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Hace 19 meses, agencias de EU abrieron una investigación que reveló una red de transferencias financieras desde Medio Oriente y África con destino a Tapachula y Nogales, para el pago de coyotes que aseguraran el paso de ilegales a Estados Unidos, y desde entonces se encendieron las alertas antiterroristas
Francisco Pazos y Luis León
Todos cruzaron ilegalmente desde México, con apoyo de coyotes. Los detenidos tenían otro elemento en común: eran originarios de países de Medio Oriente en los que operan casi con impunidad grupos vinculados al terrorismo islámico. Su aprehensión en el poblado de Patagonia, despertó la alerta de las autoridades migratorias en Arizona y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Personal especializado de la agencia de investigación federal entrevistó a los seis detenidos. Cinco eran paquistaníes y el sexto de origen afgano, para buscar posibles “signos evidentes” de nexos con grupos terroristas que en un primer momento quedaron fuera de las pesquisas, concluyó el agente especial Kurt Remus.
Primero, los seis detenidos fueron investigados por la Patrulla Fronteriza en una base de datos para rastrear a sospechosos de terrorismo en la que se clasifica a migrantes que deben tener “atención especial”, sin embargo la búsqueda no arrojó lazos que los vincularan con grupos extremistas. Pese a esto, los detenidos fueron enviados al FBI para que fueran investigados nuevamente.
La segunda búsqueda fue hecha en una base de información identificada como Terrorist Identities Datamart Environment que vinculó al afgano detenido con redes de las que el gobierno de Estados Unidos sospechaba que buscaban atentar en su territorio o en Canadá, de acuerdo con un reporte del congresista republicano Duncan Hunter. La investigación del FBI determinó que al menos seis de 12 hombres de origen árabe que intentaron llegar a la frontera de Arizona con México cruzaron la línea divisoria con Estados Unidos, desde Nogales, guiados por “coyotes” mexicanos” contratados por una red de contrabando de personas que operaba en Brasil. De acuerdo con información publicada en el diario Washington Times, basada en documentos del congresista republicano, el afgano llegó a la frontera a través de un viaje por Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica; Nicaragua, Honduras, Guatemala y finalmente México. Por ello, las agencias estadunidenses mantienen estrecha vigilancia de los asentamientos de origen musulmán, ubicados en el sureste mexicano, donde se establecieron en 1995 y que en la última década han duplicado su presencia en la zona de los Altos de Chiapas, de acuerdo a los últimos reportes del gobierno federal.
›Una primera investigación sobre transferencias financieras ocurrió entre 1994 y 1995, a partir de los recursos enviados a los integrantes del grupo subversivo Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), provenientes de Europa y cuyo origen residía en grupos aparentemente radicales. Después de seis meses de análisis se determinó que los millones de euros enviados no pretendían azuzar la subversión en México.
De acuerdo con fuentes de primer nivel del gobierno federal, una persona de Medio Oriente despertó las alarmas migratorias a su llegada a México en una ocasión. A través del Sistema de Información Migratoria entre 2004 y 2005 se reportó como objetivo sensible a un pasajero que pretendía ingresar al territorio por vía aérea para, supuestamente, vacacionar. Por ser una búsqueda internacional montaron un operativo con agentes estadunidenses. En cuanto aterrizó el vuelo y bajaron los pasajeros, la persona señalada no pudo moverse de su asiento hasta que estuvo listo el transporte que lo llevó a un destino desconocido por los mexicanos y determinado por los estadunidenses.
Sin embargo, la conexión Arizona-Chiapas-Sonora identificada en 2015, dio más forma a los argumentos de las autoridades de Estados Unidos sobre la posibilidad de que el financiamiento de grupos radicales sirviera para introducir a células terroristas a través del territorio mexicano.
No sólo por la vía que siguieron 11 sospechosos detenidos o las transferencias desde Medio Oriente y África a Tapachula y Nogales, pues en agosto de 2016, al ser detenido Erick Jamal Hendricks, un ciudadano de Charlotte, Carolina del Norte, acusado de conspirar y proveer de información de apoyo a integrantes del Estado Islámico, se identificó que habría tenido contacto previo con un testigo protegido que reveló lazos con otros “hermanos” localizados en Texas y México, según un reporte del Departamento de Justicia.
