El gobierno estadounidense ha reconocido como una amenaza el incremento de la violencia en la frontera con México. “Para pasar hay que pagar, y en este país se paga a la autoridad de facto, que es el narcotráfico… nadie ─que no cuente con documentación─ puede cruzar por la frontera del norte si no contrata los servicios de los cárteles que operan en la franja controlando el tráfico de todo: armas, drogas, personas, mercancías, de todo”, advirtió recientemente en una rueda de prensa la hermana Gutiérrez Valderrama, directora general de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados. https://bit.ly/1M5SL51
La frontera norte de México históricamente ha padecido los embates de la inseguridad y de la violencia, pues el contrabando de drogas y de otro tipo de productos ilegales siempre ha existido, pero el fenómeno del uso de la frontera como un bien privado en manos de los grupos criminales es relativamente reciente, los especialistas en el tema aseguran que en gran parte se debe a la gestión del espacio por las autoridades responsables, en lo cual la corrupción ha jugado un papel clave.
A largo plazo ha sido el narcotráfico el que se ha instalado como factor principal de violencia e inseguridad, amparado en la protección de algunos niveles de autoridades, aunque comparte ese espacio con otro tipo de organizaciones delictivas transnacionales. Pero desde hace una década la violencia se ha recrudecido, los cárteles mexicanos y sus células se han dedicado a asesinar, secuestrar, torturar, extorsionar y violar migrantes.
Las masacres de San Fernando, Tamaulipas, son evidencias del grado de fatalidad que pueden alcanzar estas organizaciones criminales al margen de la mayor impunidad posible, que permite que sigan perfeccionando y ampliando sus mecanismos de acción. En algunos casos, los migrantes son víctimas de trata de personas porque no pueden pagar los cobros de sus traficantes. En otros los grupos criminales secuestran a migrantes para obligarlos a trabajar como traficantes de drogas o en los campos de cultivo de marihuana o de amapola.
En dos meses se cumplen seis años del hallazgo de 72 personas ejecutadas: 58 hombres y 14 mujeres provenientes de El Salvador, Honduras, Brasil, Guatemala y Ecuador. Desde entonces la situación no ha cambiado, desde la frontera con Guatemala al norte de México, el narcotráfico controla todos los caminos de los migrantes, en ocasiones con ayuda de algunos elementos de corporaciones policiacas y autoridades migratorias, lo anterior según los testimonios de víctimas de privación de la libertad recabados por ONGs, lo cual no es un secreto, ni para la sociedad ni para el Estado.
El pasado mes de abril, el diario Reforma publicó una investigación que revela que el gobierno federal ocultó que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron detenidos por sus relaciones con el crimen organizado. “Durante la investigación por las masacres en San Fernando, Tamaulipas, la PGR descubrió que había agentes involucrados en el secuestro y entrega de migrantes al crimen organizado”, relata el reportaje de Abel Barajas sustentado con documentos oficiales. https://bit.ly/28MTyel
A pesar de la creación de fiscalías especializadas en atención a migrantes, cuya obligación principal es investigar y procesar los delitos contra ellos, se puede observar que las sanciones son mínimas. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés): “el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos es algo sobre lo cual no existe evidencia”. https://bit.ly/1YkFdo7
En un informe de WOLA, podemos encontrar que los datos más precisos sobre el tema provienen de la fiscalía especializada en Oaxaca, la cual reporta que, de las 383 denuncias de delitos recibidas en cuatro años, sólo 96 resultaron en una averiguación previa, mientras sólo cuatro resultaron en sentencias para los perpetradores. Es decir como en la mayoría de los delitos en México, la impunidad es la constante, pero más en este caso, los migrantes centroamericanos simplemente no tienen acceso a la protección de la justicia.
El gobierno estadounidense ha reconocido como una amenaza el incremento de la violencia en la frontera con México, lo anterior ha abierto la puerta para la cooperación entre ambas naciones. Como parte de la colaboración del gobierno mexicano, en julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció la implementación del Programa Frontera Sur, que es básicamente el endurecimiento de la vigilancia por parte de agentes del INM en la zona sur del país.
Sin embargo aún no se ha logrado atender con eficacia uno de los mayores problemas para la seguridad nacional de nuestro país, este es el constante flujo de armas a México procedente de los EUA. El estudio “Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, concluye que el 66% de los homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con las armas ilegales que llegan a nuestro país de los Estados Unidos.
*Analista en temas de Seguridad, Educación y Justicia simon@inprincipioeratverbum.com.mx @simonvargasa facebook.com/simonvargasa Linkedin: simón-vargas-aguilar www.inprincipioeratverbum.com.mx *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n