La seriedad de algunas plumas y el reconocimiento de su trayectoria me obliga a valorar la tesis que sustentan, de que es falso que existan movimientos de desestabilización en el país que se han mostrado vivamente a lo largo de las últimas semanas, aprovechando la trascendencia internacional que tienen los lamentables hechos ocurridos en Iguala, y que se trata, en todo caso, de un movimiento social auténtico.
Aunque no comparta un punto de vista que, en esta ocasión y para estos efectos nos parecería incompleto, concedamos en esta ocasión la razón a la afirmación de que las demostraciones de repudio expresadas en la marcha del jueves pasado, constituyen un reclamo legítimo de la sociedad, sustentado en la aparente falta de capacidad de la administración actual para atender una causa penal cuyos antecedentes son una evidencia contundente de la colusión ordinaria entre el gobierno y las bandas criminales.
Inmersos en esa corriente de pensamiento, aparece de inmediato, sin embargo, la gran interrogante, ¿cómo es que la palmaria asociación entre el ex Presidente Municipal Abarca, postulado por el PRD, y Guerreros Unidos, responsables directos de los hechos que han detonado la problemática que mantiene en vilo la estabilidad nacional, el delito acabó por convertirse en una responsabilidad política directa del Presidente de la República, al que con apoyo en la desaparición exigen su renuncia? La desviación de los antecedentes en una forma tan efectiva como inmediata no dejan de provocar, por decir lo menos, dudas y suspicacias.
Una circunstancia coyuntural no puede dejar de tener presencia en la mente de aquellos que, partiendo de su conocimiento, llegamos a la suposición de que existe un motivo atrás de las marchas que va más allá de sus causas originales: las elecciones de 2015 para la renovación total de la Cámara de Diputados, 17 congresos estatales, 9 gubernaturas y más de mil ayuntamientos, incluidas las delegaciones del D.F., nada más y nada menos.
Inciden también en esa corriente, las ideas tangenciales que provienen de antecedentes con trascendencia político-electoral ocurridos en esta época, consistentes en el surgimiento de nuevos partidos políticos con avidez natural para lograr un posicionamiento inmediato entre el electorado; la presencia destacada de los resultados derivados del Pacto por México y el éxito que en la concreción del proceso reformador podría atribuirse a esta administración y a los partidos que la apoyan; y todo esto sin dejar de citar la depreciación que tuvieron en la percepción pública los partidos de oposición, cuyos escándalos de corrupción y de desvaríos fueron revelados a lo largo de este año.
No puede soslayarse la importancia del problema que atraviesa México, no sólo el más inmediato, referente a la desaparición de los 43 estudiantes, que conmueve y une en su condena a todos los mexicanos por igual, sino también el más general que subyace y que debe ocupar el lugar principal, el de la pobreza, la desigualdad, la marginalidad y el abandono en el que viven millones de personas a nivel nacional, obligados a enfrentar a la criminalidad en forma personal y sin socorro de las instituciones.
Es evidente que el gobierno debe reaccionar y hacer algo cuanto antes, pero ¿no acaso para ello fue que se aprobó la reforma fiscal?, ¿no para eso también se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales?, ¿no se está haciendo algo al respecto? Esperemos resultados entonces.
Podría decirse que los disturbios ponen sobre la mesa, más que el señalamiento de la problemática más importante a la que se debe avocar esta administración y los muchos candidatos y potenciales gobernantes que habrán de contender en las elecciones del año entrante, --la que conocemos y compartimos todos--, lo relativo a la forma misma, a los métodos y las herramientas con apoyo en las cuales deben enfrentarse los problemas de México, se vislumbran dos: uno, por la vía del cambio rotundo de dirección, impuesto y sin miramiento de las instituciones que nos hemos otorgado; y otro, por la vía de la negociación pacífica y el uso de los canales que permanecen abiertos para lograr la consecución de un objetivo propuesto en la agenda del Pacto ya por todos conocido.
Sin disminuir en forma alguna importancia al dolor de los eventos que han provocado esta disyuntiva, no podemos dejar de ver que las alternativas ya se han puesto en marcha y las hemos vivido los últimos días. Esperemos que la violencia utilizada para agredir a los cuerpos del orden no provoque una reacción humana de desmesura que lleve al país por otros derroteros.
Debe valorarse con objetividad que, sin importar el número de personas que se han manifestado y se sigan manifestando, quizá resulta mucho más probable que las elecciones del año entrante se lleven a cabo y que sea ese cause institucional, ya probado, aquel del que obtendremos el resultado de aquello que nuestra sociedad, en nuestra cada vez más creciente democracia, llegue a dibujar. No es previsible que el destino de la República se decida a mano alzada. Ojalá que sigan funcionando las instituciones electorales en las que se ha depositado la confianza sobre la que descansa el primer peldaño de nuestra estabilidad democrática.
Saltan a la vista los motivos, el discurso y los efectos de muchos reclamos que se hacen ver en las calles y en las redes sociales, instrumento imprescindible del conocimiento; pero también, de manera significativa, destaca el silencio que guarda la absoluta mayoría de los mexicanos que, hermanados en el reclamo de seguridad y retorno de la legalidad, y congraciados con los padres que atraviesan el dolor por la pérdida de sus hijos normalistas, no comparten, sin embargo, la idea de llevar a México por el camino de la discordia, de la violencia y de la destrucción de sus instituciones; no comparten tampoco, posiblemente, la visión de que el gobierno está haciendo totalmente mal las cosas y confían en que el rumbo se pueda recuperar y los problemas se puedan atender por la vía institucional.
En la discusión que hoy prevalece, se escucha una voz al unísono que acompaña a todos los que buscamos un mejor país y un mejoramiento de las condiciones de seguridad y de legalidad en el país; estamos unidos en el propósito de acabar, de una vez por todas, con la corrupción; sin embargo, no es clara la posición de todos los mexicanos con relación al reclamo de algunos, de atribuir al Presidente de la República los resultados de las acciones emprendidas por los criminales, ni siquiera por omisión.
Es precisamente ese silencio el que nos lleva a la conclusión de que, si en verdad todos deseamos el imperio de la legalidad, no existirá otra forma más adecuada de cumplir la ley, que dando paso a los procesos que, con la participación de todos los mexicanos, definirán con toda legitimidad qué camino deberá seguirse en el futuro.
Es ahí en donde se verá qué estrategia podría haber sido la más acertada, en el supuesto de que existiera una intención subyacente en el reclamo de los inconformes que se han manifestado en las calles: la proposición que se identifica con la corriente de izquierda más radical, la que desde el Congreso y en la calle se ha postulado abiertamente por un cambio drástico de dirección; o, la proposición que ha promovido el cambio que impulsa el Presidente de la República, que propone el cambio del país mediante el impulso y materialización de las reformas aprobadas en el Congreso.
Será el poder de la ciudadanía que se mantiene en silencio el que dibuje, al final del día, cuál es el país que deseamos tener los mexicanos.