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Ryan Devereaux

Las posibilidades de que los niños separados de sus padres, arrestados por cruzar ilegalmente a Estados Unidos bajo la doctrina “tolerancia cero” del procurador general Jeff Sessions, puedan hallar el camino de vuelta a sus padres son totalmente inciertas, asegura un abogado que ha representado a niños en custodia de la ORR.

Dos fuentes que The Intercept entrevistó en torno al programa de separación de familias del gobierno de Estados Unidos, que hablaron manera anónima pues no están autorizados a dar declaraciones a la prensa, coinciden en la ausencia de un sistema efectivo para reunir a los padres con sus hijos.

En los casos en que un padre manifiesta su deseo de ser deportado junto con su hijo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, promete que coordinará la reunificación, afirmaron, pero la agencia ha no lo ha cumplido.

“Nos van a dar una oferta de reunificación que no sucederá”, dicen. En lugar de ello, los abogados se enteran que un padre ya fue deportado cuando el procedimiento de reunificación ya comenzó. “Simplemente no hay ningún compromiso para coordinar la expulsión o la reunificación antes de la deportación. No parece haber ningún plan”.

El funcionario de alto nivel de la DHS, que trabaja en asuntos de inmigración pero no está autorizado para declarar ante la prensa, dijo de manera anónima que está de acuerdo con esta postura. “Todo está en el aire”, dice a The Intercept. “No hay manera en que esto pueda terminar bien. Siento que ahora que ya cruzamos este abismo no hay un límite en qué tan lejos Trump y su gente querrán ir”.

Ante esta falta de claridad, los abogados de los acusados involucrados en las causas judiciales que provocaron las separaciones de familias han recurrido a magistrados federales para su auxilio y, en algunos casos, los jueces están actuando.

En Tucson, desde que inició la Operación Streamline, cada día más de 70 migrantes bajo acusación criminal comparecen en audiencias grupales por cruzar la frontera ilegalmente. Con un alza en dichos procesos de 71 por ciento en comparación con el año pasado, y dado que las separaciones de familias se han vuelto algo rutinario, abogados federales de defensa han comenzado a pedir a los jueces que ven sus causas que tomen medidas inusuales a fin de incrementar las posibilidades de que los padres se puedan reunir con sus hijos. “Una de las cosas que pedimos a los jueces, y ellos han mostrado disposición a ello, es que nuestros clientes se mantengan aquí, inclusive si ya recibieron una sentencia de tiempo cumplido y son sujetos a ser deportados. Pedimos que los mantengan aquí a fin de que se puedan reunir con sus hijos” dijo Molly Kincaid, una abogada federal, a The Intercept. “Es mejor mantenerlos en custodia y reunirlos con sus hijos”.

De acuerdo con Kincaid, “la mayoría de nuestros clientes que enfrentan este problema sólo son acusados de una falta, se les acusa de un delito menor porque es su primera ofensa”. Normalmente, dijo, las personas acusadas de una falta por primera vez se declaran culpables, aceptan la condena y se les deporta rápidamente. Pero ahora que tenemos a padres e hijos en escena, dijo, un mayor número de acusados dicen que quieren quedarse en el país. “Es algo muy extraño porque eso es lo que nuestros clientes quieren casi siempre, quieren pagar por el delito menor y regresar a casa tan pronto sea posible. Pero, cuando tienes un hijo acá es obvio que quedarse es lo más importante”, dice Kincaid.

Hasta ahora, los jueces magistrados en Tucson parecen aceptar ese esfuerzo de los defensores. “En cada caso en que un abogado solicita esa recomendación, nuestros magistrados la están ofreciendo”, dijo a The Intercept Christina Woehr, una abogada federal de Tucson.

A fin de reforzar las recomendaciones, Kincaid también busca órdenes judiciales para que el gobierno revele las ubicaciones de los menores en custodia. Cualquier mejora en la transparencia será bienvenida, dijeron las dos abogadas.

A principios de junio, Kincaid compareció ante el magistrado Bruce G. Macdonald en una audiencia de la Operación Streamline. Su cliente, Cerafino Pérez Andrés, el padre de una menor de Guatemala, había cruzado la frontera con su hija de 15 años cinco días antes. Tras su arresto, la hija de Pérez Andrés fue procesada por el gobierno y, ante Macdonald, Kincaid explica que su cliente no tenía la menor idea del paradero de su hija. El fiscal federal Christopher Lewis, dijo a Macdonald que la CBP y la Fiscalía de Estados Unidos no tienen “conocimiento o control de dónde se ha ubicado a esos niños” y que la responsabilidad de los menores pertenece a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que no tiene un sistema para reportar el paradero de los niños que recibe en custodia por parte de las agencias de la secretaría de Seguridad Nacional.

