Las negociaciones en el Senado de la República para aprobar la creación de la Guardia Nacional no sólo van en el sentido de insertar en la Constitución los aspectos que el bloque opositor —integrado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)— considera irreductibles, el mando civil operativo y administrativo, sino que involucra un espectro que incluye acuerdos para acomodar en puestos en la administración pública, obras y el redireccionamiento de partidas presupuestales a estados y municipios. En el proceso legislativo se aprobó con ligeros cambios en comisiones la minuta enviada por la Cámara Baja que restituyó el artículo cuarto transitorio, el mismo que provocó el enojo del presidente López Obrador, y que hacía referencia a la integración de la Ley de Seguridad Interior, rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este artículo transitorio señala que “de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública”, lo que representa uno de los aspectos irreductibles que propone eliminar el bloque opositor y que la fracción de Morena busca conservar. Lo anterior, explica el senador independiente Emilio Álvarez Icaza en entrevista con ejecentral, representa un obstáculo para los senadores de Morena, pues “el Presidente no tenía esta propuesta. Ahora lanza una propuesta que ni (el expresidente) Calderón se atrevió”, subrayó. En otro frente de negociaciones, el Ejecutivo Federal invitó a gobernadores del PRI y del PAN para platicar acerca de las bondades de la Guardia Nacional; los tricolores salieron convencidos y respaldan “sea como sea” con mando civil o militar la formación del nuevo cuerpo de seguridad, en particular, Alfredo del Mazo, gobernador del estado de México, quien ya ha probado las mieles de tener en varios de sus municipios la presencia castrense en labores de seguridad pública.
›En tanto, los mandatarios emanados de las filas del blanquiazul no acudieron a la reunión con la titular de Gobernación, dejando las negociaciones directamente con la dirigencia nacional panista y sus senadores.
Pero el PAN es más reacio a ceder, para ellos, el mando debe ser operativa y administrativamente civil; en ese sentido, fuentes cercanas a esta fuerza política señalaron que también será en lo estratégico y operativo. El proceso de flexibilidad morenista, abarca, incluso, la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, asimismo se estableció que soldados y marinos que se incorporen a la Guardia Nacional tendrán que separarse del Ejército y la fuerza Naval, sin perder derechos ni prestaciones, aunque podrán regresar a las Fuerzas Armadas cuando las circunstancias lo permitan. Entre otros puntos, dispuestos se encuentra la desaparición de la Policía Federal, por lo que sus integrantes pasarán automáticamente al nuevo cuerpo de seguridad, gozando de sus derechos y prestaciones adquiridas. “Este es el momento en que se desatan todas las presiones”, refiere el senador independiente Álvarez Icaza, de ahí que se actúa en diversas capas, desde la invitación del Ejecutivo Federal a gobernadores, quienes aprueban la creación de la nueva figura, como los emanados del PRI hasta las promesas de flexibilidad de Morena para incluir las propuestas de modificación de las bancadas opositoras.
Está abierto todo el espectro de negociaciones incluidas las morales y las inmorales, las inmorales que son el ofrecimiento de cargos, o de candidaturas o de presupuesto, como se hizo en la Cámara de Diputados”, aseguró el legislador Álvarez Icaza.
El legislador explicó que la administración federal “busca qué botones presionar para que la gente cambie de posición; el gobierno tiene una chequera abierta, tiene una búsqueda intensiva de apoyos”.