Al finalizar el proceso electoral de 2012 el PAN y el PRD se pronunciaron a favor de legislar de manera más estricta la difusión de encuestas pre electorales. Después de un desempeño desastroso como el que exhibieron una buena parte de las encuestas publicadas, primero en los comicios estatales de 2010 y, posteriormente en las presidenciales de 2012, era necesario tomar cartas en el asunto. El principal error fue sobreestimar al PRI fuera de toda proporción en ambos procesos. Peor aún, en 2012, diversas encuestas garantizaban una victoria por más de 10 puntos porcentuales de Enrique Peña Nieto, fuera de los márgenes de error, y aseguraban que el tricolor controlaría el Congreso.
Este episodio dio apertura a un debate que hoy continúa vigente y que, de cara a los comicios del próximo Junio, merece particular atención. En particular, la discusión se mantiene abierta respecto a dos temas: el efecto de las encuestas publicadas en el comportamiento de los votantes y la métrica bajo la cual deben evaluarse las encuestas. La primera vertiente atañe a la difusión irresponsable y mañosa de encuestas que han sido comisionadas y financiadas por partidos y campañas pero que se presentan como encuestas de los medios de comunicación. La segunda ramificación tiene consecuencias en la responsabilidad que se debe atribuir a las casas encuestadoras que sistemáticamente favorecen a un partido político y la credibilidad que se debe otorgar a sus estimaciones.
En el resto del mundo las encuestas electorales son evaluadas en comparación con los resultados finales. Uno de los casos más recientes en donde las encuestas se consideraron fallidas fue el referéndum sobre la independencia escocesa en el que las principales casas encuestadores pronosticaban una ventaja del voto a favor de la independencia de más de 6 puntos porcentuales. De igual forma, en Estados Unidos se utiliza regularmente la medida de Mosteller, que promedia la diferencia entre la encuesta y el resultado electoral final, para evaluar las mediciones pre electorales. Incluso una de las agencias encuestadoras más antiguas del mundo hace referencia a la precisión de sus mediciones comparando su última encuesta publicada con el resultado de las elecciones presidenciales desde 1936.
Por esto sorprende que en México, aún hoy, sigamos debatiendo sobre este tema. Ciertamente, si sometemos a las encuestas electorales de los últimos años a una examinación de esta naturaleza la mayoría no saldrían muy bien libradas además de que en varias se detectaría un sesgo claro a favor del PRI. Y, cabe aclarar, esto sería muy válido siempre que se hubiesen publicado como encuestas financiadas por partidos políticos y no como mediciones independientes, como se ha venido haciendo.
Esto nos lleva a la disputa acerca del efecto de las encuestas en los votantes y, por ende, en el resultado final de la elección. Dado que las encuestas publicadas pueden afectar las expectativas de los electores respecto al resultado final, las personas seguramente ajusten su comportamiento de acuerdo con esto. Aunado a esto, la cobertura que les dan los medios de comunicación a las encuestas, en un tono predictivo y a veces sensacionalista, es parte de la información que toman en cuenta los electores para hacer sus cálculos de por quién votar.
Dada la relevancia de este tema, debemos de tomar la publicación de encuestas con gran seriedad y movernos hacia un modelo de regulación mucho más estricto en pos de la transparencia y la divulgación total, no sólo de los aspectos técnicos de las mediciones, sino del origen monetario de las mismas. Claramente queda un largo camino por recorrer en un tema que requiere de más debate y en el que existen muchas voces que merecen ser escuchadas.
Por esto, lo sucedido esta semana en el foro titulado “El nuevo modelo de regulación de encuestas electorales” y coauspiciado por el INE, fue por demás lamentable. En lugar de que el INE fomentara un debate creíble que abone a mecanismos democráticos robustos, permitió que entes privados basados en motivaciones personales definieran la lista de participantes e incluso vetaran a los que les resultaban incómodos. La concurrencia a un evento de esta magnitud fue principalmente decidida por el CEDE (Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas), un grupo de encuestadores que, por desgracia en su mayoría, busca evitar la regulación, la transparencia y la rendición de cuentas en la difusión de encuestas electorales que hasta ahora dejan mucho que desear en México.
Sí es labor del INE impulsar la materia de regulación de encuestas. También es su labor no permitir que lo que una vez fue el instituto que facilitó la democratización de México se vea ahora diezmado y secuestrado por intereses de particulares. Por ende, es incomprensible y alarmante que el INE haya otorgado tal preponderancia a este grupo de encuestadores que definitivamente no cuenta con un historial de estimaciones acertadas como para recibir un trato preferencial y tampoco representa el estado actual del mercado de las encuestas en México.
La democracia mexicana está librando batallas en frentes que creíamos resolutos, como el de la libertad de expresión. Tal vez los funcionarios del INE padecen de inexperiencia y falta de conocimiento en el tema. O tal vez realmente dejaron un vacío que otros llenaron y únicamente prestaron el sello de la institución exhibiendo una visión muy sesgada en torno a la regulación de encuestas. Cualesquiera que sea la explicación, si el INE no se libra de verse controlado por intereses particulares, abonará a la preocupante situación que amenaza la calidad de nuestra democracia en un futuro muy cercano.
@lorena_becerra