Humans Rights Watch (HRW) presentó esta semana su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual denunció que en México prevalecen los casos de graves violaciones a los derechos humanos, cometidos principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad, además de la ineficacia en la protección a víctimas, periodistas y activistas. En su Informe Mundial 2018, la organización resaltó los pocos avances que ha obtenido el gobierno para enjuiciar a los responsables de cometer abusos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, y menos aún en obtener justicia ante la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la guerra contra el narcotráfico. Dicho documento se divide en apartados que evidencian los principales abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, además de la inacción del gobierno en otros rubros importantes para la defensa y preservación de los Derechos Humanos.
Desapariciones Forzadas
Miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado, desde 2006, en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada. Mientras que en agosto de 2017, el gobierno anunció que se desconocía el paradero de más de 32 mil personas reportadas como extraviadas. La organización recordó que las autoridades no han presentado avances respecto a la desaparicióon de los 43 normalista de Ayotzinapa el 2014 en Iguala, Guerrero, señalando que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva tras las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). A pesar de los indicios de que autoridades estatales y federales, así como las fuerzas armadas, estarían implicados en la desaparición de los estudiantes, el Ministerio Público solamente había imputado a más de 100 personas por su presunta participación en los secuestros; sin embargo, no ha ejercido acciones contra funcionarios. Condenó también que solamente uno de los estudiantes ha sido identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los normalistas; además de las amenazas recibidas por un inspector general que determinó en un informe interno que los investigadores habían violado la ley y llevado a cabo detenciones arbitrarias y ejercido coacción contra presuntos implicados.
Abusos militares e impunidad
En el apartado de abusos cometidos por militares, Humans Rights Watch destacó que de 2006 a julio de 2016, la CNDH había recibido casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de dos mil durante el gobierno actual; además determinó que hubo más de 100 casos de violaciones serias de derechos humanos cometidas por militares. También condenó que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior en noviembre de 2017, que autoriza la intervención militar en las actividades de seguridad pública internas, sin prever medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas. En el caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, donde 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente según testigos y la CNDH, nadie ha sido condenado. En mayo de 2016, un tribunal federal penal ordinario absolvió al último de ocho soldados imputados por homicidio.
Tortura
En este apartado se resalta que la tortura a detenidos es una acción habitual en México para obtener información y confesiones; estas agresiones se aplican más frecuentemente en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 64 mil personas que en 2016, estaban encarceladas en 370 cárceles de todo el país, el 57.8% de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado. De estas personas, el 19% indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36% haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas; y el 59% haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28% manifestó haber sido amenazado con la posibilidad de que hicieran daño a familiares (Foto: José I. Hernández / Cuartoscuro).