Cuando un periodista o un defensor de Derechos Humanos es asesinado, secuestrado o amenazado, lo más importante es garantizar la integridad de todas las víctimas (en este caso su familia y compañeros de trabajo), definir el riesgo que existe para todos e investigar para detener a los responsables o, en su caso, dar con su paradero.
Si al paso de las semanas se logra demostrar que el ataque no tiene que ver con el ejercicio de su profesión, entonces todas las medidas habrán cumplido su objetivo, prevenir mayores daños.
En el caso del periodista Santiago Barroso Alfaro, asesinado el pasado sábado 16 de marzo en San Luis Río Colorado, probablemente no se trate de un caso vinculado a su profesión, pero esto sólo comenzó a dilucidarse una semana después del crimen. Mientras tanto, siete días vivieron con total incertidumbre y zozobra su familia y compañeros reporteros, porque no sabían de dónde venía el ataque.
En siete días ni la Secretaría de Gobernación, ni el gobierno de Sonora ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cumplieron cabalmente con su responsabilidad: garantizar, cada uno en el ámbito de sus competencias, a la familia y a los periodistas su seguridad.
La CNDH me escribió una carta de dos cuartillas en la que trata de desmentir tal afirmación, enumerando las acciones que emprendieron y que resumo, por razones de espacio, pero que podrá leerse la misiva completa en el portal de ejecentral.
La CNDH sostiene que el día del crimen “el Director del Programa de Agravios tuvo conocimiento del homicidio del periodista Santiago Barroso Alfaro”, sólo que no dice qué hizo este funcionario, Rodrigo Santiago.
La carta añade que el mismo sábado del crimen, “el Quinto Visitador suscribió dos medidas cautelares, dirigidas al Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, y a la Fiscal General, Claudia I. Contreras Córdova, ambos del Estado de Sonora, con el objeto de salvaguardar la vida y seguridad de los familiares de la víctima y ofrecerles la contención emocional correspondiente, además de investigar los hechos poniendo especial énfasis en la posible vinculación con su labor periodística”.
Es verdad, la CNDH solicitó esas medidas sólo para la familia y no para sus compañeros reporteros ni pidió que se analizara el nivel de riesgo. Pero además, no verificó que éstas se aplicaran. Por si no lo sabe aún el visitador, las autoridades municipales sólo colocaron una patrulla a las afueras del domicilio de la esposa de Barroso, la cual acompañaba a su hijo a la escuela y mientras se quedaba sólo el domicilio, y luego regresaba a su guardia, dejando solo al joven. Sólo eso recibió.
Más adelante, la carta de la CNDH sostiene: “También, ese mismo día (el del crimen), el coordinador de la oficina de la CNDH en Sonora, Raúl Ramírez, se comunicó telefónicamente con la viuda del periodista… a quien le ofreció la atención de este Organismo Nacional… El coordinador de la oficina de la CNDH en Sonora también habló personalmente con el Alcalde, el Secretario de Gobierno y el Vice Fiscal, para estar coordinados y mantener comunicación del caso”.
Puedo afirmar nuevamente que la esposa de Santiago no recibió una sola llamada de algún representante de la CNDH, entre el 16 y 21 de marzo. Fue hasta el jueves 21, a las 19:30 horas, que le llamó Efrén González, del Programa de Agravios a Periodistas.
La carta menciona que la CNDH se comunicó con el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación y que las diferentes áreas de la Secretaría de Gobierno de Sonora les respondieron que atenderían las medidas cautelares.
Si hubieran llamado a la esposa de Barroso se habrían enterado que en una semana no se implementaron las debidas medidas cautelares y, por desgracia, la carta dirigida a esta columna no menciona qué más les respondieron las dependencias estatales al transcurrir de los días.
Cuatro días después del asesinato, “el miércoles 20 de marzo el Director General del Programa de Agravios se comunicó con personal del Mecanismo, quien informó que han hablado en diversas ocasiones con la viuda del periodista, quien hasta el momento no ha querido incorporarse al Mecanismo”.
Rodrigo Santiago no llamó a los reporteros de San Luis Río Colorado, tampoco a la viuda, pero sí al Mecanismo y asumió como cierto lo que el personal le dijo, sin más. Es este mismo funcionario que hace tres años, en febrero de 2016, emitió la Recomendación General número 24, sobre libertad de expresión y de la cual no hay ni un solo seguimiento que se conozca públicamente. Mucho menos de los casos más antiguos.
La carta concluye asegurando que “se ha dado la atención al caso”. En realidad queda claro que algunas piezas del engranaje de tan noble institución no funcionan bien, y urge que sí lo hagan, porque los boletines no bastan, porque no protegen a los periodistas ni a sus familias, mucho menos les quitan el miedo tras un crimen.