“Espero, sin embargo, que usted pueda solicitar que al menos le proporcionen esa información”, Macdonald le dijo a Lewis, de acuerdo con un audio de la diligencia que obtuvo el Arizona Daily Star. “Puedo averiguarlo, pero no hay un mecanismo de parte del ORR para que lo puedan reportar”, dijo el fiscal.

“Bueno, en ese caso le pido que les solicite que le den esa información”, dijo el magistrado.

Cosme López, un vocero de la Fiscalía de Estados Unidos, refiere que las palabras del juez no constituían una orden. “Creo que el punto de inflexión en este caso es la ORR”, dijo López a The Intercept, minimizando el papel que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) desempeña en la separación de las familias. “Nuestro papel no ha cambiado mucho en realidad”; dice. “No tenemos nada que ver con los niños o su detención. Nuestro rol es tan diminuto ni siquiera es divertido”. Literalmente, el DOJ no aprehende ni procesa a los menores. Sin embargo, el papel del DOJ en la separación de las familias no es “diminuto”. La separación de las familias es la consecuencia de la iniciativa de “tolerancia cero” que inició Jeff Sessions, el titular del Departamento de Justicia.

Este cambio en las prioridades de aplicación de la justicia está en el centro del escándalo nacional en que se ha convertido el tema de la separación de las familias en la frontera con México. El DOJ está tan involucrado como lo están las demás agencias de aplicación de la justicia.

Kincaid y Woehr, de la defensoría federal, señalan que las recomendaciones de permanencia que ofrecen los jueces en los casos de sus clientes difícilmente constituyen una solución momentánea. Ellos describen esa medida como un curita con el que se pretende contener el debido proceso y el enorme daño emocional causado a las familias migrantes. “Es una terrible decisión la que tienes que hacer como padre”, dice Woehr. “¿Quieres estar en una detención indefinida esperando que te reúnan con un hijo de quien no sabes su paradero? ¿O quieres pedir que te deporten y dejar que el caso de inmigración de tu hijo se desahogue en nuestro sistema?” De acuerdo con Woehr, “el tema con el que nos topamos al pedir que el gobierno revele la ubicación de los menores es que el ICE nos diga: ‘Bueno, ellos ya no están bajo nuestra custodia, ahora están bajo la custodia de la ORR, así que no tenemos manera de saber su ubicación’”. Esto, refiere la abogada, representa un relevo en la responsabilidad de “encontrar la ubicación de los menores para informar a nuestros clientes detenidos o deportados, lo cual empeora la de por sí terrible situación que ellos enfrentan”.

“Es algo kafkiano. Es una pesadilla”, afirma.

Kincaid está de acuerdo con Woehr. “Es algo con lo que lidiamos ahora; queremos seguir los casos con nuestros clientes para ver si se están dando las reunificaciones, para ver si de hecho ellos permanecen en Estados Unidos durante el proceso o si simplemente los están deportando de manera inmediata, dejando a sus hijos acá, el cual es, obviamente, el peor escenario para nuestros clientes”. Y agrega: “Puedo afirmar que toda esta situación es un misterio para nosotros”.

Ambos abogados rechazan los argumentos de la administración Trump de que los migrantes afectados por la separación de sus familias traen a sus niños a Estados Unidos para explotar lagunas en el sistema y, con ello, poder entrar al país. “No lo acepto, para nada”, dice Kincaid. “Nunca he escuchado eso de ningún cliente”, afirmó Woehr. En referencia a las experiencias que le han contado sus clientes, Kincaid dijo que “es en realidad algo que va más allá de la desesperación”.

La pelea por la reunificación

Más allá del horror de ver a padres separados de sus hijos, los abogados dijeron que la situación actual cuestiona el debido proceso y genera enormes dudas. “Los padres que son ciudadanos de este país cuando enfrentan un proceso que pudiera terminar sus derechos paternales… en realidad tienen muchos derechos”, señala Kincaid. Sin embargo, en el caso de los migrantes, los padres pierden a sus hijos en procedimientos expeditos en instalaciones remotas y cerradas del gobierno. Y queda la cuestión de determinar el castigo para sus crímenes cuando el crimen es una falta menor y el castigo es la pérdida indefinida de tu hijo. “Enfrentas un día en custodia como tu sentencia, pero, caray, como una consecuencia colateral de tu condena, podrías perder a tu hijo por un año, tal vez”, dice Woehr en referencia a la situación actual.

Por ahora, los defensores públicos se enfocan en la reunificación, si bien se trata de una campaña que ellos no hubieran querido abordar. “Estamos peleando por la reunificación ahora, pero creo que lo mejor que pudiera suceder es regresar a la discreción en el proceso en la que simplemente no hay cargos en estos casos… no deberíamos estar en esta situación en la que tenemos separación de familias”, dice Kincaid.

