Con clara oposición panista en la Cámara de Diputados arrancó la discusión sobre la reforma al artículo 35 constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato.
La reforma pretende que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, someta a consulta su permanencia al frente del Poder Ejecutivo, para lo cual, se prevé que se realice en paralelo a la llamada elección intermedia, en la que renueva la totalidad de la Cámara Baja a celebrarse en el 2021.
De acuerdo con el dictamen, para que se desarrolle una consulta popular, deberá ser convocada, con tema específico y respaldada por la firma de por menos el 1% de la lista nominal vigente, que al momento es de alrededor 900 mil personas.
Para que la consulta tenga carácter vinculatorio, el dictamen determina que debe sufragarse al menos 34% del listado nominal; en caso de que el resultado sea validado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y sea adverso, esto es, que la ciudadanía pida la restitución del presidente, éste podrá impugnar el resultado ante el tribunal en la materia.
Y en caso de que el organismo jurisdiccional electoral ratifique la validez de la consulta, el primer mandatario en turno, en esta ocasión (en caso de aprobarse la iniciativa) López Obrador, tendrá 560 días (un año y cinco meses aproximadamente) para entregar el mandato.
La fracción blanquiazul rechazó en tribuna las iniciativas presentadas y avaladas desde diciembre pasado en la comisión de Puntos Constitucionales, argumentando que la reforma permitiría abriría la puerta al Ejecutivo Federal para reelegirse, pues dijeron que “poner nuevamente en campaña al presidente y con ello apoyar a todos los candidatos de su partido en las elecciones intermedias, algo que ni el PRI hizo”.
Por lo que, proponen que se realice en el cuarto año de gobierno siempre que sea a solicitud de la sociedad y no del gobierno en turno. MM