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Redacción ejecentral

La sociedad civil coahuilense cuestiona y reclama a los magistrados y consejeros electorales federales los criterios laxos y poco exhaustivos de evaluación sobre los gastos de propaganda en Facebook de la campaña de Miguel Riquelme y la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

En una carta abierta, dirigida a los magistrados del TEPJF y a los consejeros del INE, organizaciones integrantes de la Red Lagunera Contra la Impunidad y la Corrupción y de la Alianza Anticorrupción Coahuila, manifestaron su preocupación y rechazo con argumentos jurídicos de forma y fondo sobre los criterios empleados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia emitida el pasado 5 de octubre que derivaron en que el Instituto Nacional Electoral (INE) redujera el monto total de gastos de campaña de Riquelme Solís de 21.26 millones de pesos a 19.55 millones de pesos, lo que redujo el monto de rebase de topes de gasto campaña de 2.02 millones a 310 mil pesos, solo 1.6 % por arriba del tope permitido.

Con ello, detallan, el porcentaje de rebase de los topes de campaña que en su dictamen estableció en inicio la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pasó del 10.51% a 1.61%, y la posibilidad de que se anulara la elección por la gubernatura de Coahuila quedó eliminada.

Lamentamos que los magistrados no hayan interpretado, y en consecuencia, aplicado los principios de máxima publicidad de la información así como el principio de exhaustividad, de certeza y objetividad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6º y 41º respectivamente, ya que al no hacerlo, prácticamente avalaron de forma indirecta una reserva de información”, detalla el documento entregado en la oficialía de partes del Consejo del INE y del Tribunal federal electoral.

Las organizaciones firmantes, si bien reconocieron que la Unidad Técnica de Fiscalización y algunos miembros del Consejo General del INE han realizado un trabajo inédito en la detección de gastos en rubros de campañas políticas que anteriormente permanecían en la opacidad, también señalaron su aflicción como sociedad al ver que no existe al interior del Consejo del INE un debate de fondo y por las deficiencias técnicas al recabar pruebas que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización.

Deficiencias que no debieron haber sido determinantes y que pudieron haberse corregido, pero que sin embargo le sirvieron a la Sala Superior del TEPJF para fundamentar su decisión de revocar el dictamen original que esta Unidad le había presentado”, señalan.

En el documento agregan que de acuerdo con los magistrados la petición de información de la Unidad del INE a Facebook tuvo imprecisiones en las fechas requeridas debido a que el lapso de tiempo cuestionado fue mayor al del periodo de la campaña electoral.

Preocupa el doble rasero empleado por la Sala Superior del TEPJF. Mientras que el caso del candidato de la Coalición Por un Coahuila Seguro empleó criterios laxos y poco exhaustivos, en lo concerniente al INE, actuó con tal rigor que no solamente le revocó su dictamen original, sino que incluso, y a juzgar por la redacción de su sentencia, le cerraron la posibilidad de investigar más a fondo los gastos en Facebook del candidato en cuestión, corregir las fechas y complementar su investigación con pruebas como las copias de los contratos y las formas de pago empleadas”, añaden.

Ante dichos hechos, las organizaciones firmantes Asociación de Colonos Vecinos en Acción de la Ampliación Los Ángeles; Ciudadanos Construyendo un Mejor Gobierno; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos; Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna; Consejo Cívico de las Instituciones Laguna; Desarrollo de la Laguna; Encuentro Ciudadano Lagunero Información y Participación Ciudadana; Laguneros Unidos de Corazón; México Sin Corrupción; Movimiento Magisterial de Coahuila; Movimiento Plaza Mayor; Observatorio Educativo de la Laguna; Participación Ciudadana 29 Laguna; Por Amor a Mi Patria Red Lagunera Contra la Impunidad y la Corrupción; Renacer Lagunero; Sí Contamos y Sindicato Único Democrático de los Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Torreón piden audiencia a los magistrados del Tribunal así como los consejeros del INE para que les aclaren sus interrogantes entre ellas

  • ¿Por qué decidieron no solicitarle al INE que emprendiera una investigación más rigurosa y exhaustiva sobre los montos erogados por la campaña de Riquelme para la contratación de propaganda en Facebook?
  • ¿Por qué omitieron un gasto de casi un millón de pesos cuando este ya se había comprobado, cuando el propio Facebook había informado del gasto y sólo faltaba precisar las fechas?
  • ¿Por qué las fechas presentadas en el dictamen original de la Unidad Técnica de Fiscalización no correspondían con las fechas de las campañas electorales y por qué no se realizó una nueva petición para detallar los montos específicos?
  • ¿Por qué, ante un tema tan relevante, muy pocos consejeros debatieron el tema sin defender el caso que ellos mismos habían promovido?

Además se pronunciaron por que se revise la decisión de desechar los casos acreditados de entrega de monederos electrónicos, también conocidas como “tarjetas promesa”, en las elecciones de Coahuila.

«Consideramos que toda delegación de responsabilidades por parte del pueblo mandante a los mandatarios… conlleva la obligación de que estos transparenten e informen sobre su gestión y el que rindan cuentas por sus decisiones y sus actos», añade el documento.

Por ello, llamaron a las autoridades electorales y Agregaron a estar a la altura de esa responsabilidad, a honrarla y a hacer todo lo que esté en su poder por salvaguardar las leyes de este país y a su democracia.

Se prevé que está semana el documento sea entregado a la oficialía de partes del Consejo General del INE y del TEPJF. EC

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