Acudir a cumplir con la jornada laboral a un edificio de 14 pisos ubicado en la zona Centro, solo a unas cuadras del edificio que colapsó en Chimalpopoca y Bolívar, en la colonia Obrera, se volvió un tema de riesgo de vida para los trabajadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), tras el terremoto del pasado 19 de septiembre, que dejó daños mayores en el inmueble, a los que ya habían reportado semanas atrás tras el movimiento telúrico del día 7. Este lunes 2 de octubre, los más de mil trabajadores del TFCA que preside el magistrado Luis Gerardo de la Peña, fueron presionados para reanudar labores en el edificio de Diagonal 20 de Noviembre número 275, luego de que les presentaran un dictamen pericial que señala que el inmueble “no cuenta con daño estructural ni daño secundario que pueda poner en riesgo al personal que en él labora” y solo precisa que se requieren reparaciones de estética. El documento con errores ortográficos está impreso en una hoja sin membrete. Los empleados federales desconfían del documento que firma el arquitecto Carlos Francisco Vigil Díaz quien se identifica como Director Responsable de Obra (DRO) con número de registro 0080 y que fue elaborado el pasado 25 de septiembre.
Y si bien, los trabajadores del órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentaron al lugar, checaron su entrada y se mantuvieron en inicio en la planta baja, en demanda de que la sede del Tribunal sea reubicada y para exigir a su sindicato que los represente y evite poner en riesgo a la base trabajadora con el ingreso al edificio, que además de inseguro, incurre en múltiples irregularidades. Pero eso no ocurrió. De acuerdo con testimonios narrados a ejecentral por trabajadores que pidieron el anonimato por temor a represalias, el magistrado presidente salió de su oficina y acompañado del líder del sindicato y los presionó a reanudar actividades. Una mayoría retornó a laborar pero una comitiva de 20 trabajadores interpuso amparos, ante las negligencias que han descubierto a partir de los sismos. Y es que hasta antes de los temblores ningún trabajador había reparado en la seguridad de la construcción. Se enteraron que el edificio debió ser demolido desde 1989, luego de que resultara con daños estructurales tras el terremoto de 1985, según el edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Diagnóstico que fue certificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). A ello se suma que la certificación por zona, que delimita que el límite de inmuebles en ese lugar es de 7 pisos. El Tribunal tiene 14. Sin embargo, la liga de la Seduvi que respalda esto no está disponible, ante el anuncio que hiciera la dependencia de daño en sus servidores tras el terremoto que afectó a la capital. Fue hace casi año medio, en abril de 2016 para ser más precisos, que el Tribunal se mudó de las dos sedes en que operaba, una en Avenida del Imán y la otra en Calzada del Hueso y concentró a todo su personal en el edificio de 14 pisos de la Obrera.
Y hoy los trabajadores denuncian que además habría un conflicto de interés del magistrado De la Peña porque el inmueble en renta sería de un familiar. Motivo por el cual también se oponen a reubicar el Tribunal. Se sienten amedrentados y con temor a perder sus empleos ante la presión de las autoridades, quienes incluso hicieron que bajaran de sus redes sociales las imágenes en que daban cuenta de los daños. La operación fue hormiga. Funcionarios cercanos al magistrado De la Peña llamaron uno a uno a los trabajadores para que bajaran fotos y comentarios sobre los daños del inmueble. La presión llegó a tal grado que, quienes ingresaron al inmueble para recoger bienes personales tras el temblor, les fueron quitados sus celulares para evitar que documentaran los nuevos daños. Todo esos se suma al temor que viven cada momento que pasan en el edificio porque consideran que están en riesgo de perder su vida:
Vivimos uno de los mayores terrores. No queremos ser los próximos rescatados”, agregó uno de los trabajadores.
El 8 de septiembre, tras el sismo de 8.2 grados de magnitud que dejó las mayores secuelas en Chiapas y Oaxaca, encontraron daños severos en sus oficinas desde caída de puertas, plafones y vidrios, hasta pisos con grietas profundas y pedazos de pared caídos. Y como esta vez también ocurrió, se dieron días no laborables a los trabajadores, mismos que el Tribunal aprovechó para resanar los daños. Por el sismo del 19 de septiembre hay trabajadores de resultaron heridos e incluso usan yeso o collarín, y aún así la presión para que regresen a laborar es la misma que para quienes no sufrieron daño alguno. Hoy los empleados del Estado, encargados de los litigios laborales de los funcionarios federales, exigen a sus directivos “no resanen más las grietas” y escuchen su demanda de seguridad. [gallery size="medium” ids="798292,798291,798317,798289"]
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