La confrontación entre la Procuraduría General de la República y el grupo de expertos que trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es abierta y tiene un campo de batalla principal: el basurero de Cocula, donde la PGR dijo que habían incinerado a 43 normalistas de Ayotzinapa la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, y los peritos independientes afirman que eso es imposible. Habrá nuevos peritajes y nuevas discusiones. Pero los investigadores, mexicanos y extranjeros, deberían revisar el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, uno de los fundadores de las policías comunitarias en Guerrero y quien con mayor esmero buscaba fosas clandestinas en el estado, a principios de agosto. Jiménez Blanco, poco se sabe, se empeñó en descubrir la suerte de los 43 jóvenes desaparecidos. Los buscó en los hornos crematorios de la entidad y habló con muchas personas que, como lo dijeron los expertos, están todavía llenas de miedo.
“La de Miguel era una muerte anunciada”, dijo en su funeral Julia Alonso Carbajal, miembro de Ciencia Forense Ciudadana, un proyecto dirigido por familiares de personas desaparecidas. “Días antes que lo asesinaran, nos comentó de las amenazas de muerte que recibía de la FUSDEG y de los criminales que había detenido la policía ciudadana. Es el mundo al revés. Los criminales estaban ofendidos que Miguel Ángel anduviera caminando por la calle. Les parecía una ofensa”. La FUSEDEG es el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, que ha sido vinculado públicamente con el crimen organizado. Una semana antes del asesinato, Jiménez Blanco supo que iban por él. En un mensaje de texto escribió a una persona de mucha confianza:
“Hoy vi a varios jóvenes en una curva donde han asaltado y se quedaron viendo al taxi (que manejaba para mantener a su familia). De venida puse mucha atención y vi cosas raras. Ya que venía un taxi, el 1134 se me pegó demasiado con las luces muy altas cerca del lugar y quería rebasarme y no lo permití… Logré pasar unos topes que están antes del lugar que podían atacarme y alcancé a un carro que iba muy rápido y pasamos a un carro que estaba con varios hombres echando luz con una lámpara mero por el lugar que pensé que podrían atacarme. Y como iba muy pegado al otro carro ya no pudieron tratar de detenerme pues al otro carro lo dejé atrás en los topes y el otro estaba esperando más adelante. Puse atención a miradas sobre mí en la base de taxis y nunca vi ese Tsuru que se me pegó demasiado… Fue muy claro, la verdad. Me avisaron que me cuidara, que se estaban preparando contra mí”.
¿Qué sabía Jiménez Blanco? Durante meses había ido ganándose la confianza de pobladores en la zona donde se cometió el crimen contra los normalistas, y gradualmente le habían comenzado a contar lo que habían visto la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, y lo que se habían ido enterando posteriormente. Una de las cosas que le dijeron era que, como dijo el grupo de expertos independientes, los normalistas no habían sido incinerados en el basurero de Cocula, como decía la PGR. Cuando menos, porque nunca lo pudo precisar, “todos”, como dijo en su momento el ex procurador Jesús Murillo Karam, o “la mayoría”, como precisó este lunes el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
La información que tenía Jiménez Blanco era que un número de normalistas había sido enterrado en otro lugar que no era Cocula. Es decir, que no todos, al menos, habían sido incinerados, y que había cuerpos que podían recuperarse. En dónde estaban, nunca lo dijo. No se sabe si porque aún no conquistaba la confianza suficiente para que le indicaran el lugar, o porque consideraba que era demasiado peligroso para decírselo a cualquier persona, por más cercana que fuera. Jiménez Blanco fue una de las personas que a lo largo de estos meses habló con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los llevó a la zona donde la PGR dijo que los habían incinerado.
Se desconoce qué tanta influencia pudo tener la información que les aportó, para que fuera reflejada en el informe que dieron a conocer el domingo. Jiménez Blanco, en todo caso, era una bomba de tiempo para los autores intelectuales o materiales del crimen en Iguala, por la información que iba amasando. Cuando un corresponsal del periódico The Washington Post lo entrevistó en diciembre, fue muy contundente cuando le preguntaron las razones por las que tanta gente tenía miedo a hablar sobre los desaparecidos. “Todas las autoridades estaban participando, y eso es por lo que nadie puede salir a reportar esos crímenes”, dijo Jiménez Blanco. “Estamos hablando de cientos y cientos de desaparecidos”.
Jiménez Blanco tenía la certeza de poder encontrar en una fosa clandestina en Guerrero, a normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre. Su trabajo no era clandestino, y aliados y enemigos en Guerrero sabían de sus actividades y, quizás, de lo que su rompecabezas estaba revelando. Sí era una muerte anunciada, como dijo Carbajal en su funeral. Es un crimen que hasta ahora está sin resolverse y que, de aclararse, podría también alumbrar el camino a la solución definitiva sobre el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, o cuando menos, la paz para algunos de sus familiares.
r_rivapalacio@yahoo.com twitter: @rivapa