Cuauhtémoc niega documentos a víctimas de Álvaro Obregón 286

franciscopazos@ejecentral.com.mx/
jonathanjnd@ejecentral.com.mx La delegación Cuauhtémoc “no encuentra” los documentos que, por ley, está obligada a mantener en sus archivos sobre el edificio de Álvaro Obregón 286, colapsado en el terremoto del 19 de septiembre pasado. Esos expedientes demostrarían que el inmueble no era apto para ser rentado por sus dueños, ante las fallas estructurales que presentaba. Sin embargo, lo que sí se ha agilizado desde el gobierno de la Ciudad de México es el proceso de expropiación de la construcción que, al sumar la póliza del seguro y el pago por el terreno, significaría una “indemnización” superior a 50 millones de pesos para los propietarios de la edificación en la que murieron 49 personas, denunció el abogado de una de las víctimas, Cristopher Estupiñan Martínez. El extinto edificio ubicado en la colonia Roma Norte fue diseñado y edificado bajo las normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de 1957, toda vez que el inmueble data de la década de los 70. Los propietarios y responsables del proyecto tuvieron que firmar los planos del inmueble y presentarlos a la Dirección de Obra Pública; este procedimiento estaba contemplado desde el Reglamento de Construcciones de 1920, el primero en su tipo, por lo que, ya sea la delegación o el gobierno capitalino, deben contar con testigos de esta documentación.

›La demarcación
 también debe contar con el programa de Protección Civil, que año con año debe renovarse y que contiene los planos del edificio, descripción
 de las características de la 
estructura, vías de emergencia y zonas de seguridad.

Pero no ha ocurrido. Por lo menos así lo han argumentado las propias autoridades delegacionales y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ante las distintas solicitudes de documentos que el Ministerio Público ha hecho, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia por homicidio doloso eventual en contra de Ernesto Sota Cisneros y Ernesto Sota López, propietarios y administradores del edificio, como parte de la empresa Inmobiliaria Álvaro Obregón S.A. de C.V. La denuncia de hechos fue ratificada ayer por Estupiñan Martínez, abogado de Ernesto que perdió a su esposa Martha Patricia Parra Solís, quien murió al encontrarse en el tercer piso del edificio al momento del temblor, justo en su segundo día de trabajo.

Las autoridades de la delegación, así como la Seduvi han sido omisas en proporcionar al Ministerio Público los documentos que se requieren, como planos, expedientes, memorias de cálculo, pese a que en más de una ocasión se les ha pedido. Argumentan el pretexto del sismo, falta de operatividad, que se encuentran imposibilitados. A dos meses no veo que continúen cerradas las oficinas, y con el pretexto de que no están en sus archivos. Nos enfrentamos no sólo a la exigencia del esclarecimiento de los hechos, sino a la omisión de las autoridades que por obligación legal deben proporcionar la información”, señaló el litigante.

En entrevista con ejecentral, Estupiñan Martínez acusó la lentitud y omisión que ha mostrado la delegación y la Seduvi, que a diferencia de otras investigaciones en donde los responsables de inmuebles ya han sido consignados, en el caso de Álvaro Obregón 286, se está buscando “premiar” a los dueños, quienes habrían sido negligentes con la garantía de seguridad para sus arrendadores.

Con el proceso de expropiación básicamente le van limpiar los pecados a los propietarios. La contraprestación que otorga el gobierno como indemnización debe ser a valor comercial, fácilmente va a ser de 20 millones de pesos por la ubicación del terreno, etcétera, que ningún peso les toca a las víctimas, sino sólo a los dueños. Adicionado a una póliza de seguro con al que contaba la propietaria Inmobiliaria Álvaro Obregón S.A de C.V. Si en 2015 era de 36 millones de pesos, que fue actualizado a valor de inflación, calculamos que a la fecha el pago del seguro sería de entre 35 y 40 millones de pesos de las primas de seguro que estaban pagando los mismos arrendatarios.

