Entre 30 y 35 elementos de la Policía Ministerial Militar y de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal hoy asignados a la Guardia Nacional están bajo investigación por sus actos irresponsables y de probable complicidad en el operativo con el que ayer fallidamente se intentó capturar a Ovidio Guzmán López, heredero del otrora líder del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán.
Así lo dio conocer este viernes en conferencia de prensa el gabinete de seguridad del gobierno federal, al asegurar que los hechos violentos registrados ayer en la ciudad de Culiacán, Sinaloa se derivaron de la acción directa para cumplimentar una orden de detención del presunto capo a fin de extraditarlo a Estados Unidos, donde su padre fue condenado a cadena perpetua en febrero de este año.
Los elementos que participaron en la operación, sostuvo Luis Crescencio Sandoval González general secretario de la Defensa Nacional, actuaron de manera precipitada, con deficiente planeación, carentes previsión sobre las consecuencias de su intervención, sin contar con una orden de cateo que, pero el mayor error recayó en que no dieron aviso ni solicitaron el consenso de sus mandos superiores para llevar a cabo e operativo.
“…Si de esa investigación resulta que hay necesidad de turnar a las autoridades correspondientes para que se incremente el nivel de la investigación o se llegue a proceso, se tendrá que hacer, pero lo vamos a investigar”, aseguró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sobre esa indagatoria, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño aseguró que las pesquisas abarcarían la revisión de los protocolos de actuación, así como de los planes operativos de la dimensión de una operación como la que ayer se pretendía cumplir con la detención de Ovidio Guzmán; “y vamos también a investigar eventuales inconsistencias, eventuales, de que pudieran implicar alguna responsabilidad entre los participantes de este operativo fallido”, advirtió.
En un intento por matizar los yerros cometidos por el equipo especial los cuales terminaron por vulnerar la seguridad en prácticamente todo el municipio sinaloense, el general secretario Luis Crescencio Sandoval reveló que en lo que va de la actual administración ese grupo de militares y federales ha logrado la detención de 14 blancos relevantes de la delincuencia, así como el aseguramiento de otros 26 criminales de diferentes niveles, junto con el decomiso de armamento, recursos e inmuebles.
El operativo en Culiacán “tuvo un planeamiento, pero ellos dependían de la orden de cateo y en base al nuevo sistema, bueno, la orden de cateo lleva algún tiempo, y ese tiempo fue el que estando ya en la actividad operativa fue lo que generó que el personal de manera improvisada, sin medir las consecuencias, actuó para poder obtener un resultado positivo (la captura de Ovidio), no vislumbraron que se podía llegar a presentar este tipo de condición”.
Como parte de la narración de los hechos, los cuales se contraponen totalmente con la versión que ayer fue difundida por el mismo gabinete de que el personal de seguridad había sido agredido, el titular de la Sedena reconoció que los delincuentes se aventajaron de la demora en que se esperaba contar con la orden de cateo para abrir fuego contra los efectivos que ya estaban al interior del domicilio donde fue ubicado Ovidio, junto con otras tres personas. “Fue esta parte improvisada, esta parte precipitada que los hizo llegar a los errores que generaron todo lo que se presentó en la ciudad”, lamentó el general Sandoval González.
No hay estado fallido; se evitó una masacre
El hecho de que el gabinete de federal determinara no proseguir con la operación, deficiente y sin la debida planeación, con la que se buscó detener al hijo de El Chapo Guzmán, no implicó un Estado fallido o una mala estrategia de seguridad por parte del gobierno de López Obrador, sino es muestra de un sistema fallido en el que la burocracia y al corrupción contribuyó a que de igual manera el operativo de ayer resultara malogrado.
Así lo dio a conocer el secretario de seguridad Alfonso Durazo al referir que de forma generalizada todo el aparato de administración, procuración de justicia ha sido históricamente deficiente y corrupto, y no podemos negarlo.
“Tenemos un serio problema en ese ámbito, pero no podemos traducir el burocratismo, la eventual irresponsabilidad, la eventual complicidad, no estoy señalando absolutamente nada de eso, pero están entre las hipótesis, traducirlo como un Estado fallido, como un sistema fallido o como un proceso. Lo que sí fue fallido es el operativo”, reconoció.
Escalada de violencia
En ese sentido, el secretario Durazo Montaño sostuvo que las estimaciones de las consecuencias que hubieran implicado el continuar con la operación contra quien es considerado uno de los líderes del cártel que lideraba El Chapo Guzmán habrían traído consigo una escalada de violencia al punto de llegar a una “masacre”; ese mismo término lo ocupó el general Crescencio Sandoval al justificar el por qué se decidió por parte del gabinete el dar marcha atrás al operativo.
“No buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social de nuestra patria. No vamos a regresar a los tiempos de las masacres generalizadas, aún y cuando las pidan desde insistencias dignas de mejores causas pasadas (…)
No nos interesa andar por la vida envueltos en un manto de sangre derramada. Vamos a ganar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ya ha sido por tantos años”
Fuga del penal
Como parte de las acciones de violencia que emprendió el grupo criminal en respuesta a la localización de Ovidio Guzmán, internos del Centro Penitenciario de Aguaruto se amotinaron, se apoderaron de cinco armas largas, dos cortas, asesinaron a un policía y aún hay 49 internos que se mantienen como evadidos.
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