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Julio Pérez de León

Hasta la semana pasada, operaban 500 oficinas federales en el país y en ellas laboraban 206 mil servidores públicos. En los últimos tres años esas oficinas, que representaban a la mayoría de secretarías de Estado en las entidades y hasta en algunos municipios, manejaron casi 231 mil millones de pesos que debían repartir en programas sociales y desarrollo de infraestructura. Ahora, esto deberá ser operado por 32 oficinas en el país.

Desde 2016, en promedio cada año el gobierno federal entregó a estas oficinas 82 mil millones de pesos; sólo en 2018 el monto bajó hasta 66 mil millones de pesos. Es esta la bolsa de dinero que disputan en su operación los gobernadores.

También ese es el monto que podría manejar las 32 nuevas superdelegaciones creadas por Andrés Manuel López Obrador, las cuales tienen un plazo máximo de acuerdo con la ley, al 27 de mayo de 2019, para hacer una reingeniería con estas 500 oficinas y disminuir el número de personal, lo que comenzará a verse reflejado en el Presupuesto de Egresos.

Y es que esas oficinas fueron instaladas para facilitar la llegada y distribución de los recursos para los gobiernos estatales, las organizaciones sociales o incluso los ciudadanos directamente. Sin embargo, muchas de ellas se volvieron muy costosas, opacas en su operación y vacantes para colocar a amigos o familiares de funcionarios y hasta gobernadores. En conjunto se gastó, cada año en ellas, 16 mil 400 millones de pesos sólo en salarios.

Un caso. La Secretaría de Economía tiene 49 representaciones federales en el país, 32 de ellas son delegaciones y 17 subdelegaciones. Esta infraestructura sólo se utiliza para operar un solo programa para el apoyo y asesoría de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) productivas y competitivas, y para la atención de trámites de la institución.

El costo anual de cada oficina, por los salarios que se pagan, es de 30 millones de pesos, en promedio.
Por ejemplo, en Aguascalientes la Secretaría erogó en 2017 poco más de 37.9 millones de pesos; de ese dinero 91% fue servicios personales, 34.6 millones de pesos, según revela el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

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Poder económico. Las superdelegaciones se convertirán en autoridad rectora para la aplicación de recursos e implementación de los programas federales. Foto: Cuartoscuro

Mucha oficina, pocos programas

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el país se encuentran registrados 206 mil burócratas que trabajan para delegaciones estatales, de los cuales, mil 390 son delegados de alto nivel.

Las delegaciones ejecutan un gasto programable, es decir, aquel que usa el gobierno para proveer de bienes y servicios a la población, así como el gasto en programas sociales y lo necesario para la operación de las instituciones gubernamentales.

Sin embargo, estas oficinas no tienen como función el control y gasto en materia de programas sociales, sino que únicamente hacen las veces de control y supervisión de obras y prestación de bienes y servicios otorgados a la población.

El otro rubro, que se opera desde las dependencias y no tienen injerencia las delegaciones, es el gasto no programable del gobierno federal, el cual se emplea para financiar el pago de sus obligaciones. Entre éstas se incluyen las transferencias que se hacen a las entidades federativas y municipios (Ramos 28 y 33), erogaciones para las operaciones y programas de saneamiento financiero (Ramo 29), adeudos de ejercicios fiscales anteriores —Adefas— (Ramo 30); así como el costo financiero (los intereses y pago de la deuda (Ramo 24), comisiones, saneamiento financiero y apoyos a ahorradores y deudores de la banca (Ramo 34).

En el actual ejercicio fiscal son 13 las secretarías de Estado y dependencias que mantienen activas a sus delegaciones, con un promedio de 40 programas presupuestales. Aunque sólo las delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) operan entre tres y ocho programas de gasto en inversión, de los 17 programas que ejecuta en cada estado; en su mayoría se trata de gastos operativos de supervisión, para ello cuenta con una plantilla de ocho mil 997 empleados en todo el país.

Entre esos programas se encuentran: Proyectos de construcción de carreteras, como Carreteras eficientes, seguras y suficientes, Reconstrucción y Conservación de Carreteras, Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes, Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, Programa de Empleo Temporal (PET) y Puertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo, entre otras. Para lo anterior se invirtieron poco más de mil 954 millones de pesos sólo en Chiapas.

La Secretaría de Desarrollo Social, ahora denominada de Bienestar, es la segunda que opera más programas presupuestales con seis, entre ellos, destaca el Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza, y Programa de Empleo Temporal (PET).

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene oficinas en todo el país y opera tres programas básicos: Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno; Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural, y Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria para impulsar la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera.

Otro caso de aparente poca utilidad son las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que toda sus oficinas en el país sólo tienen una actividad institucional: Diseño y aplicación de la política educativa para desarrollar el programa presupuestario: Diseño de la Política Educativa. Para ello tiene contratados a 79 mil 845 empleados.

Sólo en Colima se gasta mensualmente poco más de 5 millones de pesos, de los cuales el 93.1% es para el pago de salarios, dejando apenas medio millón de pesos para subsidios.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en su artículo 17 de cada secretaría y dependencia del Estado puede contar con delegaciones federales para asegurar que los trámites y funciones que les competen puedan ser llevadas a cabo, ya sea por estado o por regiones que abarquen más de una entidad.

Sin embargo, no se trata sólo de secretarías de Estado, sino que se amplía a otros organismos, como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional del Agua, Profeco, INEGI, Inmigración, Aduanas y el IMSS, por mencionar algunos.

Para José Gómez Leal, coordinador estatal en Tamaulipas, se podrían desaparecer 20 de las 56 delegaciones federales que operan en el estado, y el resto se convertirán en oficinas integradas.

En los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018 se han gastado cerca de 231 mil millones de pesos. Aunque el flujo presupuestal ha bajado de 82.7 mil millones de pesos en 2016 a 66.4 mil millones de pesos en 2018, lo que representa en términos relativos una disminución de 20% que equivale a 16.2 mil millones de pesos en términos reales.

Gómez Leal explicó que la reingeniería incluye revisar una por una para ahorrar en renta de edificios y ubicar cuáles delegaciones se pueden fusionar, y eliminar las plazas como las que muchos delegados tienen de secretarios particulares, asistentes, secretarias y asesores. “Eso queremos que termine, se gasta mucho dinero y todo esto se va invertir mejor”, comentó.

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