El impacto de la “tolerancia cero” y la separación familiar se vuelve tan difícil de resolver, sobre todo en cuestión de la reunificación, debido a que una enorme cantidad de los involucrados en esto son niños pequeños, que apenas gatean, y bebés; todos y cada uno con su propio caso de inmigración… y sin padres que nos ayuden.

Con tres oficinas y unas 70 personas en su staff, el Proyecto Florencia ha sido el único recurso de representación legal para personas en los centros de detención de Florida por casi 30 años. Desde enero, la organización ha documentado 350 casos de separación familiar y sus abogados resienten los efectos que les deja representar a clientes muy jóvenes. “En nuestro programa de menores solíamos trabajar con unos chicos guatemaltecos de 16 o 17 años, chicos sin acompañantes, dice a The Intercept Lauren Dasse, la directora ejecutiva del proyecto. “Ahora, vemos niños mucho más chicos. Muchos de nuestros clientes son muy jóvenes y han sido separados de sus padres”.

Entre estos clientes, dice Dasse, hemos tenido a una niña ciega de 6 años a quien separaron de su madre, así como otros infantes en etapa prelingüística, no verbales, y bebés y niños con discapacidad. La dificultad de manejar los casos individuales de inmigración de estos menores no acompañados y reunirlos con sus padres es enorme, dice Dasse. “Es el reto más grande que me ha tocado ver”, asegura. “Y he escuchado lo mismo de colegas en esta práctica que se han dedicado tanto a la defensa de inmigración y defensa criminal por mucho tiempo; que el mayor reto al que se han enfrentado es preparar a un inconsolable menor de 4 años para su audiencia de asilo… solamente imaginen eso”.

Pero no se trata sólo de los niños pequeños, dice Dasse. “También tenemos a una cliente mayor, de unos 13 años, quien se siente culpable de que hayan detenido a su padre puesto que su papá salió con ella del país para mantener a salvo a ambos”, explica la activista. “Ella está en una posición en la que tiene que tomar decisiones de adulta, con nuestra representación. Ella no debería estar en esa situación en la que tiene que pensar en su caso de asilo en este momento puesto que tiene a su padre, a diferencia de los menores sin acompañante con los que hemos trabajado por 20 años”.

Para Dasse hay una “tormenta perfecta” por lo que ha ocurrido los meses previos que “ha provocado que hacer nuestro trabajo y pelear por los casos sea más difícil”. Ella teme que la combinación de las iniciativas del gobierno de Trump tiene la intención de incrementar el tiempo que las personas pasan en detención para que mejor opten por abandonar sus casos, inclusive si se trata de peticiones legítimas de asilo. “Todo apunta a tener detenciones prolongadas, por lo que las personas sentirán una mayor presión y abandonar sus casos”, dice Dasse. El funcionario del DHS que entrevistó The Intercept está de acuerdo con esto y añade que el mensaje que manda la administración Trump parece ser que “si no estás dispuesto a que te separen de tus hijos, entonces pasa seis meses o más en detención y sufre la humillación y un completo desfase en tu vida… luego de lo cual en realidad no necesitarás pedir asilo”.

En respuesta a esta ofensiva, el Florence Project está ampliando su staff y construye un equipo de respuesta rápida para manejar las separaciones familiares. Debido a la enorme falta de transparencia del gobierno, gran parte del trabajo implica revisar volúmenes de transcripciones de la Operación Streamline en búsqueda de padres a quienes les hayan quitado sus hijos. “Eso nos lleva muchísimo tiempo. Se tarda mucho y es urgente y es una emergencia que nos ocupa a todos”, dijo. Los riesgos no podrían ser mayores, explica Dasse. “Se está provocando un trauma inconmensurable, enorme, el cual dejará secuelas de por vida en estas personas. Nunca he visto nada como esto”.

Abbott, la directora del área de servicios a refugiados de Bethany Christian Services, secunda esos sentimientos. “Yo he trabajado con menores sin acompañantes desde 1977”, dice, “He trabajado 40 años en asistencia social y nunca he visto algo como esto. Es muy sistemático”. Normalmente, explica Abbott, los niños con los que trabaja han llegado solos por alguna razón. Escapan, por ejemplo, de una guerra, o de un desastre natural, o alguna otra crisis que los lleva a enrolarse en el sistema sin sus padres. Pero lo de ahora es diferente. En el contexto que vemos en Estados Unidos, dice, “la gente consigue llegar a algún punto en el que piden asilo y luego son separados”.

“Esto se hace a propósito”, dice. “No es parte del caos de haber tenido que dejar tu vida atrás. Esta es una separación con un motivo luego de que llegaste a la frontera y pediste que te pusieran a salvo. Honestamente, nunca he visto que tengamos que utilizar a los niños como un elemento de disuasión”.

 

Traducido por Graciela González.

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