Estos son los informes que sustentan la política de seguridad y migración de Donald Trump, investigaciones sin concluir e indicios de un rompecabezas sin armar.
Transferencias terroristas
Por ello, continúan las investigaciones para demostrar que la frontera sur forma parte de los planes de grupos como el Estado Islámico, Al Qaeda o el Jabhat al-Nusra o Jabhat Fateh al Sham para ingresar encubiertos a Estados Unidos. Incluso, los comités encargados de legislar en materia de seguridad interna desde la Cámara de Representantes han tenido complicaciones para documentar estos hechos. Según el reporte denominado Mapa de Amenazas Terroristas, desde el 11 de septiembre de 2001, cuando integrantes de Al Qaeda atentaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, han ocurrido 203 ataques cometidos por hombres y mujeres que juraron lealtad a grupos como el Estado Islámico, intentos de atentados y actividades que buscaban apoyar con materiales o información a “células dormidas” relacionadas a la radicalización islámica.
Al igual que los responsables de los ataques registrados y ubicados geográficamente en 24 estados de la Unión Americana en el documento del Comité de Seguridad Interna, ninguno de los migrantes ilegales que fueron detenidos en noviembre y diciembre de 2015 en Patagonia y Amado, Arizona, respectivamente, fueron vinculados por las autoridades estadunidenses con amenazas de terrorismo islámico que tuvieran como objetivo ciudades en ese país.
Sin embargo, entre los casos que el Congreso ha clasificado como amenazas terroristas para la seguridad nacional fueron incluidas las transferencias de dinero que fondean actividades enfocadas a cometer ataques en suelo estadunidense. Por eso las detenciones en Arizona motivaron una investigación que llevó a la Oficina de Delitos Financieros de la Fiscalía General en ese estado a detectar una aparente red de transferencias que buscaba pagar a coyotes en México para que ayudaran a migrantes ilegales originarios de países de Medio Oriente a cruzar la frontera en dirección a Tucson.
Mark Brnovich, fiscal general en Arizona, encabezó la investigación y reveló más de una docena de transferencias electrónicas hechas a finales de 2015 desde países de Medio Oriente y África, en los que operan grupos terroristas, hacia cuentas ubicadas en Tapachula, Chiapas, y Nogales, Sonora, ambas ciudades clasificadas por las autoridades estadunidenses como centros de paso tradicionales para la migración ilegal a Estados Unidos.
La red de transferencias apuntó a la franja fronteriza con Arizona que “está en la primera línea” —de acuerdo con declaraciones públicas de Brnovich— para las amenazas de la migración ilegal que llega a México desde Centroamérica.
“Hemos visto las consecuencias de lo que ocurre cuando se tiene una frontera porosa, que no es segura”. La mira del fiscal en Arizona no apuntaba a los 11 hombres que fueron detenidos seis meses antes, sino a la red que la Oficina de Delitos Financieros detectó, por lo que la oficina del fiscal ordenó un “amplio análisis geográfico de posibles transacciones relacionadas con el terrorismo” con el que identificaron “miles de dólares transferidos” a traficantes de personas.
Brnovich aseguró en marzo de 2016, que no sólo se trataba de una indagatoria desde la perspectiva económica, sino de una necesidad de seguridad nacional.
La investigación arrojó un primer informe ese mismo mes que confirmó la existencia de la trama de transferencias de dinero que tenían como emisores personajes con nombres árabes relacionados con redes de tráfico de personas cuyo destino final era Estados Unidos.
El reporte detalló que en 2015, un “traficante de personas” recibió 70 transferencias electrónicas realizadas por 69 emisores con nombres árabes, 15 de ellos fueron detectados con origen en países de Medio Oriente y de África. La mayoría de los envíos de dinero fueron hechos a Tapachula, ciudad ubicada en el extremo sur de México, en la frontera con Guatemala, la ruta natural de la migración ilegal.
La investigación continúa
Las pistas que arrojó la primera parte de la investigación llevaron al fiscal general de Arizona a reunirse en 2016 con los procuradores de Sonora y Baja California, ambas entidades fronterizas con Estados Unidos, y de Guanajuato y Guerrero, en las que se compartió información y acordaron capacitación para que las fiscalías mexicanas hagan uso de herramientas de inteligencia para rastrear las actividades de las organizaciones criminales que operan en la frontera.
ejecentral buscó al fiscal general Brnovich para conocer el seguimiento de la investigación y profundizar en la ruta que siguen las redes de envío de dinero a ciudades fronterizas en México, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.
