A pesar de que vivimos en una sociedad increíblemente judicializada, hoy puede decirse que permanecemos en un estancamiento que obedece a la falta de confianza de la ciudadanía, cifrada en un ausente Estado de Derecho. Tenemos un cúmulo significativo de leyes y reglamentos que sirven para decir que la vida de los mexicanos se encuentra completamente regulada, pero las normas que contienen no se cumplen.
La aseveración es una paradoja, porque nunca antes nuestros juzgadores se habían encontrado tan empoderados. Una SCJN en ejercicio pleno de la función deliberativa de control constitucional como órgano político, a través de las acciones y controversias constitucionales; los distintos tribunales competentes en materia de amparo, como garantes del control constitucional por la vía más amplia de la tutela de los Derechos Humanos; y los jueces del fuero común, con la nueva visión jurisdiccional encomendada, a través de la cual se abocan al ejercicio del control difuso de la Constitución en cada una de sus resoluciones.
En esa medida, ¿qué pasa?, ¿porqué la ley no se cumple, si quienes están encargados de interpretarla y garantizar su cumplimiento hoy cuentan con todas las atribuciones suficientes para lograrlo? El país clama orden y justicia.
El domingo pasado, séptimo mes tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, sendas movilizaciones violentas se organizaron en Guerrero, D.F. y Chiapas para recordarnos la permanencia del sentimiento de hartazgo, de impotencia, de injusticia y de insatisfacción en el que viven la gran mayoría de los mexicanos. ¿Cómo remediar su reclamo?
En un reportaje publicado por el Universal el día de ayer, Robert Rennhack, Subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, reconoce el éxito de las reformas emprendidas por esta legislatura, de las que pende un crecimiento potencial anual del 4%; sin embargo, prácticamente las condiciona a la consecución de otros cambios profundos que son significativamente importantes: Estado de Derecho, Sistema Judicial y Gobernanza.
Podría decirse que habiéndose concretado las reformas sustantivas en la Legislatura LXII, el objetivo primordial de la próxima legislatura, con la que concluye la administración de EPN, se cifra en la capacidad de lograr los acuerdos políticos necesarios para llevarlas a su aplicación real y, sobre todo, a la recuperación de la confianza de los mexicanos a los que todas esas leyes están dirigidas.
Dentro de la agenda del decálogo para recuperar la seguridad, proclamada por EPN en noviembre pasado, el CIDE le entregó al Titular del Ejecutivo un pliego de más de 200 recomendaciones encaminadas a atender la problemática que se identificó como “Justicia Cotidiana”. Se trata de proposiciones para modificar aspectos inherentes al cumplimiento y observancia de la ley en todas sus instancias, particularmente dirigidas a satisfacer los requerimientos ordinarios de la ciudadanía en materia de justicia, con excepción de los aspectos penales.
En la víspera de que esas recomendaciones puedan hacerse públicas y lleguen a nuestra mesa, se nos ocurre compartir algunas ideas referentes a este tema, del que depende realmente la transformación de México.
No cabe la menor duda de que el cumplimiento de la ley obedece a un acto de buena fe, que queda confiado a los sujetos mismos a los que el derecho está dirigido. La justicia cotidiana debe fijarse por modificar la educación de los niños en torno de la legalidad. Debe indiscutiblemente mejorarse la educación cívica en las escuelas del país, para que comencemos a contar con una generación de mexicanos que sí estén auténticamente preparados para cambiar su destino.
Sin demérito de las etapas esenciales en materia de integración de la cuestión litigiosa, probatoria y de alegatos de todo juicio, debe simplificarse la impartición de justicia para la gran mayoría de los mexicanos, comenzando desde la notificación misma de una demanda. Debe favorecerse la intervención de los Jueces de Paz en procesos orales, en los que se conceda mayor relevancia a la mediación y a la conciliación como mecanismos alternos para la solución de la cuestión conflictiva.
La gratuidad de la justicia no debe confundirse con el pago de las costas judiciales. Es preciso que los litigantes tengan conciencia perenne del riesgo económico que lleve implícito el planteamiento de argumentaciones falsas o baladíes. La amenaza latente de pagar las costas judiciales favorecería siempre un clima de conciliación.
Resulta imposible pensar en la construcción de un Estado de Derecho, sin abogados. A pesar de la considerable matrícula de licenciados en derecho egresados semestralmente de las principales universidades del país, hacen falta verdaderos abogados. Debe impulsarse la colegiación obligatoria de quienes ejercemos esta profesión.
En la misma línea de pensamiento debemos pugnar por la capacitación puntual y cotidiana de quienes ejercen la función de impartir justicia. Los funcionarios judiciales deben aumentar en número, como también en calidad, para eso deberían capacitarse jurídica y humanamente en forma regular.
Debemos pensar en una reorganización funcional del presupuesto aprobado para el PJF, como también en el orden local, para que se abra el número suficiente de plazas judiciales, que satisfagan la amplia demanda de justicia en el país, en todos sus órdenes, y abrir de una vez por todas el campo al arbitraje privado como vía alternativa para la solución de conflictos.
Muchas más propuestas habrán de compartirse, desde luego, pero no mucho más tiempo es aquel con el que se cuenta para remediar el desamparo que produce la inaplicación del derecho, por el que millones de mexicanos claman de manera cada vez más sonora.