Hace dos años la UNESCO, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), coincidieron en algo que consideraron muy grave, los Estados no respetan sus obligaciones para la protección a periodistas. Parece algo simple y tan común que ya no sería importante. Pero lo es y mucho.
México forma parte de esos Estados. Este año podría convertirse en uno de los más peligrosos para el periodismo en el país en los últimos 50 años. Son 12 los informadores asesinados y por lo menos en nueve crímenes existen elementos que permiten suponer que el ataque fue a causa de su trabajo de informar.
Este número sólo comparable a 2010, en que se cometieron 14 crímenes y 4 informadores fueron secuestrados. La diferencia, es que en ese año siete de esos ataques aparentemente no tienen origen en su trabajo.
Reporteros sin Fronteras ofreció en la sede de la ONU testimonios sobre el asecho a los periodistas en Siria, Kosovo y México, que muestra un panorama desolador. En donde se está pagando un alto precio por informar. Muerte, prisión, terror…
Ante ese panorama, en esta Asamblea de Naciones Unidas se comenzó a cabildear entre los Estados miembros, la creación de un Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas. Esta iniciativa tiene ya el apoyo de más de 100 organizaciones y empresas periodísticas de todos los continentes, las más importantes y serias. El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se mostró interesado y ya algunos representantes de Latinoamérica han expresado su apoyo.
Cuando una sociedad no cuenta con un periodismo libre, en todas sus dimensiones, y de calidad, la sociedad pierde espacios para informarse, para tomar decisiones y con ello tener instituciones sólidas como lo exige una democracia saludable. Desde hace 16 años, cuando se recrudeció la espiral de violencia contra los periodistas y medios en el país, se ha ido renunciando poco a poco a esto. Y es que en México, en los últimos 30 años han sido asesinados 165 informadores, no todos los casos están vinculados a su profesión, pero el problema es que el 90% de esos casos se mantienen impunes.
Por eso a México internacionalmente no se le reconoce un trabajo efectivo en estos temas, porque a pesar de las muchas instituciones que ha creado a nivel federal y estatal, entre fiscalías y sistema de protección, además de cambios legales, no funcionan como debiera. Son tres las razones: la mayoría de las personas que están al frente no son las idóneas (sin vocación, sensibilidad, visión y compromiso), porque no realizan un trabajo coordinado e integral, y porque no se ha construido con una visión de política de Estado.
Es cierto que los reporteros y medios bien ganado tenemos el desprestigio, por la corrupción y los intereses que muchos en lo individual y en lo empresarial tienen y hacen valer. Pero también es muy cierto que hay periodistas que día a día creemos que el informar es un servicio esencial para los ciudadanos y un antídoto contra los abusos y la corrupción.
Cada funcionario que ha transitado por la Procuraduría General de la República (PGR) o las procuradurías o fiscalías de los estados y no ha resuelto los asesinatos y desapariciones de periodistas que existieron bajo su responsabilidad, le han fallado a la justicia y a la democracia. Cada vez que los organismos de derechos humanos nacional y de los estados han dejado de alzar la voz insistentemente y exigir la transparencia de los casos y su resolución, también han renunciado a la justicia. En el recuento histórico así serán recordados.
Desde el Gobierno de Vicente Fox hasta ahora, salvo muy contados casos de funcionarios, solían decir que no eran responsables de los ataques, porque eran cometidos por el crimen organizado. Parecía una mala broma, no lo era. Ha sido más fácil no asumir su responsabilidad.
Es el tiempo de enmendar el camino. Es el tiempo para que llegue la justicia en México y que pueda ejercerse el periodismo con seguridad. Por eso es el tiempo para una figura de protección de periodistas en la ONU, que será el canal para realizar investigaciones en países que no cumplan, servir como mecanismo de alerta rápida y de reacción inmediata. Será un dolor de cabeza para muchos gobiernos.