Más allá de las redes para el envío de dinero, las autoridades fronterizas estatales y federales continúan con las indagatorias que descubran el vínculo entre los migrantes ilegales que cruzan la frontera con células encubiertas del terrorismo yihadista, aunque sólo se tiene una serie de piezas sueltas que no se han integrado a un expediente en las Cortes estadunidenses, en el que se pueda demostrar la acción terrorista operada a través de territorio mexicano.
Un dato interesante es que los procesos iniciados en juzgados federales y las sentencias condenatorias, ambas por delitos de financiamiento de actividades terroristas en Estados Unidos, también han caído en los últimos cinco años.
De acuerdo con reportes del Transactional Records Access Clearinghouse, plataforma estadística de la Universidad de Siracusa en Nueva York, obtenidos con estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre del año pasado jueces federales emitieron dos sentencias condenatorias contra procesados por el delito de financiamiento relacionado con actividades terroristas, lo que significó una caída de 33% respecto a diciembre de 2011. La misma tendencia mostró el caso de procesos judiciales por ese delito que tuvo una caída de 70% en el mismo periodo.
A pesar de las estadísticas, la política migratoria del presidente Donald Trump insiste en señalar la frontera sur como la coladera por la que el terror puede ingresar a casa; de ahí la emisión de órdenes ejecutivas en materia de seguridad y migración, que considera el reforzamiento de su frontera con la construcción de un muro y el fortalecimiento de la policía fronteriza con la contratación de cinco mil nuevos agentes, así como la intención de establecer un Plan Colombia para México, que les permita intervenir en operaciones dentro del territorio mexicano.
Sin embargo, los hechos cuestionan la política migratoria del presidente Trump, así lo considera la investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Texas en El Paso, quien aseguró en una entrevista para el portal Lawfare que no existe “evidencia empírica” que relacione a los traficantes de personas con grupos terroristas.
La razón parece evidente, explicó Sánchez, quien también fue investigadora criminal en Maricopa, el condado del que Joe Arpaio fue Sheriff de 1992 hasta noviembre del año pasado; “viajar con un contrabandista no sería una opción muy segura o confiable para alguien que quiera llevar a cabo una acción terrorista”. “Hemos visto que la mayoría de las personas que llevan a cabo actividades terroristas viajan por vías legales que son seguras, confiables y rápidas”.
La sospecha mexicana
El documento elaborado por el Comité de Seguridad Nacional del Congreso muestra también que los ataques registrados después del 11/S en territorio estadunidense vinculados al terrorismo islámico han sido cometidos por personas que fueron radicalizadas dentro de Estados Unidos o que llegaron mediante medios legales al territorio.
En un solo caso ha aparecido una posible conexión con México sin que hasta se haya confirmado por las agencias del país del norte. La radicalización y el vínculo con el terrorismo ha llegado incluso a ciudadanos que formaron parte de las fuerzas armadas o de seguridad pública, como el caso de Nicholas Young, un oficial de Tránsito de la Policía de Washington que fue detenido el 3 de agosto de 2016 por brindar apoyo a células del Estado Islámico. Young viajó dos veces de forma legal a Libia en 2011. El 15 de septiembre de 2015, agentes del FBI detuvieron a Joshua Goldberg, un ciudadano de Jacksonville, Florida, quien planificaba un ataque durante una ceremonia de aniversario del 9/11 que se organizó en Kansas City.
Además de ser vinculado al extremismo yihadista, Goldberg, también fue relacionado con asociaciones neonazis y antifeministas.
Otro caso, el de Erick Jamal Hendricks, un ciudadano de Charlotte, Carolina del Norte, que fue detenido en agosto de 2016 por conspirar y proveer de información de apoyo a integrantes del Estado Islámico, de acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia, Hendricks habría tenido contacto previo con un testigo protegido que reveló lazos con otros “hermanos” localizados en Texas y México, siendo ésta la única referencia, sin existir rastro preciso de esa conexión.
Aunque los vínculos no han sido confirmados, la frontera sur está en el foco de las agencias de inteligencia estadunidenses. En julio de 2016, el Congreso reveló un expediente de 28 páginas que había sido elaborado por un comité especial sobre los ataques a las Torres Gemelas, en el que fueron detallados datos sobre el viaje de un ciudadano saudí en 1999 a la frontera para estudiar los controles de seguridad y las opciones para cruzar ilegalmente.