“Entonces, primero el gobierno oculta la información para esclarecer los hechos respecto a los dueños y deslindar responsabilidades y, por el otro, los quiere premiar mediante el pago de contraprestaciones para que el a final del día, la inmobiliaria y los Sota se lleven un monto por arriba de 50 millones en indemnización”, acusó el abogado tras señalar que ningún de los dueños ha tenido acercamiento con las víctimas ni siquiera han regresado los depósitos a los arrendatarios. Hay dos factores de irregularidad en el caso de expropiación, explicó el defensor, uno es que no se ha publicitado el procedimiento de expropiación, no se ha hecho el decreto expropiatorio, por lo que nadie sabe quién está conociendo del asunto, ni cuál es el expediente. Y esta semana, la Consejería Jurídica asegura que ya se pusieron de acuerdo con los propietarios (del edificio), pero no se ha citado a ningún interesado, a ninguna de las víctimas sobre la expropiación, y sobre la repartición de la indemnización. De acuerdo con la declaración del propio Ernesto Sota López ante el Ministerio Público, al reconocerse como administrador del edificio, la justificación del proceso de expropiación deviene por el supuesto adeudo en el impuesto predial, cuyo único registro en ese sentido es de 2007, cuando el inmueble fue embargado por una cantidad de 26 mil 800 pesos, por lo que a decir del abogado “este adeudo es irrisorio, pretendiendo justificar la indemnización de más de 20 millones de pesos”. En el caso del pago del seguro, según refirió Cristopher Estupiñan, con base en la declaración del propio Sota López, es que ya se encuentra en proceso de cobro.

Desastre. En el inmueble ubicado en la Roma Norte murieron 49 personas tras el sismo. FOTO: Especial

LOS DUEÑOS DEL INMUEBLE ASEGURAN QUE EL EDIFICIO NO SUFRIÓ MODIFICACIONES, SOLAMENTE ADECUACIONES INTERNAS.

Veinte años de negligencia

Según el Reporte del Padrón Fiscal y Datos Complementarios de Álvaro Obregón 286, cuya copia del documento tiene este semanario, se detalla que el edificio contaba con un uso de suelo para oficinas privadas de cualquier tipo en una superficie de construcción total de cuatro mil 178 metros cuadrados repartidos en seis niveles. Mientras que, en otro documento elaborado durante la administración actual de la delegación Cuauhtémoc, se advertía que este inmueble, con cuenta catastral 207-141-18, había sido catalogado como de alto riesgo estructural, junto con otros 22 edificios ubicados en la colonia Roma Norte. La advertencia se hizo hace 20 años cuando el 14 de abril de 1997, con los Sota como dueños del inmueble, la Seduvi emitió un oficio en el que recomendó que no se rentara el edificio, toda vez que se consideraba que en caso de movimiento telúrico el inmueble marcado con el 286 chocaría con el 284 ante la cercanía de sus estructuras. Sin embargo, no sólo dueños y autoridades fueron omisas del aviso, sino que los propietarios hicieron adecuaciones en busca de más espacios de renta, tal y como ejecentral lo dio a conocer en su reportaje “Álvaro Obregón 286, el misterio del sismo”, en su edición impresa del 19 de octubre. A propósito de dicha publicación, desde entonces este semanario buscó contactar a los dueños del edificio y a las autoridades delegacionales, sin conseguir respuesta hasta ahora. Los dueños del inmueble aseguran que el edificio no sufrió modificaciones, solamente adecuaciones internas. Lo cierto es que existen pruebas de que, por ejemplo, el elevador sólo llegaba al quinto piso, pero en 1992 se adecuó para subir al sexto. “Es un hecho que contradice con el que los dueños argumentaran que en todos años sólo se habrían hecho simples adecuaciones”.

›La pena por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual de la que se acusa a los dueños de Álvaro Obregón 286 va de ocho a 20 años de prisión.

Además, las columnas en cada piso no eran uniformes y no existía un soporte desde la base de la construcción. Las columnas fueron instaladas como “falso relleno”, y no se contaban con los muros de carga necesarios para soportar el peso a partir del tercero de los seis niveles que conformaban la estructura, es parte de lo que obra en la carpeta de investigación, como evidencia de la desidia de los dueños en busca de mayores ingresos de la renta de espacios, detalló el abogado. “Estamos convencidos de que existió negligencia de ellos como socios y administradores de la empresa dueña del inmueble y administradores del edificio en consecuencia tenían la obligación de que el edifico estuviera en las condiciones óptimas para ser habitable, no sólo conforme al normativa aplicable, sino conforme a las mejores prácticas y técnicas arquitectónicas y estructurales (…) Hay un desinterés claro y notorio de estas personas (Ernesto Sota Cisneros y su hijo, Ernesto Sota López), porque la parecer sólo tenían conocimiento de sus rentas y cuánto se depositaba en sus cuentas”, aseveró Cristopher Estupiñan. A partir de ahora, el despacho de abogados se constituirá como coadyuvante del Ministerio Público capitalino, para integrar la carpeta de investigación, aportando pruebas y solicitando se desahoguen diligencias. Lo que le interesa a su cliente, sostuvo el abogado, es que se haga justicia, que no vuelva a ocurrir una negligencia de este nivel y una reparación integral.