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Juan Carlos Rodríguez

Los gobernadores quieren tener auditores a modo, convirtiéndolos en sus empleados sin autonomía, con lo que se desvanece este antídoto contra la corrupción. Es quizá frente a este panorama que el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, ve con buenos ojos el plan del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de acabar con la estructura de delegados federales y crear la figura del coordinador único, personaje que, entre otras funciones, centralizaría el manejo de los recursos que la Federación destina a los gobiernos locales.

La opinión de Colmenares Páramo es digna de tomarse en cuenta, ya que es especialista en fiscalización del gasto federalizado, conoce las fragilidades contables de los gobiernos estatales —él mismo fue secretario de Finanzas de Oaxaca—, además de que durante el gobierno del presidente Vicente Fox fue el encargado de la coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda, en tiempos de Francisco Gil Díaz, donde manejó las transferencias a los estados y municipios, y monitoreaba la deuda de los gobiernos subnacionales.

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›“Yo no lo vería mal”, sostuvo Colmenares, quien lleva cuatro meses en el cargo y será el primer auditor superior en fiscalizar dos transiciones presidenciales, la de 2018 y la de 2024.

“Ese movimiento permitiría centralizar la fiscalización, lo que reduce el margen para la corrupción”, aseguró.

El exdirector de la Auditoría de Gasto Federalizado y exfuncionario del programa de Zonas Económicas Especiales (ZEE) dijo en entrevista con ejecentral que las críticas a la medida lopezobradorista (analistas consideran a los 32 coordinadores como “virreyes” que rivalizarán con las funciones de los gobernadores, además de que atentaría contra el federalismo) no deben olvidar que, en términos prácticos, los delegados de la Secretaría de Gobernación fungen como jefes del resto de los delegados y su trabajo es más político que de coordinación.

“Nosotros estaremos atentos para ver aterrizado el plan de los 32 coordinadores estatales, pues una modificación de ese tipo nos obliga a ajustar nuestro plan de auditorías. Yo creo que cada coordinador va a conservar una estructura y lo que va a desaparecer son las cabezas, que todos sabíamos que tenían un uso político de control en los estados.

“Si los coordinadores se van a encargar del gasto, entonces deberán asumir la responsabilidad de ser transparentes y eficientes; eso permitirá centralizar la fiscalización. Si además se trata de una reorganización para disminuir el tamaño de la burocracia federal en los estados, pues puede ser una medida afortunada. La idea puede ser buena, a veces tienes que dar ciertos pasos atrás”, detalló Colmenares.

El auditor relató que durante el gobierno de Vicente Fox, cuando estaba a cargo de asignar las participaciones a los estados, en la Secretaría de Hacienda, “yo lo que veía es que los delegados de gobierno eran como apéndices políticos de los gobernadores, que los utilizaban incluso para los procesos electorales. Una forma de evitar que los nuevos gobiernos tengan la tentación de utilizar a los delegados, pues es la creación de un responsable del ejercicio de los recursos”.

Vacuna contra los Duartes

David Colmenares asumió el cargo de auditor con la expectativa de blindar a la administración pública de fraudes que marcaron el sexenio que acaba, como los cometidos por los exgobernadores Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge de Quintana Roo. El tema no le es ajeno, pues se desempeñó como auditor especial de gasto federalizado entre 2012 y 2013, que coincidió con el inicio de los gobiernos estatales que hoy son emblemas de corrupción.

Una pieza clave para frenar el desvío de recursos, sostuvo, es el auditor estatal, que en teoría es una figura autónoma propuesta por los Congresos locales y que debe durar en el cargo hasta siete años. No obstante, añadió, en la práctica los auditores se han vuelto empleados de los gobernadores y es muy raro el que logra cumplir con el periodo para el que fue electo, ya que está sometido a presiones presupuestales, políticas y mediáticas que terminan minando su independencia.  

“Los gobernadores quieren tener a su auditor a modo, y eso pasa con todos los colores, en todos los partidos”, afirma el auditor Colmenares, quien informó que ya se reunió con sus pares de los estados, con quienes integra el Sistema Nacional de Fiscalización.

“Yo lo primero que les dije fue: ‘ya no va a haber subordinación; no les voy a permitir que vengan a tramitar asuntos del gobernador, ustedes supuestamente son autónomos. En última instancia ese papel le toca al contralor del estado, que ese es un empleado del gobernador’. Ese mismo día un auditor atrás de mí me dice: ‘oiga, el anterior gobernador me pide una cita con usted’”.

