No existe evento alguno en el planeta que tenga mayor relevancia que los Juegos Olímpicos. Desde que tuvo lugar la primera olimpiada de la era moderna en 1896, con tres excepciones durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cada cuatro años se reúnen los atletas mejor preparados de todos los rincones de la tierra con el objeto de competir y ganar la máxima presea a la que cualquier deportista pueda aspirar: la medalla olímpica de oro. Es esa característica cualitativa de las olimpiadas lo que las convierte, también, en un espectáculo cuya transmisión televisiva constituye un objeto preciado, altamente codiciado, por la garantía de patrocinios ligados a un sinfín de marcas y signos comerciales que aprovechan el cautiverio del televidente.
Fuera de los problemas de discriminación y dopaje, quizá la puja por el precio de los derechos televisivos para la transmisión de cada olimpiada constituye una de las facetas obscuras más distintivas en las que se ve involucrada la organización de dicha justa; y es que la cantidad a la que llegan a ascender las ofertas acaba siendo de extraordinaria consideración: la NBC de los EEUU ofertó 7,560 millones de dólares por los derechos de transmisión de los Juegos de verano e invierno desde 2014 hasta 2032.
El pago de tales patrocinios constituye un elemento necesario para la subsistencia de la competición más importante del mundo, si se toma en consideración que es este el mecanismo de recuperación de costos más sustancioso con el que cuenta el Comité Olímpico Internacional. El costo de las pasadas olimpiadas de Londres 2012, ascendió a 14,147 millones de dólares, sin tomar en cuenta la inversión en infraestructura.
La difusión televisiva de los juegos olímpicos constituye un elemento fundamental de información que interesa y del que se debe privilegiar toda la ciudadanía. En la medida en que la radiodifusión ocurra a través de canales de televisión abierta, el aprovechamiento de la señal acaba siendo gratuito para el televidente, y sólo oneroso para los anunciantes que pagan por aparecer. Ver los Juegos Olímpicos por televisión ha sido, desde 1956 cuando se transmitieron por primera vez a nivel internacional, el entretenimiento familiar de carácter universal por antonomasia.
La semana pasada se vino replicando una nota por medio de la cual se pregona que Televisa y TVAzteca no transmitirán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en virtud de que los derechos necesarios fueron adquiridos por Claro Video, en asociación con Telmex, que los difundirán de manera “gratuita” a través de una plataforma abierta por Internet (gratuidad relativa, en la medida en que se necesita un ordenador e Internet de alta velocidad, como el que ofrece “infinitum”, para poder ver Claro Video). Los derechos de transmisión también se compartirán con la televisión pública, a través de los canales 11 y 22. Por lo menos en el caso de México, podríamos decir que esta será la primera olimpiada que habrá de difundirse, ya no por televisión, como tradicionalmente ha sucedido, sino por Internet.
Curioso resulta, desde luego, el hecho de que la puja para obtener los derechos por parte de Claro Video haya acontecido en el mismo proceso al que comparecen las televisoras del mundo. Interesante resulta también, que la nota periodística refleje la afectación directa e inmediata que esta nueva tenedora de derechos, asociada con Telmex, causará a las que todos considerarían sus abiertas competidoras, las concesionarias de televisión abierta.
Y todo lo anterior se califica como curioso e interesante, porque siendo ostentoso que la transmisión en vivo de las olimpiadas a través del Internet viene a implicar un golpe contra de las televisoras, Telmex ha insistido vehementemente en que dicho servicio ofertado no es televisión y que, en esa medida, no transgrede el apartado de su título de concesión en el que expresamente se le prohíbe prestar servicios televisivos. Si la difusión en vivo de los Juegos Olímpicos no es televisión, cuando sí lo es para el resto del mundo, entonces necesitaremos un nuevo diccionario para entender, ¿Qué sí es?
En la reforma constitucional de telecomunicaciones se concedió al Ifetel una nueva calidad de autoridad reguladora de la competencia económica en el ámbito de las telecomunicaciones. Con esa nueva calidad, el Instituto declaró a Telmex como agente preponderante, y le impuso medidas asimétricas que permitirían a los otros competidores en el mercado convergente de telecomunicaciones, tener una mayor participación que serviría para contrarrestar los efectos perniciosos de esa presencia monopolística de la telefónica, que arroja un sobrecosto en telefonía pagada de más de 27 mil millones de dólares al año a cargo de los consumidores.
A pesar de que el flamante regulador hace gala de sus facultades al denegar a la telefónica una modificación a su título de concesión, sino hasta después de que revise las acciones emprendidas y ejecutadas para lograr la desagregación de redes, según mandato especial que proviene de la declaración de preponderancia, la transmisión de los juegos olímpicos demuestra con meridiana claridad la manera en que los invitados se están metiendo a la fiesta por la puerta de atrás. En la medida en que no exista un reforzamiento de las acciones del Estado para garantizar una competencia efectiva en el sector, subsistirán las condiciones que impiden la llegada de mejores ofertas de telecomunicación, con mejor tecnología y a mejores precios para los mexicanos, en toda la gama de servicios que este mercado trae aparejado.