MADRID, España. Dos influyentes líderes independentistas fueron enviados a prisión provisional por el delito de sedición este lunes, lo que amenaza con tensar la crisis entre los separatistas de Cataluña y el Gobierno central, tras un nuevo día de diálogo de sordos. Luego de un cruce de cartas entre el presidente catalán, Carles Puigdemont y el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, que evidenció el bloqueo de la peor crisis política en 40 años de democracia en España, la jornada culminó con noticias de los tribunales, donde también se libra la batalla. Una jueza de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en los casos más complejos, decretó prisión preventiva para los líderes de dos destacadas asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por el delito de sedición ligado a hechos ocurridos el 20 de septiembre en Barcelona. El auto los señala como los “principales promotores y directores” de una multitudinaria concentración ante un edificio del Gobierno catalán en el que la policía española efectuaba registros para impedir el referéndum de autodeterminación en Cataluña del 1 de octubre. Los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron por horas la salida de los agentes. Esa noche, Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Cuixart, de Òmnium Cultural, se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil española y llamaron a “la movilización permanente”. “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”, clamó Sánchez, según el auto. Mientras que los líderes fueron enviados a prisión provisional tras declarar ante la Audiencia Nacional este lunes, otros dos encausados por los hechos, el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna quedaron en libertad provisional. La medida contra Sánchez y Cuixart provocó una cacerolada de protesta que resonó por extensos minutos por varios barrios de Barcelona y otros lugares de Cataluña. En la plaza Sant Jaume de la capital catalana se concentraban unas 200 personas que gritaban “Independencia”, constató una periodista de AFP.
La movilización continúa
A Trapero, que se dio a conocer por su actuación como líder de la investigación de los atentados yihadistas en Cataluña en agosto, se le acusa también de sedición por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referendo del 1 de octubre prohibido por la justicia, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España. El delito de sedición puede ser castigado con hasta 10 años de prisión en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades. La medida contra Sánchez y Cuixart causó irritación en las autoridades catalanas, que la calificaron de “provocación” del Estado español, aun cuando llamaron a la calma. “Lamentablemente, tenemos prisioneros políticos de nuevo”, escribió en Twitter el presidente catalán. “El Estado español está jugando a provocar, pero no podemos caer en eso”, dijo de su lado el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, mientras que la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, calificó los hechos “barbaridad”. Tanto la ANC como Òmnium anunciaron varias movilizaciones: un “paro de protesta” el martes a las 12h00 locales (10h00 GMT) y concentraciones silenciosas a las 19h00 (17h00 GMT) ante las delegaciones del Gobierno central en Barcelona y otras ciudades. “La movilización continúa, no podrán encarcelar a todo un pueblo”, escribió Òminum en Twitter. (Foto AFP) RB