierno, sin autorización, a ciudadanos disidentes o periodistas

El espía panameño

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue detenido el 12 de junio pasado por autoridades estadunidenses, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención por los delitos de interceptación de comunicaciones privadas durante su administración.

En su país se le acusa de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad (espionaje) por llevarlo a cabo en contra de casi dos centenares de ciudadanos durante su mandato (2009 a 2014).

El exmandatario huyó de Panamá en enero de 2015, cuando se conoció que la Corte Suprema de Justicia abrió más de 10 causas penales por corrupción y peculado en su contra.

Martinelli fue detenido en Miami, en donde el tribunal no le concedió la libertad bajo fianza. De encontrarse culpable podría pasar hasta 21 años en prisión.

Las joyas de la familia

Durante 20 años entre 1953 y 1973, la Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés) ordenó a sus agentes que espiaran, de manera ilegal a ciudadanos estadunidenses, considerados disidentes y también a periodistas.

El encargado de diseñar y ejecutar esas operaciones fue James J. Anglenton, jefe de contrainteligencia en la CIA y quien también es considerado uno de los mejores en su especialidad por el diseño de las estrategias y su visión, lo que le permitió mantenerse en puestos clave de la agencia por más de tres décadas.

Al descubrirse que espiaba a activistas por los derechos humanos, defensores de ciudadanos afroamericanos, simpatizantes del comunismo, la injerencia directa en la imposición de la dictadura chilena u operaciones en la guerra de Vietnam, e iniciarse una serie de investigaciones en el Congreso, tuvo que renunciar a su cargo. Nunca fue enjuiciado, pero perdió todos sus privilegios.

Las poco más de 11 mil páginas que revelan estas operaciones, fueron abiertas a partir de una solicitud de información presentada por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington y tardó 15 años en ser cumplimentada en 2007.

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