El Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos desechó la demanda por fraude interpuesta contra la financiera estadunidense Citigroup debido a que la mayor parte de los supuestos “actos fraudulentos”, así como las personas y empresas involucradas y “clave en el esquema fraudulento” están ubicadas o participan en negocios en México. Entre esas compañías se ubica Oceanografía, actualmente en quiebra, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Citibanamex, filial mexicana de Citigroup.
De acuerdo a la resolución del juez Darrin P. Gayles emitida el pasado 30 de enero, con cuya copia cuenta ejecentral, la demanda civil presentada en febrero de 2016 por al menos 39 compañías vendedoras, acreedores y tenedores de bonos al servicio de la naviera mexicana Oceanografía acusando de malos manejos y complicidad de fraude en facturas a Citigroup, a través de su filial Banamex, por daños patrimoniales que ascendían a los mil 100 millones de dólares.
El documento detalla que de acuerdo con la queja, Citigroup, a través Citibanamex, estableció una línea de crédito para Oceanografía y le proporcionó cientos de millones de dólares en efectivo, los cuales supuestamente se habrían utilizado como anticipos para financiar sus proyectos en curso con la empresa productiva del Estado. “Debido a que el reembolso fue garantizado por Pemex, es decir, el gobierno mexicano, los demandantes alegaron que Citigroup, a través o en conjunto con Citibanamex, aumentó repetidamente el límite de dinero adelantado de efectivo para ganar millones en ganancias sin riesgo”.
En la demanda, los querellantes argumentan violaciones a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas de Estados Unidos, también conocida como Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, por su nombre en inglés), toda vez que, según los quejosos, Citigroup y Oceanografía colaboraron y fomentaron, en conspiración, un patrón de fraude continuo que permitió a la empresa recibir cientos de millones de dólares mediante “operaciones de factoraje” garantizadas con contratos con Pemex. “La facilidad de acceso a la evidencia” para llevar a cabo el litigio en territorio mexicano, la observación de que todos los demandantes actualmente están persiguiendo varias demandas por quiebra e incumplimiento de contrato en México, así como la “aceptación voluntaria” de Citigroup, y el resto de los principales actores involucrados, implicaría que “las partes no necesitarán recurrir a los costosos y el largos procesos de obtención de documentos y testimonios a través de comisiones rogatorias y de la Convención de La Haya como se requeriría si el caso fuera litigado en los Estados Unidos”, consideró el tribunal. Tomando en consideración dichas condiciones, entre otras, es que el juez federal de Miami, determinó que la demanda debía ser tramitada, para lo cual los reclamantes contarían con un año para presentar su queja ante los tribunales mexicanos.
El acusado deberá dar su consentimiento a la jurisdicción de los tribunales mexicanos; el demandado deberá renunciar a todas las defensas de estatuto de limitaciones aplicables atribuible a la demora entre la presentación de esta acción y cualquier acción iniciada por los demandantes en México dentro de un año de esta orden; el demandado dará su consentimiento para la ejecución de cualquier sentencia final mexicana contra ella en cuanto a sus activos en México o los Estados Unidos; y razonablemente pondrá a disposición todos los documentos relevantes y testigos bajo su control”, indica la conclusión del documento.
El pasado 2 de febrero el Noveno Tribunal Colegiado Civil en la Ciudad de México negó a Citibanamex el amparo con el que pretendía ser reconocido como acreedor de la naviera Oceanografía, para así tener derecho a cobrarle a esta un monto de 6 mil 745 millones de pesos en el concurso mercantil. Al no encontrar pruebas suficientes del adeudo, el fallo del tribunal federal determinó que el Banco Nacional de México no estaba facultado para cobrarle el 98.6% de la supuesta deuda que reclama la empresa donde Amado Yáñez Osuna, ex socio mayoritario de la naviera quien en abril del año pasado pagó una fianza de 7.5 millones de pesos para salir del prisión y continuar su proceso penal en libertad, es acusado de fraude por más de 500 millones de dólares.