Muchos años de jaloneo transcurrieron antes de que se votara exitosamente la reforma del Distrito Federal. Desde la semana pasada tenemos la primera parte concluida, y la más importante, del proceso de reforma constitucional que permitirá la creación del Estado treinta y dos (falta la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales). Ante la subsistencia de nuestro menguado sistema Federal, ¿cuál será la situación constitucional que mantendrán los Poderes de la Unión frente a las supremas autoridades de la flamante entidad federativa?
Los mexicanos tenemos un celoso sentido del recuerdo, cuando nos referimos a la remembranza de circunstancias o eventos de la historia que nos hubieran producido un agravio o descontento. No se trata de superficialidades, desde luego, pero a veces somos incapaces de superar atavismos que nos marcan irremediablemente: el sufragio efectivo y la no reelección; la inalterable prohibición para que los extranjeros gocen de la propiedad inmobiliaria en la “franja prohibida”; la impuesta limitación para que las fuerzas armadas ingresen a ciudad universitaria, son en unión de muchos otros, algunos principios que nos describen hasta la médula.
La hegemonía de un partido en el Poder y la imposibilidad constitucional para que los capitalinos participáramos en procesos electorales a través de los cuales democráticamente decidiéramos quién gobernaba al Distrito Federal, la capital y, al mismo tiempo, el área metropolitana más poblada del país, despertaron en su gente un enraizado sentimiento de liberación política que los partidos de la izquierda supieron entender y conducir en el rumbo de su “independencia” y su elevación al rango de “Estado”. Es como los anteriores, un principio que pinta de pies a cabeza a la mayoría de quienes habitamos en la capital de México.
La manipulación constitucional ha venido concretándose en muy amplios rubros de la organización política nacional; por ejemplo, la división de poderes por la que define la República, que tradicionalmente depositó en tres órganos supremos la responsabilidad primaria de gobernar a la Nación, en las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, desembocó en un proceso de balcanización que generó la coexistencia de una docena de órganos constitucionales autónomos que orbitan alrededor de los tres primarios, en forma aparentemente organizada, pero sin la existencia de un eje de control político que armonice sus decisiones.
Esa misma vorágine transformadora ha provocado una sinrazón normativa en el ámbito de la organización de nuestro Estado Federal: la inminente creación de un territorio en el que deberán convivir, en igualdad de condiciones político-constitucionales, las autoridades locales y las autoridades de la federación. Capital de la República, Estado y al mismo tiempo, sede de los Poderes de la Unión; un monstruo de dos cabezas que no se entiende a sí mismo; una alucinación constitucional que aporta el mejor ingrediente del discurso de precampaña del Doctor Mancera. Así se nos ha ofrecido a los capitalinos el remedio para aliviar nuestro malestar.
Cabe recordar que en el caso de un Estado Federal como el nuestro, la soberanía constitucional que las entidades federativas reservan a favor de las autoridades de la Unión, le concede a estas últimas un ámbito de desenvolvimiento, en su propia esfera de poder, que desarrollan a lo largo de todo el territorio nacional y a favor de todos sus habitantes. En esas condiciones, los Poderes de la Unión no pueden verse colocados, frente a ninguna de las autoridades locales, en situación alguna de subordinación que pueda alterar su actividad cotidiana.
El Distrito Federal mantuvo la función de ser, precisamente, la casa de los Poderes Federales y, en esa medida, el lugar para su asentamiento en el que ninguna autoridad local pudo encontrarse por encima de ellos. Esa calidad constitucional del territorio de la capital permitió siempre la conducción armónica del quehacer público de las autoridades federales.
Ante el reclamo democratizador de los capitalinos, al final del siglo pasado se crearon órganos electos de gobierno del Distrito Federal que vieron por las necesidades de sus habitantes en torno de distintas áreas de interés inmediato; sin embargo, se conservó ante todo la condición política del Distrito Federal como sede del Congreso General, de la SCJN y del Presidente de la República, nunca subordinados a los órganos de autoridad de la capital.
Con motivo de la reforma constitucional que ya discutieron y aprobaron las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión, tendremos una Ciudad de México que oficialmente dejará de ser el Distrito Federal. Se crearán los Poderes constituidos de la entidad federativa renovada, aunque se permitirá que los Poderes Federales permanezcan en ella. Las facultades legislativas que tendrá el Congreso General en el ámbito de la Ciudad de México, al revés de la manera en que siempre aconteció, serán limitadas, conservándose a favor de la legislatura local la facultad residual que le permitirá normar la vida de la capital.
Es evidente que la fuerza democratizadora que hemos impulsado con el voto ha disminuido el presidencialismo unipersonal, ha promovido la colegiación en el ámbito de la dirección y gobierno de las áreas estratégicas de la economía nacional, ha pretendido ciudadanizar los procesos electorales y busca mejorar la instrucción educativa y transparentar la función pública. En el ámbito del Distrito Federal, sin embargo, el ánimo democratizador ha gestado una contradicción constitucional que producirá indefectiblemente muchos dolores de cabeza. Autoridades federales y autoridades locales, no pueden convivir y cogobernar en un mismo territorio.
El celoso sentido de nuestro recuerdo histórico, remueve voces que resuenan en mi memoria, en las que se escucha el momento en el que un Jefe de la administración pública de la capital, después candidato ufano a la presidencia de la República, arremetía contra el titular del Ejecutivo y le decía: “cállate chachalaca”. ¿Acaso la posición de quienes ejerzan los poderes locales de la Ciudad de México, en la búsqueda del protagonismo político-electoral, no podrá entorpecer otra vez la función que los Poderes de la Unión realizan para todos los mexicanos? La nueva capital del país, como el chamoy, no es dulce ni es picante.