Coinciden quienes pretenden gobernar a México en que, para mejorar nuestras condiciones de vida y de progreso económico, debemos acabar con oligopolios profundamente arraigados y procurar la implantación de una política de competencia efectiva en mercados vinculados con áreas estratégicas o prioritarias para el desarrollo nacional.
Entre las reformas aprobadas con motivo del extinto Pacto por México, tres son las que consideramos íntimamente relacionadas con la economía: la laboral, la de telecomunicaciones y la energética. Existen otras tangenciales que también incidirían en la materia, pero no por ello son, así digámoslo, reformas troncales.
Las telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la telecomunicación en estricto sentido, constituyen uno de los mercados con mayor desenvolvimiento en las estadísticas e indicativos de crecimiento nacional. En oposición a otros sectores, como el inmobiliario, reflejan un desarrollo sostenido tanto en infraestructura, como en servicios y usuarios.
Una cuestión resulta relevante destacar --en la medida en que ha sido una de las consideraciones medulares alrededor del cual se ha construido la nueva ingeniería jurídica--: radiodifusión y telecomunicaciones son sectores que ineludiblemente habrán de consolidarse, virtud al fenómeno de la “convergencia tecnológica”. Espectro radioeléctrico nacional e infraestructura de red se unificarán como una plataforma de datos única, a través de la cual los usuarios intercambiarán información por teléfono, por Internet o televisión, que en esa medida configurarán un mismo servicio.
Frente a la declaratoria de preponderancia de Telmex, aparece ineludible la pregunta en torno de cómo lograr la pronta incursión de un agente económico que pueda convertirse en un competidor efectivo en el mercado de la telefonía fija o, como habrá de ocurrir, en el de un nuevo mercado relevante que abarca telecomunicaciones consolidadas amén de la inminente convergencia tecnológica.
Se investiga y está por definirse cuál es el tratamiento que habrá de concederse a la red que vienen creando las empresas de Megacable y otras concesionarias del mismo servicio ya asociadas, que desarrollan una plataforma a través de la cual podrían competir en el mercado relevante de la telefonía fija. Ya en el inicio de la investigación misma se ha reconocido que los agentes investigados no han causado ningún daño al mercado en la actividad que ellos mismos vienen realizando. La problemática estriba en que el IFETEL define su posición y regulación desde la perspectiva de la participación que estos tienen en el mercado de la televisión restringida, pasando por alto la necesidad apremiante de generar condiciones de concurrencia en el mercado de la telefonía fija.
Pareciera que las facultades de regulación de las telecomunicaciones y de la competencia económica otorgadas al IFETEL se separaran o se condujeran de manera autónoma, en contrasentido al espíritu de la reforma constitucional del 2013 que lo habilitó como autoridad única para atender un mandato puntualmente identificado y que tiene que ver con el rompimiento de la inercia.
Los criterios resultan imprecisos y contradictorios, pues mientras la visión es complaciente tratándose de la lectura y condiciones de operación de la telefónica tratándose de la prestación del servicio de televisión, así sea que provenga de su asociación en el ámbito de la recuperación crediticia, como sucedió con Dish, o a través del aprovechamiento de la plataforma de Internet, como lo hace con Claro TV, dichos criterios se convierten estrictos y restrictivos cuando se valora la participación de la concesionaria de redes públicas dedicadas a la televisión por cable, cuando pretenden incursionar en el segmento de la telefonía fija.
Lo cierto es que el establecimiento de directrices que pudieran impedir la consolidación de una red e infraestructura que pueda hacer frente al tamaño de aquella que hoy posee el agente preponderante, de cara a la convergencia tecnológica, no producen sino la posibilidad real de que la práctica monopolística que se pretendió evitar con la reforma constitucional se aleje. Esa visión en la que todos los mexicanos coinciden, de que nuestro progreso está asociado a la eliminación de los oligopolios, no podrá materializarse mientras no se tenga claridad sobre la política que permita concederle a los agentes entrantes en el mercado de referencia, una posición sólida que los haga competitivos frente al agente preponderante.
Es evidente que ante la disyuntiva que se presenta, indispensable resulta entender cuál fue el propósito de la reforma como también, en mayor medida, el alcance que se debe conceder al concepto de mercado relevante objeto de investigación por parte del IFETEL, cuando este se vendrá consolidando en uno solo en el futuro inmediato. Telefonía y televisión restringida son ya, básicamente, dos productos asociados que se ofrecen en una misma plataforma. ¿Qué tratamiento se debe conceder a los agentes entrantes, en la medida en que los privilegios otorgados al preponderante pudieran producir el descarrilamiento del principio constitucional que privilegia una competencia que sería, no sólo posible, sino esencialmente sana?