Anteponiendo su “peso histórico”, el operativo en Culiacán con el que el pasado 17 de octubre se pretendió capturar a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, implicó para el gobierno federal un replanteamiento y revisión de los protocolos con los que actuaron los funcionarios involucrados en la operación donde finalmente se ordenó el retiro de las fuerzas de seguridad, reconoció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo Montaño.
En comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Senado de la República, el funcionario federal aseguró que sobre el llamado ‘Culiacanazo’ el gobierno informó con veracidad y transparencia; cuestionado sobre la divergencia de la primera versión oficial que se dio sobre los hechos ocurridos hace poco más de dos semanas, sostuvo que dicho informe se derivó de los datos que en ese momento estaban disponibles no obstante los hechos cambiantes se modificó la información ofrecida, “pero jamás hubo dolo”, aseveró.
“Reflexionando con responsabilidad y con honestidad, después de Culiacán estamos obligados a revisar y ajustar protocolos de actuación. Sin embargo, lo que está en el fondo de todo esto es el debate de dos visiones distintas: la de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga, y la de quienes pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos”, señaló Durazo Montaño.
Tras asegurar que el gobierno mexicano no ha renunciado a la colaboración de detenciones de objetivos de otros países, y en el caso del hijo de Joaquín Guzmán Loera tampoco está libre de la petición del gobierno de Estados Unidos que lo requiere, el secretario aseguró que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) “no intervino en el operativo; sin embargo, el detonador (del operativo) fue una orden de detención generada por un juez norteamericano y gestionada ante los conductos diplomáticos”.
Aunque el tema de los hechos violentos ocurridos el pasado jueves 17 de octubre en la capital sinaloense era parte del informe que el secretario Durazo debía rendir sobre la glosa del primer informe de gobierno, los cuestionamientos de los diferentes grupos parlamentarios se ocuparon en cuestionar la actuación del gobierno tanto en al momento del operativo como del manejo de la información que se desprendió de la operación en la que el titular de la SSPC señaló que “la detención formal de Ovidio Guzmán no se dio porque nunca se contó con la orden de aprehensión”.
Sobre los videos que el propio gobierno difundió el miércoles de la semana pasada junto con a la relatoría de hechos cronológica que hizo el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el secretario Alfonso Durazo sostuvo que el personal que participó en el operativo ingresó a “un terreno baldío que ya había sido asegurado por nuestros elementos”. En las imágenes que el gabinete presentó se muestra que se trata del espacio de estacionamiento de la casa en la que se encontraba y de la que después salió Guzmán López.
Se ordenó la retirada; no la liberación de Ovidio
Cuestionado de manera más crítica por las senadoras y senadores de las bancadas de Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) sobre las decisiones tomadas ese jueves en Culiacán, el funcionario contestó que el gobierno de López Obrador no ha buscado eludir su responsabilidad, pero ello no implicaba revirar la estrategia de seguridad planteada al inicio del actual gobierno.
“No vamos a embarcarnos en una lucha a muerte con el crimen organizado, nuestra apuesta no es al fuego con fuego sino a la inteligencia policial y financiera, ahí está la fortaleza económica (de los cárteles…Estábamos centrados en los niveles de tensión social; nadie decidió liberar a Ovidio, nunca contamos con la orden de aprehensión, aquello se volvió inmanejable, ordenamos el retiro del personal”, aseguró Durazo Montaño.
Como parte de las respuestas que dio el secretario de Estado, reiteró que el repliegue de efectivos militares, navales y de seguridad pública se consensuó y se ordenó entre los integrantes del gabinete de seguridad; replicó que fue una decisión en la que “no se negoció absolutamente con nadie, porque no tenemos la necesidad de hacerlo, porque se cuenta con la capacidad de atacar al crimen organizado y desorganizado”.
Como consecuencia de los errores cometidos, puntualizó Durazo, es que hay dos investigaciones abiertas y en curso, una de carácter militar y la otra a cargo de la Fiscalía General de la República, en la que se indaga sobre aquellos protocolos que no se llevaron a cabo como debían, con el fin de saber “qué sucedió y superar todas las deficiencias para informar a la opinión pública”.
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