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25 de mayo de 2017 | 1:47 am

La réplica y la Corte: libertad en juego

Luciano Pascoe | 30 de octubre de 2016

CUARTO DE GUERRA | La columna de Luciano Pascoe

›La resolución de la Corte en materia de derecho de réplica podría fomentar lo contrario: desincentivar el periodismo de investigación e incentivar una autocensura por parte de los periodistas.

 

En los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría poner en riesgo la libertad de expresión y poner en vulnerabilidad a los medios de comunicación.

 

El año pasado se aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 6º Constitucional, la cual otorgó certeza jurídica al uso del derecho de réplica, validándolo sólo cuando se difunda “información inexacta o falsa” que cause agravio.

 

A tan sólo un año de que se publicara dicha Ley, el ministro Alberto Pérez Dayán presentará a sus compañeros el proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad que promovieron el PRD y Morena sobre la citada Ley.

 

Según algunas fuentes, el dictamen del ministro Pérez Dayán otorga el derecho de réplica no sólo cuando se trate de información inexacta o falsa, sino con cualquier tipo de información publicada, incluso si no hay duda en su veracidad.

 

Esta decisión vulneraría la certeza jurídica en la labor periodística.

 

No resuelve el tema de fondo y agravia la ambigüedad de la norma, otorgando el derecho de réplica por cualquier información que se difunda, sin importar si es cierta y bajo el entendido que cause un supuesto agravio político, económico, reputacional, de vida privada y/o de imagen.

 

Así, cualquiera persona que se sienta aludida en un trabajo noticioso podrá ejercer el derecho de réplica, sin importar la veracidad del texto o su interés legítimo en el tema.

 

De resolverse el asunto en el sentido propuesto, se estaría favoreciendo una estrategia de la clase política para abusar del derecho de réplica, teniendo la posibilidad de desinformar al público y poniendo en vulnerabilidad el trabajo periodístico y el derecho a informar y estar informado.

 

No debemos olvidarnos que los políticos eligen su profesión de manera voluntaria, y que ello implica estar sujetos al escrutinio público y a cuestionamientos sobre sus labores y resultados.

 

Lo mismo aplica para empresarios cuyos negocios se reditúan de bienes públicos o cuyas actividades afectan el interés general.

 

Claro está que de forma paralela se debe promocionar un periodismo de investigación profesional y veraz.

 

Sin embargo, la resolución de la Corte podría fomentar lo contrario: desincentivar el periodismo de investigación e incentivar una autocensura por parte de los periodistas.

 

Esperemos que nuestro órgano garante de los derechos fundamentales y guardián de la Constitución proteja la libertad de expresión y el derecho a estar informados, y favorezca fomentar la rendición de cuentas, la transparencia, y el periodismo de investigación.

 

Sociólogo, enemigo de dogmas.