La ministra de Sanidad española Ana Mato dimitió después de verse salpicada, a través de su exesposo, en un escándalo de corrupción que afecta al gobernante Partido Popular. Asegura no tener conocimiento de los delitos que pudo cometer su exmarido pero precisó en un comunicado que no quiere perjudicar al gobierno ni al presidente Mariano Rajoy con su permanencia en el cargo.
La dimisión se produjo horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cerrara la instrucción de la primera parte del llamado caso “Gürtel” sobre la financiación irregular de los populares entre 1999 y 2005. Ruz imputó a 43 personas por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Entre los acusados hay tres extesoreros del Partido Popular, cargos regionales y locales y empresarios.
Mato no está procesada penalmente, pero el juez propuso que se siente en el banquillo como “partícipe a título lucrativo” de los beneficios que obtuvo su exmarido de la trama. La responsabilidad, de ser condenada, será civil. La ministra hace frente a la devolución de más de 50.000 euros (62.450 dólares) ilícitos que según Ruz disfrutó la familia en concepto de servicios turísticos y otros gastos entre 2000 y 2004. No era ministra entonces.
El magistrado dio un plazo de 30 días a la fiscalía y las partes para pedir la apertura de juicio oral o sobreseer el caso. Según Ruz, el grupo sobornaba a funcionarios y autoridades que favorecían sus negocios. La red ideó una estructura societaria en el extranjero para transformar en fondos legales el patrimonio que amasaba en comisiones ilegales. Parte de esa trama societaria estuvo radicada en Argentina, Uruguay y Panamá, entre otros países. El caso “Gürtel” todavía no ha escrito su última página. La justicia investiga los papeles del extesorero popular Luis Bárcenas, también imputado en esta primera fase. Los documentos recogen supuestamente el pago de sobresueldos bajo la mesa a dirigentes del partido, incluido el actual presidente Rajoy. Rajoy siempre ha negado el cobro de este dinero y ha dicho que la contabilidad popular está auditada y cumple con la legalidad.