Durante años, el Estado mexicano mantuvo un estricto control de los medios de comunicación; en el gobierno se definía qué se podía decir y qué se tenía que callar.
A finales del Siglo XX llegó la transición hacia la democracia y, por primera vez, los medios pudieron decidir qué publicaban y cómo; la Secretaría de Gobernación dejó de ser la oficina donde se dictaban las noticias.
Hoy nos enfrentamos a un retroceso en esa conquista ciudadana. Hoy, bajo el pretexto de defender a las audiencias, un órgano autónomo amenaza la libertad de prensa y la libertad de expresión: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT.
En diciembre pasado, ya en periodo vacacional, los comisionados del IFT publicaron unos lineamientos que abren la puerta a la censura y la mordaza. En ellos se considera que, entre otras cosas, las audiencias no tienen criterio para discernir entre información y opinión y, por tanto, los medios deben colocar mensajes y hacer sonar campanas para dar aviso al público cuando comience una y acabe la otra.
También se busca obligar a los medios a poner cortinillas cuando haya publicidad. El público, a los ojos del IFT, no tiene capacidad de diferenciar una cosa de otra y, disculpe la sorpresa, pero considero que vivimos en una sociedad del Siglo XXI.
Pero esto no es todo. Además de buscar esta intervención, el IFT se arroga la capacidad de definir lo que es información veraz y oportuna, como si existieran verdades únicas en un mundo tan complejo, como si la visión de uno fuese igual a la del resto.
Y, peor, la decisión de apagar un canal de televisión o una estación de radio para aplicar estos lineamientos recaerá en un comité de solo 3 personas, donde 2 –por mayoría– pueden mandar callar a un medio; y solo ese comité puede permitir su reactivación.
Esa pretensión es propia de regímenes autoritarios, fascistas, no de una democracia. Quienes defienden los lineamientos no se dan cuenta del riesgo que implica contar con un mecanismo institucional de censura, por muy autónomo que parezca el instituto.
En su papel de comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, asegura que no hay riesgo de censura, que los lineamientos no son restrictivos, pero a partir del 16 de febrero, cualquier candidato, partido, legislador, gobernante o ciudadano de a pie que considere que lo difundido no es veraz –porque le afecta–, podría activar el mecanismo que tiene posibilidades de terminar en el silencio de un medio, en la mordaza al periodismo. La puerta, hoy, está abierta.
Como están redactados, los lineamientos son lo único que necesitarían quienes ven a la prensa como enemiga, a los medios como contrincantes y a los periodistas como opositores; así como los ven Donald Trump y su vocero Sean Spicer. En Estados Unidos, esta transgresión a la libertad es impensable. Eso es lo que está en juego.