Raúl García Araujo

Algo grave ocurre cuando la autoridad toma distancia de los problemas que le afectan a la gente y hace como si no pasara nada.

Ante esta política de “dejar pasar”, los problemas crecen día con día hasta que llega el momento en el que el hilo se revienta.

Eso está pasando en Chiapas. Desde principios de este año, los propietarios de gasolineras en ese estado han pedido ayuda a las autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar el contrabando de gasolina que ingresa de forma ilegal y sin ningún control por la frontera con Guatemala.

Ese combustible, que es transportado en tambos, se vende en puestos a la orilla de las carreteras, en talleres, tiendas, cerca de escuelas y, en el colmo del cinismo, a un costado o frente a las propias gasolineras.

En promedio, cada litro de esa gasolina cuesta entre tres y cuatro pesos más barato porque, además de que no paga impuestos, es mezclado con etanol o solventes para hacerlo rendir y obtener más ganancias sin importar los daños que pueda causar a los motores.

La venta se da a todas horas y a la vista de las autoridades tanto federales, estatales y municipales, quienes parecieran ver este fenómeno como algo normal. En la comercialización del producto participan hombres, mujeres y niños, que obviamente no cumplen ningún protocolo de Protección Civil.

Tan solo en julio, dos de esos puestos de madera quedaron reducidos a cenizas tras ser consumidos por las llamas. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido víctimas. De acuerdo con la Unión de Distribuidores de Gasolina de Chiapas, las pérdidas por la competencia ilegal ascienden a 15 millones de pesos al día, y van en ascenso.

Los más afectados son los propietarios de 60 estaciones de servicio en 17 municipios, que reportan una caída en sus ventas de 65 por ciento en comparación con el año pasado.

Los dueños de esas estaciones han tenido que despedir personal mientras siguen cumpliendo con todas las inspecciones que periódicamente les realizan diferentes autoridades, además de las visitas de personal de Profeco para constatar que vendan litros de a litro y evidenciar quién vende más caro en el país. 

En julio pasado, los gasolineros le entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carpeta con fotografías y evidencia del crecimiento de la venta ilegal de combustible.

En esos documentos manifestaron su apoyo a la lucha contra el “huachicol” y evidenciaron que el negocio del contrabando de gasolina en Chiapas está creciendo al amparo de organizaciones sociales como el Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, que ha encabezado cierre de carreteras y el secuestro de camiones cuando sus intereses se ven afectados.

El presidente, según cuentan los propios empresarios, tomó la carpeta y dijo que iba a checar el tema, pero hasta ahora no han tenido ninguna respuesta.

Mientras tanto, los puntos de venta se han multiplicado, y en una muestra de la impunidad con la que operan hay gasolineras piratas que, con una máquina despachadora vieja, usurpan la marca Pemex.

Los gasolineros se dicen muy preocupados e incluso han considerado hacer cierres carreteros para llamar la atención a su problemática, pues esta venta ilegal se ha dejado crecer hasta acaparar un 30 por ciento del mercado.

La amenaza, evidentemente, es para ellos como empresarios; también para el gobierno, que deja de recibir ingresos por la recaudación de esos impuestos y su omisión al actuar ante una clara violación a la ley; pero también lo es para la población, que está en riesgo de una tragedia por el manejo inadecuado del combustible, como ya ha ocurrido en otros estados. Ojalá que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, no solo vaya los lunes a “Las mañaneras” junto al presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre el “Quién es Quién en los Precios de Combustibles”, sino que también dé a conocer qué se está haciendo para acabar con el “huachicol” en Chiapas.

En Cortito: Nos cuentan que los trabajadores del Sistema Colectivo Metro están muy preocupados por que se presente una desgracia en sus instalaciones, ya que el gobierno de Claudia Sheinbaum tienen en el abandono al organismo. Nos dicen que, la semana pasada, uno de sus trenes se descarrilo en el taller de mantenimiento de Zaragoza, sin que las autoridades del Metro dieran una explicación de lo sucedido. La preocupación se centra en que esto puede pasar con pasajeros a bordo, ya que las vías de varias líneas presentan severos daños. Hoy En Corto publica las fotos del accidente.

Foto Especial

Foto Especial


Compartir