Mal están las cosas para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el mundo, donde se van acumulando las acusaciones de que en México, la violación de los derechos humanos es parte del paisaje nacional. Esta semana empieza la siguiente fase, fuera de su control y lastimosamente inédita. Por primera vez en su historia, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, revisará a México. Será por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, “la barbarie de Iguala”, como la describió el presidente, que lo coloca al centro de la crisis, por la omisión y falta de visión de no haber actuado en tiempo y forma para resolver el crimen. Lo que dijo Peña Nieto que era un asunto local y de guerrerenses, se volvió internacional y contra él. La ingenuidad social y política en Los Pinos metió al presidente en este embrollo, del cual no se sabe cómo saldrá ni él y ni el gobierno. En noviembre la cancillería envió al subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo a explicar al Comité en Ginebra, lo que se estaba haciendo en el caso de la desaparición de los normalistas. Pero en diciembre, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Galicia, dijo no tener duda que había responsabilidad del Estado Mexicano, por haber incumplido con las resoluciones de la organización en materia de desaparición forzada y por la falta de protocolos para ubicar a personas no localizadas. A partir de este lunes, por tanto, Peña Nieto y el gobierno estarán en juicio político. Diplomáticamente, el Comité anticipó que lo que habrá es “un diálogo constructivo” con los representantes gubernamentales, y con una representación de los padres de los normalistas desaparecidos por la policía –que es lo que constituye la desaparición forzada, al provenir de una autoridad-. Los abogados que acompañan a los padres pedirán a la ONU que investigue la probable participación del Ejército en el crimen, que ha sido negada por el gobierno. Con esta comparecencia se cumple el objetivo que activistas mexicanos han buscado por años con sucesivos gobiernos, y que nunca habían tenido la oportunidad hasta en esta ocasión, donde la inacción de la Presidencia peñista se las regaló. La lucha contra las desapariciones forzadas ha sido una constante de varias organizaciones mexicanas desde los tiempos de la guerra sucia donde las fuerzas federales exterminaron a luchadores sociales, guerrilleros y muy probablemente, también inocentes. Abogados y organizaciones católicas han jugado un papel relevante, y algunos de ellos, viejos luchadores por la defensa de las garantías individuales, están hoy activos en el caso de Ayotzinapa, y cuyo rol no debe pasar inadvertido detrás de esta comparecencia. Un hombre importante es Emilio Álvarez Icaza, hijo de un antiguo luchador por los derechos humanos, José Álvarez Icaza, fundador del Centro Nacional de Comunicación Social. Por méritos propios, su hijo se convirtió en un experto en el tema, y hoy es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Brazo con brazo ha trabajado por años con el laico Miguel Álvarez Gándara, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), que fundó el finado obispo Samuel Ruiz. Álvarez Icaza y Álvarez Gándara fueron quienes propusieron la candidatura del obispo Ruiz al Premio Nobel de la Paz. Álvarez Gándara era su operador político y responsable de las redes de financiamiento en Chiapas, principalmente de la Universidad Católica de Lovaina, pero también de fundaciones alemanas, españolas y holandesas. El director de Serapaz está vinculado actualmente con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, cuyos enlaces son Minervino Morán y Gonzalo Juárez, ex secretario general de esa rama de la disidencia magisterial. Álvarez Gándara está vinculado con Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que logró que el caso de su desaparición fuera llevado a la CIDH, que está interviniendo como coadyuvante en la investigación del crimen del 26 de septiembre. El argumento histórico de Álvarez Icaza y Álvarez Gándara ha sido que en México hay desapariciones forzadas y, por años, su meta ha sido llevar al gobierno al banquillo de los acusados en Ginebra. Lo lograron. Lo que viene esta semana, no va a ser un tema que les llegue frío a los comisionados. Las comparecencias mexicanas a finales del año pasado no fueron las primeras. En 2011, el abogado Rosales se reunión con algunos miembros del Comité de Trabajo, y les entregó un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en Guerrero. En ese informe se establecía que de 2005 a 2011, habían contabilizado mil 643 víctimas de la violencia, 25 de las cuales estaban secuestradas, 289 habían sido objeto de desaparición forzada y mil 290 fueron asesinados. La argumentación sobre lo que ha hecho el gobierno con respecto a los normalistas desaparecidos no va a ser suficiente. En los expedientes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU se encuentran los informes que sobre la violencia en Guerrero se han ido integrando desde haca cuatro años. El gobierno de Peña Nieto no actuó para corregir esa tendencia y atajar un tema que crecía cada año. Decenas de cuerpos en fosas clandestinas en Guerrero no ayudan a las autoridades en su defensa. Dejar de actuar, dejar pasar, es lo que los volvió culpables, ante millones de ojos. rrivapalacio@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa
El juicio a Peña Nieto
