Definiciones existen muchas, según el enfoque que se desee conceder o la perspectiva desde la cual se analice, sin embargo, para los efectos que hoy nos proponemos, debemos señalar que, en esencia, la legitimación que le asiste a cualquier individuo de manera intrínseca, sin distinción de color, género, edad, religión, preferencia, condición económica u origen étnico, para ejercer una acción u omisión en un determinado sentido, oponible a cualquiera de sus semejantes, en cualquier orden, por el mero hecho de existir, es un derecho humano.
De entre los derechos humanos que atañen al ser mismo y que se le deben reconocer, el de carácter esencial y superlativo frente a todos los demás, es aquél que garantiza la existencia misma de la persona que lo ejerce, su titular: el derecho supremo a la vida.
Es precisamente con el ánimo de preservar la vida y el derecho que a cualquier individuo le asiste para conservarla, que los hombres más primitivos sobre la faz de la tierra se desplazaron de unas latitudes a otras con el propósito de encontrar mejores condiciones de subsistencia, como lo fueron el clima, el agua, la flora y la fauna suficiente. Y en esa empresa, no hubo poder de otro individuo que se opusiera, porque el derecho a la supervivencia en un planeta cuyo territorio es finito, era y permanece siendo, lógicamente, preferente respecto a cualquier otro.
La agrupación de ese ser primitivo y la escasez de los bienes que lo rodearon dieron lugar a la aparición de la codicia y, con ella, de la economía más esencial; y así la asociación de unos y otros dio lugar a la concepción de la idea misma de Estado, una comunidad de individuos, bien identificados por sus condiciones raciales, culturales, idiomáticas e históricas, que asentados sobre un territorio y con un grupo de dirección y gobierno, decidieron defender intereses comunes con relación a otras semejantes.
Es así que se gesta el concepto de soberanía y la idea asociada de su absoluta defensa, como derecho social de orden económico que legitima a un pueblo a defender su estado de privilegio frente a otros semejantes. Las fronteras que delimitan ese territorio e identifican al Estado, con los muros y alambrados que las protegen, no son sino la evidencia más palpable de la decisión sobrevenida de una agrupación social, de proteger un patrimonio territorial consolidado que, por sus condiciones limitadas, se impide a todos los demás.
De la soberanía deriva la ley, como conjunto de normas en el que quedan designados, como igualmente limitados, los derechos intrínsecos del individuo a los que nos venimos refiriendo, catálogo de referencias en el que los derechos humanos ceden el paso y conceden espacios a favor de prerrogativas generales propias de la comunidad.
Las condiciones económicas elegidas por el hombre para regir el intercambio de bienes y servicios a lo largo del orbe, a través de las cuales se privilegia la libertad como garantía máxima de funcionalidad del sistema, han permitido los avances más grandes en la historia de la humanidad, por un lado, como también la aparición de las condiciones de desigualdad más reprobables que mantienen sumidos en la pobreza a más de la mitad de los seres humanos que ocupan la tierra.
México es actor y espectador en la dramática obra literaria cuyos capítulos más dolorosos han sido revelados a lo largo de la semana pasada. En esa doble calidad tiene un profundo deber moral para exigir en nombre propio y de los países que hoy lo necesitan, un trato humano y justo, adecuado a la realidad histórica y avance de la humanidad que hoy nos alcanza, a favor de todos aquellos individuos que, con toda legitimidad, ejercen un derecho humano a la supervivencia: los migrantes.
Porque en las condiciones de desesperación por las que hombres, mujeres y niños en Africa, Asia y Sudamérica, indistintamente, se ven obligados a escapar de sus propios países para proteger su vida, nadie puede dudar ni poner en tela de juicio que, su derecho a sobrevivir es absolutamente preferente y superior a cualquier derecho patrimonial del Estado para preservar condiciones de bienestar arrebatadas artificialmente a los demás.
Sin detrimento del ejercicio pleno del derecho a la libertad, motor del desarrollo que ha llevado al ser humano a las fronteras tecnológicas que enmarcan la modernidad en la que vivimos, la comunidad internacional y México, como integrante de aquella, está obligada al análisis y planteamiento de un nuevo modelo económico, uno con rostro humano que permita el intercambio de bienes, sí, pero no a costa del sacrificio de las individualidades. El planeta y los satisfactores que nos ofrece no ha cambiado; la humanidad en él asentada y su modelo de vida sí. Es urgente que se avizore un nuevo orden que garantice un régimen de distribución mínimo de satisfactores, en el que se termine la opresión y el hambre, y se proteja una subsistencia digna.