El Gobierno de la Ciudad de México abrió una nueva polémica entre la población, por la que está recibiendo duras críticas: la inacción de la policía para evitar que grupos de anarquistas aprovechen las marchas para que, con total impunidad, realicen desmanes en negocios y monumentos históricos de la capital del país.
Bajo el argumento de que no son un “gobierno represor”, Claudia Sheinbuam deja que este tipo de manifestantes destrocen infinidad de establecimientos, a los cuales les rompen cristales, hacen pintas e incluso prenden fuego.
La imagen reproducida por las diversas cadenas de televisión el pasado 26 de septiembre –durante la marcha para conmemorar cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa- y las del sábado 28 en la movilización a favor del aborto, enviaron el mensaje de que la capital del país es una ciudad sin ley.
La jefa de Gobierno lejos de dar una respuesta contundente a quienes participan en estas movilizaciones violentas, insistió en su discurso de que no caerá en provocaciones.
En tanto la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, se la pasó declarando que ya se abrieron las carpetas de investigaciones por estos hechos, sin que hasta la fecha dé a conocer sobre la detención de alguno de los presuntos responsables.
Y bueno qué decir del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, quien se la pasa justificando un día sí y otro también la mediocridad con la que se conduce al frente de esta dependencia, y solo se dedica a ver cómo estos grupos radicales destruyen inmuebles de particulares así como monumentos que forman parte del acervo histórico del país.
La molestia ya llegó a los empresarios, quienes, cansados de la mala imagen que producen este tipo de eventos en la Ciudad de México, alzaron la voz en demanda de una solución.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) condenó los dos últimos actos vandálicos y exigió a las autoridades actuar de manera inmediata, así como fincar responsabilidades a quienes participan en los delitos de destrucción patrimonial privada y pública.
En ese mismo sentido se pronunció la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que pidió a las autoridades ejercer sus facultades; incluso en su cuenta de Twitter preguntó: “Si no se cumple el compromiso de hacer cumplir la ley. ¿Qué sigue?”.
Y sin duda la pregunta de este organismo empresarial tiene lógica. ¿Qué sigue? que cualquier grupo, por el simple hecho de no estar de acuerdo con la forma en se atiende su problema, tome las calles de la Ciudad de México para hacer y deshacer porque no hay ni habrá autoridad que se lo impida.
El gobierno de Claudia Sheinbaum lejos de atender este tipo de problemas se sale por la tangente.
Lo que sí debe saber la morenista es que los habitantes de la Ciudad de México saben en qué momento quitarle el respaldo que les dio a sus autoridades, y ella tendrá que asumir el costo político de lo que no está haciendo bien.
Sheinbaum debe entender que ella no es una política con fuerza ni mucho menos un animal político como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador y que cada uno de sus errores se verán reflejados en las próximas elecciones de 2021; esos resultados, sin duda, influirán en sus aspiraciones presidenciales.
Hoy, durante el 51 aniversario de la matanza de Tlatelolco, se espera la presencia de estos grupos radicales y violentos, pero no se preocupe porque la jefa de Gobierno informó que los podrá contener con un “Cinturón de paz” que será integrado por civiles y miembros de fuerzas de seguridad. Sin duda, una tontería, y usted verá hoy las imágenes.
En Cortito: Nos cuenta que una comisión de 100 presidentes municipales del país acudió, la semana pasada, a las puertas de Palacio Nacional con la intención de informar al presidente Andrés Manuel López Obrador la grave crisis en materia de infraestructura que padecen debido a la falta de recursos. El movimiento fue encabezado por el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, quien dijo que es necesario evitar una crisis nacional en materia de infraestructura y servicios públicos como la seguridad, el agua potable, la pavimentación de calles y el alumbrado público. Nos dicen que pidieron la creación de un Fondo para Infraestructura Municipal cuyos recursos sean administrados de manera directa por la Federación y los municipios.