Lourdes Mendoza

Qué les cuento. Que entró en vigor la Ley de Austeridad Republicana, sí, esa que busca eliminar los excesos al ejercer el gasto público, contribuir con el bienestar social y erradicar la corrupción, pero también tiene disposiciones que podrían violar la Constitución, por lo que se prevé una lluvia de amparos por parte de burócratas.

Uno de los principales puntos polémicos es el artículo 24 de la Ley, el cual precisa que los funcionarios de mando superior, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido ¡al menos 10 años!

En su momento, la senadora del PRI, Vanessa Rubio, calculó que el candado afectará a más de 1.4 millones de servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, ya que no podrán ser contratados en las empresas al menos por una década, lo que está por encima del artículo quinto de la Constitución Política que garantiza que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode y sea lícito.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, Fernando Senties, opinó incluso que el lapso es exagerado porque en otros países va de uno a cinco años. Por ejemplo, en Estados Unidos es de cinco años, mientras que en España y Japón es de dos.

De acuerdo con Morena y el mismo AMLO, este candado es para evitar el fenómeno que bautizaron como “chapulines fifís” al explicar que expresidentes de la República, exsecretarios, exdirectores de Pemex, por ejemplo, trabajaron en empresas relacionadas con el sector energético, “mientras que los que rescataron los bancos se fueron a trabajar a los bancos rescatados”. Ojo. El mismo AMLO dijo que esto fue legal porque el tiempo de espera para saltar del sector público al privado  era de un año.

Por otro lado, la nueva ley tiene varias disposiciones que la misma 4T debería atender para predicar con el ejemplo. Es el caso del artículo 8 que ordena que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas y las excepciones deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado del control interno que corresponda.

¡Ah! Pero recuerdan que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad destacó que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, Compranet registró 76 mil 613 contratos concedidos, de los cuales 77.3 por ciento se entregaron de manera directa, 16 por ciento a través de licitaciones públicas, 6.6 por ciento por invitación restringida y 0.03 por ciento por otros mecanismos. ¡Quihúboles!

O qué les parece el artículo sexto transitorio de la ley que prohíbe la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado. Esta disposición se resaltó como una buena medida, pero luego vimos que a Evo Morales, expresidente de Bolivia, lo cuidaban elementos de las Fuerzas Armadas que eran parte del Estado Mayor Presidencial y que habían resguardado la integridad de Felipe Calderón, incluso a Vicente Fox. Obvio, las críticas llovieron.

Sin duda hay partes de la nueva ley que son de resaltarse y que tienen palomita, como prohibir el nepotismo, tener mayores medidas de transparencia en fideicomisos y fondos, dar trato respetuoso y expedito a las personas que requieran servicios gubernamentales y prohibir las pensiones de expresidentes… claro, salvo a Evo Morales. ¡Ah, no! Perdón, estoy siendo mezquina.  

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