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La defensa legal del exgobernador Javier Duarte de Ochoa definirá este fin de semana si su cliente se allana también a la extradición a México por los delitos federales, tal y como lo hizo esta semana por las acusaciones del fuero común. La decisión dependerá de la contundencia en las pruebas aportadas por la defensa. Fuentes cercanas al exmandatario comentaron que existe oportunidad de una defensa sólida y no tan tardada.
De esta forma, la estrategia legal se basa en acelerar su traslado desde Guatemala a México para impedir más acusaciones en contra del exgobernador veracruzano, mantenerlo en una prisión federal en México, donde se pueda defender y pasar el menor tiempo posible, tras vencer los cargos en su contra.
›El próximo martes 4 de julio se celebrará la audiencia en la que Duarte de Ochoa escuchará la formalización de los cargos en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, y entonces expresará si se allana o no a la extradición.
De aceptar el procedimiento de reclamo hacia México, el expriista podría arribar a territorio nacional durante la primera semana de julio. De lo contrario, el proceso de extradición internacional por el ámbito federal seguirá su curso y se resolverá de seis a 12 meses, lapso en el que el exmandatario veracruzano continuará en una prisión de Guatemala, condición en la que se encuentra desde el pasado 15 de abril cuando fue detenido. No obstante que, en la audiencia del martes 27 de junio, Duarte de Ochoa aceptó allanarse a la solicitud de extradición derivada de las dos órdenes de aprehensión libradas por el juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. “Si él (Duarte) se opusiera a la extradición internacional por el ámbito federal entonces quedaría detenida toda la extradición. Si se allana a la orden de extradición vamos a tener a Javier Duarte entre el 6 o 7 de julio aproximadamente. Se trata de un sólo procedimiento de extradición, pero está conformado por dos tipos de procesos”, sostuvo Gabriel Regino García, abogado penalista.
Aunque en la audiencia informativa, Javier Duarte calificó de “irrisorias, infundadas, ligeras, vagas e imprecisas” las acusaciones que el actual gobierno de Veracruz señala en su contra, y pese al tratarse de delitos del fuero común no amerita prisión preventiva oficiosa. Es labor de la propia fiscalía estatal el buscar que el juez de control conceda la prisión preventiva “justificada” en contra de Duarte de Ochoa.
Si la Fiscalía de Veracruz argumenta correctamente ante el juez de control que Javier Duarte sabía que tenía investigaciones en su contra, y que, en vez de enfrentarlas y comparecer ante el Ministerio Público, se dio a la fuga a otros estados y posteriormente a otro país, esos son argumentos muy válidos para que el juez dé por acreditado el riesgo de fuga y le decrete prisión preventiva justificada”, explicó Regino García.