Luciano Pascoe

La reforma electoral de 1996 fue el resultado de una lucha de miles de personas por abrir el régimen del partido hegemónico, de Estado, para que otros pudiesen disputar el acceso al poder y la representación política en condiciones mínimamente equitativas.

En ella se creó el Instituto Federal Electoral que se convirtió en uno de los pilares del México moderno. Antes de 1997, el PRI nunca había tenido menos de la mitad del congreso; antes de esa, las elecciones eran organizadas por el gobierno del PRI.

Frente al viejo régimen, el financiamiento público se convirtió en la forma comenzar a equilibrar las elecciones. Desde entonces, 30% de las prerrogativas se asignaban de manera equitativa y el resto en función de los resultados, lo que, si bien favorecía a los grandes, planteaba el primer paso a que los 8 partidos de entonces tuvieran dinero para hacer campaña.

Ese 1997, los partidos recibieron, en conjunto, poco más de mil millones de pesos para sus actividades ordinarias y mil millones más para las campañas.

México ha cambiado mucho desde entonces, en 2000 vivimos la primera alternancia en la presidencia y en 2006 una elección tan cerrada que el derrotado sigue sin reconocer que perdió, aunque las leyes electorales se modificaron para satisfacer sus exigencias, entre ellas que todos los partidos políticos, además de las prerrogativas en dinero, tendrían acceso sin costo spots de radio y televisión.

En 2000, los partidos recibieron 1,500 millones para campaña y una cifra igual para su gasto ordinario; en 2006, la cifra aumentó a dos mil millones para cada rubro, lo que significa el doble de recursos públicos en comparación con la primera elección democrática de 9 años atrás.

Tras la reforma electoral de 2007, durante las campañas, los partidos tienen 41 minutos en cada estación de radio y cada canal de televisión.

En esa reforma también se estableció la prohibición de comprar tiempo en los medios para promover partidos o candidatos y, sin embargo, el presupuesto de los partidos no se redujo; al contrario, sigue en aumento y está determinado por la Constitución con base en el número de empadronados e indizado a la inflación, lo que garantiza que seguirá creciendo.

Ya que el presupuesto se conoce por ley, podemos saber que, sumando lo que tendrán a su disposición el año próximo, los partidos políticos habrán recibido más de 66 mil millones de pesos en 21 años de democracia.

Eso, lamentablemente, no es todo. Si añadimos a esa cifra los más de 130 mil millones que los mexicanos hemos gastado en la autoridad electoral (IFE-INE), resultará que nuestra democracia ha tenido un costo de 197 mil millones de pesos.

La clase política señala el dispendio de sus opositores, el endeudamiento de los otros, la incapacidad para resolver problemas y atender necesidades y, sin embargo, nadie levanta la mano para aceptar que ella nos es cara, demasiado cara.

Desde el congreso los partidos demandan el fin de gastos de lujo, pero ninguno alza la mano para decir basta. Ninguno reconoce que casi 200 mil millones de pesos han sido gastados por ellos para buscar el poder sin rendir cuentas a nadie. Así es el dispendio democrático del país.

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