Oscar Moha

Chiapas, aparte de ser el Estado con mayor número de personas que profesan la religión cristiana evangélica en México, también ocupa uno de los primeros lugares en analfabetismo, pobreza extrema, depredación ecológica, desnutrición, embarazos de menores de edad, abuso sexual contra adolescentes, cáncer cervicouterino, casos de dengue, muertes maternas, es decir hay un retraso en esa entidad en materia de educación, salud y economía.

Es el Estado con el mayor número de estaciones de radio propiedad de evangélicos -tienen al menos 44 frecuencias que se escuchan algunas en zonas indígenas zapatistas y otras hasta Guatemala- el fenómeno religioso ha llevado a los chiapanecos a fundar al menos 450 Asociaciones Religiosas, de todas las tradiciones, incluyendo musulmanes, indígenas chamulas que tienen El Corán como su libro sagrado. La diversidad religiosa crece en las montañas del sureste mexicano gracias en parte a esas estaciones “piratas”, algunas financiadas técnicamente desde Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

Ahí también el fenómeno migratorio se asienta con diversos matices y resultados lamentables: el maltrato, robo, violación, desaparición y asesinato de migrantes. “Cuando llegan a la frontera entre Chiapas y México la primera ‘bienvenida’ se las está dando la Guardia Nacional porque tienen la instrucción de impedirles el paso y de llegar a los albergues. Los que logran instalarse son ‘fichados’ en las estaciones migratorias y casi los obligan a regresar a su país, por orden del Presidente de Estados Unidos”, dice uno de los párrocos encargados de la organización “Nadie es Extranjero”, que opera en Chiapas.

Desde octubre del 2018, cuando comenzaron a llegar las primeras caravanas masivas de migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala se han incrementado los abusos y las desapariciones en la entidad gobernada por Rutilio Escandón Cárdenas, del partido Morena. Las estaciones migratorias ocultan los datos sensibles de las personas que llegan a solicitar asilo, o visa humanitaria, por razones multifactoriales. Las Iglesias que brindan ayuda, principalmente católicas y evangélicas y las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen ahora acceso restringido a instalaciones y datos que el Instituto Nacional de Migración (INM) maneja.

El pastor Arturo Farela Gutiérrez (y sus 100 Iglesias) que encabeza la “4T Evangélica” dijo en enero pasado que más de 7 mil congregaciones afiliadas a su Confraternidad brindarían albergue, alimentación y asesoría legal a los centroamericanos en las fronteras norte y sur del país. A decir de funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de líderes de las ONG’s que trabajan en las zonas de conflicto, fue el INM, a cargo del Comisionado Francisco Garduño Yáñez, el que otorgó a Farela insumos para que fueran distribuidos en esos albergues.

Lo mismo le expresaron los encargados de los refugios a cargo de evangélicos en Tapachula, a una comitiva de diputados, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo que visitaron la “Estación Migratoria Siglo XXI” el pasado lunes. El pastor José Cano López, quien encabeza una alianza ministerial en los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria y Comitán informa que varios de sus colegas están compartiendo la “visión estadunidense” para ayudar al actual gobierno. Es decir, desalentar a los migrantes en su huida la Unión Americana convenciéndolos de que salir de su país para buscar una mejor calidad de vida es un “pecado”, ya que violan la ley al no contar con los permisos y documentos necesarios para transitar en una tierra que no es la de ellos.

Aparte, les hacen ver los trastornos sociales y religiosos a los que se enfrentan en un país ajeno. A decir del pastor Cano, varios de sus colegas, que comulgan con la “doctrina Trump” (de desprecio a los indocumentados) propagan la enseñanza de señalarlos como “pecadores”, por lo que llevarlos al “arrepentimiento”, convenciéndolos de regresar a su país de origen, es tema del sermón dominical en varios templos de la ruta que siguen, al menos en Chiapas. “Si Trump lo ordena y nuestro Presidente de la República lo obedece, los pastores aliados de Arturo Farela deben estar apoyando esto”, considera Cano.

PALABRA DE HONOR: Si Emilio Lozoya Austin, ex Director de Pemex en el sexenio pasado y Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, actuaron sin que sus superiores lo supieran es tan grave como si Enrique Peña Peña Nieto y su antecesor conocieran de sus actividades y no lo denunciaron en su tiempo. Se llamaría “complicidad”. Una “consulta pública” sería eliminar la Constitución por mayoría de votos.

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