Colmenares dijo que para fortalecer la figura del auditor local se deben garantizar presupuestos multianuales, con el fin de evitar presiones financieras. También estimó que un escudo para evitar que los gobernadores corrompan o intimiden a los auditores locales es diseñar un mecanismo para que la ASF tenga mayor influencia tanto en los nombramientos como en el trabajo cotidiano de los órganos locales.

Otra barrera que impide la transparencia presupuestaria en los estados es la figura del contralor interno, que, en el papel, tiene la misión de detectar, denunciar y castigar malas prácticas administrativas. “Siempre nuestras observaciones pasan a los contralores, y los contralores al final nos dicen ya se reintegraron los recursos, que no hubo dolo, desfalco o desvío, y ahí termina el asunto. Yo no conozco un solo caso de un contralor que haya sancionado a un colega funcionario en el ejercicio de su función. Obvio son empleados del gobierno. Y el hombre fuerte en los estados no es el contralor, es el secretario de Finanzas. Hay casos en que el auditor y el contralor sí sancionan, pero siempre es a personal del gobierno anterior”.

Desafíos para la nueva etapa

El nuevo auditor explicó que en la ASF existen muchos áreas de oportunidad. Una de ellas es la poca efectividad de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la nula trascendencia de los Pliegos de Responsabilidad Administrativa Sancionadora (PRAS), que son las recomendaciones de la ASF para castigar a los servidores públicos que incurren en malas prácticas.

“Es evidente que hemos tenido pocos resultados. Alguna vez, la analista María Amparo Casar mencionó que somos la institución del 0.04% de efectividad en materia de las denuncias que se han presentado o el poco resultado de los miles de PRAS que se han hecho.

Hasta hace poco el auditor superior estaba solo en este empeño, se decía que la ASF no tenía dientes para sancionar; sí podemos presentar denuncias, pero no teníamos recursos para imponer sanciones, pero ya con la creación del Sistema Nacional Anticorrución (SNA), con la creación de la Sala Especializada en el Tribunal de Justicia Administrativa, con la mejor vinculación con la PGR esperamos que haya un avance más significativo”, expuso Colmenares.

Para 2019, primer año de gobierno de López Obrador, Colmenares tiene planeado realizar por primera vez auditorías “temáticas”, es decir que cada área de la ASF no estará auditando por su cuenta, sino que habrá casos en que un asunto será investigado por la Auditoría de Gasto Federalizado, la Auditoría de Desempeño, así como con la de Cumplimiento Financiero.

Otra novedad en esta etapa de la ASF será deshacer el vínculo que había entre auditor y dependencia auditada. “Un tema delicado es que antes los auditores hacían las revisiones y después ellos mismos se encargaban de la solventación; eso se podía prestar para cosas malas, pues daba margen para que las dependencias se arreglaran con el auditor y corrigieran sus expedientes. Eso ya no va a pasar. Ahora los auditores harán su investigación y será la nueva unidad de seguimiento la que se encargue de las aclaraciones y las solventaciones, lo que cierra una ventana de oportunidad para la corrupción”, señaló Colmenares.

Bajo esta lógica es que se analizarán los recursos invertidos en la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017, donde, sostuvo Colmenares, existe desorden y opacidad.

Hemos escuchado que parece que es un caos la reconstrucción, y te lo digo con conocimiento de causa, pues eso ocurre en mi estado, que es Oaxaca; bueno pues la meta es entrar por todos los frentes y vigilemos a todos los actores para poder resolver ese tema y tener sanciones que se conviertan en un incentivo positivo para el buen trabajo de quienes siguen trabajando el tema de la reconstrucción”.

Respecto a las auditorías forenses, las cuales se realizan cuando la ASF tiene indicios de operaciones fraudulentas orquestadas por redes de servidores públicos, Colmenares dijo que dicha metodología será aplicada en todas las áreas del organismo, con el objetivo de que las investigaciones tengan el grado de profundidad que tuvieron las auditorías que sacaron a la luz la llamada Estafa Maestra.

El último año de Peña

El auditor David Colmenares fue electo en marzo de 2018, cuando ya había sido aprobado el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2017. El primer PAAF en el que Colmenares participará de manera directa es el de 2018, último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. El énfasis estará en los siguientes temas:

Gasto en programas sociales en el año electoral.

Gasto en publicidad oficial apegado de los ajustes presupuestales.

Presupuesto e impacto de la nueva infraestructura ferroviaria.

Contrataciones de entidades públicas al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Desempeño de las autoridades en el proceso de reconstrucción derivado de los sismos de 2017.

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