Lastimado por las críticas realizadas a su intervención durante el sexenio de Felipe Calderón, el Ejército Mexicano realizó una serie de encuentros, foros, acercamientos, más o menos selectivos y privados, para plantear que su intervención en la lucha contra el crimen, mayormente, se sujetó a la ley y a las facultades y competencias de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esas reuniones, amparadas bajo la forma de un diplomado, cursillo, una conferencia o cena privada, ocurrieron principalmente en el primer año de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y están alineados con la misión y los valores del principal cuerpo de las fuerzas armadas del país.
La Sedena Insistió decenas de veces que no se había lastimado, sistemática y dolosamente al menos, el compromiso por los Derechos Humanos que son prioridad institucional y mandato constitucional.
Su interlocutor deseado y abrazado, en palabras de los generales que se reunieron con académicos, directivos de medios, servidores públicos y periodistas, era “la sociedad civil”.
De esos esfuerzos de recomposición de una imagen que percibían deteriorada, un fenómeno no registrado en las encuestas generales, conoció y aprobó el Presidente de la República.
El ejército se debe a su población de la misma manera que su lealtad está institucionalmente comprometida con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Aun cuando la preocupación del ejército ha sido en estos años, los finales de la gestión de Calderón y desde 2013 a la fecha, reveladores de una sensibilidad frente a algunos liderazgos de opinión formadores del clima de discusión de lo público, no necesariamente se corresponde con la percepción nacional que puede revisarse en las encuestas al respecto: el ejército cuenta con una legitimidad y aprobación popular muy superior al de algunos segmentos de la actividad política y frente a otras instituciones con “estado de fuerza” en el gobierno federal o las jefaturas de los gobiernos estatales, por ejemplo, respecto de los policías.
Incluso la recientemente creada Gendarmería Nacional, la más reciente división de la Policía Federal entregada el año pasado, debe logros a la opinión pública al mismo tiempo que ya ha entregado vidas a la lucha contra el crimen.
El mantenimiento de la eficiencia y credibilidad del ejército, así como su compromiso en la primera línea de combate contra el crimen organizado, está ahora lastimada por el desafío mortal recibido en Jalisco.
Para ese cuerpo militar las señales que reciben de las policías municipales y de algunos gobiernos son confusas y preocupantes.
No existe antecedente de una agresión concertada semejante proveniente del crimen organizado aun cuando una cercana, generada por el EPR en 1997, un año después de su aparición, activó la alarma en los cuerpos de inteligencia y seguridad para no hablar de la vertiente de periodismo investigativo e incluso policial de la época.
Lo más relevante es que son los gobernadores diferentes de partidos del PRI, como Graco Ramírez en Morelos, quienes se atreven a respaldar la coordinación con las fuerzas armadas, promover el Mando Único y respaldar el decálogo por la seguridad y la justicia que impulsó Peña Nieto en noviembre de 2014.
En los demás hay silencio. En algunos, aseguran voces diversas, puede haber incluso complicidad.
Otra oportunidad para el presidente Peña Nieto y para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.