@lorena_becerra
La más reciente encuesta de victimización del INEGI publicada el 30 de septiembre nos muestra una estabilización de los delitos a nivel nacional, diversos focos rojos a nivel estatal y pocos cambios en las percepciones de la gente. Al ser una de las fuentes principales de seguimiento y mapeo de la criminalidad en el país, esta encuesta nos dice mucho acerca del avance (o no) que se está logrando en la materia. De igual forma, nos permite entender fenómenos como la cifra negra – o el porcentaje de delitos no denunciados – para dar contexto a los datos de denuncias publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tener un panorama más completo de lo que sucede en el país.
Según los últimos datos de la ENVIPE, la incidencia delictiva permaneció casi igual de 2013 a 2014 a nivel nacional con poco más de 41 mil delitos por cada 100 mil habitantes. Los delitos más frecuentes continúan siendo el robo o asalto en la calle o transporte público y la extorsión, aunque el fraude ahora supera el robo parcial o total de vehículo que era el tercer delito más frecuente en 2013. La cifra negra asciende a 93%, por lo que 9 de cada 10 delitos continúan sin ser denunciados. El 30% de las personas dice no denunciar porque representa una pérdida de tiempo, 16% porque desconfía de la autoridad, 11% por falta de pruebas y 10% por miedo al agresor.
Estas razones para no denunciar nos ilustran uno de los principales problemas del sistema de justicia en México, desde la ineficiencia de las autoridades en el tiempo que se toma la denuncia, hasta la incapacidad de lograr que las víctimas se sientan protegidas por las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Por si esto fuera poco, el 33% de los delitos que sí fueron denunciados no llegaron a un inicio de averiguación previa gracias a la actitud hostil de la autoridad. Es decir, en al menos uno de cada tres delitos en que las personas quisieron denunciar fueron mal tratadas por las autoridades por lo que la denuncia fue descartada. En este sentido, cabe notar que el porcentaje de averiguaciones previas en las que no pasó nada aumentó de 50% a 54% de 2013 a 2014, cifra alarmantemente alta.
Por otro lado, en las cifras estatales observamos mejoras en incidencia delictiva en Coahuila, Chihuahua, Sonora y Veracruz. Por el contrario, existe un incremento muy importante de delitos en Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán. Existen contrastes importantes en algunos estados de un año al siguiente: Aguascalientes había mostrado una disminución de 24% en 2013 y ahora un aumento de 60% en 2014; Baja California Sur había visto un decremento de 24% y ahora exhibe un aumento de 46%; Coahuila había incrementado en incidencia delictiva en 42% en 2013 y ahora muestra una mejora de 28%; Tamaulipas había mejorado con una reducción de 23% en 2013 y ahora exhibe el peor aumento de todos los estados con 72%; Veracruz había registrado un incremento de 20% en el año previo que ahora se transforma en una reducción de 26%.
Estos casos llaman la atención, no sólo por los cambios tan extremos de un año a otro, sino porque en algunas entidades, como Veracruz, no parecen ajustarse a la realidad. Si observamos las denuncias del Secretariado Ejecutivo para este estado de 2013 a 2014 sí existe una disminución importante en casi todos los delitos lo cual pareciera coincidir con los datos de la encuesta. Sin embargo, eventos más recientes nos indican la presencia fuerte del crimen organizado en la entidad, desde homicidios dolosos y secuestros, hasta los escándalos que ha enfrentado el gobernador Javier Duarte.
Una de las explicaciones más recurrentes para este tipo de fenómeno es que la presencia del crimen organizado tiende a resultar en un decremento en la delincuencia común. Los cárteles buscan controlar la actividad delictiva por lo que terminan con los criminales no organizados o, en algunos casos, los cooptan. Así, entidades como Veracruz en este año o Tamaulipas el año anterior ven reducidas sus tasas de victimización, no porque realmente el estado sea más seguro, sino porque los delitos que se están cometiendo se relacionan con la delincuencia organizada. Esto hace más compleja la explicación para casos como el Estado de México que el año pasado alcanzó una incidencia delictiva de 93 mil delitos por cada cien mil habitantes y que ahora no muestra un cambio estadísticamente significativo, pero en donde también operan agresivamente diversos grupos del crimen organizado.
En términos de percepción, el porcentaje de personas que considera su entidad como insegura permanece muy alto en 73% - sin cambios con respecto al año anterior. Curiosamente hay una mejora en percepción en estados como Aguascalientes o Durango en donde la incidencia delictiva aumentó considerablemente. En Veracruz la percepción de inseguridad se deteriora a pesar de la caída en incidencia delictiva mientras que en Oaxaca y Baja California Sur la percepción de inseguridad aumenta muy en congruencia con el incremento en victimización. El resto de los estados permanecen relativamente estables siendo el Estado de México, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas los que peor percepción de inseguridad registran.
La evaluación de las instituciones no registra cambios importantes a nivel nacional salvo una ligera pérdida de confianza del Ejército y la Marina. La falta de confianza en las instituciones, así como la percepción de que son corruptas o incompetentes, continúa siendo uno de los principales problemas que se registran respecto a la problemática de inseguridad en el país. A pesar de que en algunos casos se observan mejoras reportadas por esta última encuesta de victimización, las cifras que exhiben estabilidad a nivel nacional distan de representar buenas noticias. La incidencia delictiva continúa siendo alta, la ausencia de denuncia representa un reto brutal en lo que respecta a la impunidad y eficacia del sistema, y el vínculo casi inexistente de la ciudadanía con sus autoridades es un síntoma más de la desconexión de la clase política con la opinión pública.