El terror hace metástasis
Como el caso de Joshua Goldberg, el mapa de la radicalización en Estados Unidos muestra una relación con los estados en los que han sido detenidos hombres y mujeres relacionados con la yihad islámica o cometido actos terroristas.
El populismo derechista impulsado por la ideología conspirativa y hasta fanática que adoptó el presidente Trump durante su campaña, se ha convertido en la respuesta para muchos estadunidenses. La lucha retorica empezó contra la plutocracia global de políticos, medios de comunicación y sectores minoritarios de la población estadounidense.
Esto fue combustible puro para 917 grupos de odio que operan actualmente de costa a costa en Estados Unidos, muchos de estos, inmediatamente después del 8 de noviembre del año pasado, emprendieron una oleada de expresiones de odio que recorrió ese país.
Al menos, mil 94 incidentes fueron registrados en los primeros 34 días de la administración Trump, según un recuento elaborado por Southern Poverty Law Center (SPLC). De este universo, 14 grupos que se concentran en California, Arizona, Colorado, Alabama, Florida, Carolina del Norte, Nueva York, Virginia son claramente identificados como anti migrantes de acuerdo con el SPLC, que detalló que durante los primeros diez días después del triunfo del candidato republicano, se habían contabilizado 867 ataques de corte racista en Estados Unidos.
California es el estado con mayor número de organizaciones de odio con 79 asociaciones detectadas, le sigue Florida con 63, Texas con 55, Nueva York con 47, mientras que los estados con menos grupos son Dakota del Norte, Vermont y Rhode Island, en los que existe uno en cada uno. El SPLC compiló el listado de colectivos reaccionarios mediante el análisis de sus publicaciones, páginas de internet, informes de los ciudadanos, reportes policiacos, fuentes de campo e informes periodísticos.
Entre las características, reportó el Centro, destaca el odio expreso a las actividades de ciertos grupos minoritarios y de la población, que pueden incluir actos criminales, marchas, mítines, discursos, reuniones, distribución de folletos o publicaciones.
El SPLC ha documentado un aumento explosivo en el número de grupos de odio desde el cambio de siglo, impulsado en parte por el enojo que ha provocado la migración latinoamericana y las proyecciones demográficas que muestran que los blancos ya no tendrán estatuto de mayoría en el país hacia 2040.
Las expresiones se aceleraron a partir de 2009, cuando Barack Obama asumió la presidencia.
El comportamiento de estos grupos, detalla el informe, decayó debido a que un gran número de extremistas decidió refugiarse en la web, lejos de las actividades públicas, pero en los últimos dos años volvió a repuntar, en las últimas fechas motivados por la campaña presidencial del republicano, que coqueteó fuertemente con ideas extremistas, el conteo de grupos de odio ha vuelto a subir.
A partir de 2015, el odio contra la población musulmana también se aceleró en 197% en Estados Unidos, año en el que quedó registrada la actividad de 34 grupos, de los que aumentaron a 101 para 2016, y que recibieron cierto respaldo ideológico durante la última campaña presidencial y aún mayor fuerza con las políticas que Trump ha impulsado desde la Casa Blanca, que fue recibida con gusto por organizaciones de este tipo como Alt-right, con sede en Washington, con un saludo al estilo nazi: Hail Trump, hail our people, hail victory.
el dato. En México más de mil 500 personas profesan el Islam, 30% de sus creyentes se ubican en Los Altos de Chiapas, donde se han construido en los últimos años cuatro mezquitas.
en agosto pasado un nuevo dato avivó las hipótesis con la captura de un ciudadano estadunidense, acusado de conspirar y proveer de información de apoyo a integrantes del Estado Islámico, quien aseguró a un testigo que tenía lazos con otros “hermanos” localizados en Texas y México.
El riesgo real y está en los 917 grupos de odio identificados en ese país y que en los primeros 34 días del presidente Donald Trump, han participado en más de mil incidentes xenófobos, consideran especialistas
›A pesar de las estadísticas, la política migratoria del presidente Donald Trump insiste en señalar la frontera sur como la coladera por la que el terror puede ingresar a casa; de ahí la emisión de órdenes ejecutivas en materia de seguridad y migración