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Ryan Devereaux

El programa de la administración de Donald Trump de separar sistemáticamente a los niños migrantes de sus padres crece a pasos agigantados, confirmaron algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos el martes 18 de junio. Bajo la doctrina “tolerancia cero” del procurador general Jeff Sessions, las autoridades de Estados Unidos recibieron la orden de procesar legalmente a todos los individuos arrestados por cruzar ilegalmente las fronteras, sin excepción alguna, incluyendo a las personas que buscan asilo y a los padres que llegan con niños pequeños.

Las consecuencias son ya históricas y catastróficas pues el gobierno de Estados Unidos provoca intencionalmente miles de casos de menores sin acompañante, separando sus casos de los de sus padres y los está hundiendo, solos, en el ya de por sí abrumador sistema de la burocracia federal.

En una llamada telefónica con reporteros, algunos funcionarios de alto rango de las agencias responsables de estas acciones, señalaron que ya son miles las familias que han sido afectadas por estas medidas. Agregaron que no existe una guía uniforme en la frontera para establecer reglas sobre cómo los oficiales de migración deben manejar los casos que atañen a poblaciones sensibles como los de personas que tienen bebés o niños pequeños. Lo que se hace es que los jefes de la Patrulla Fronteriza de las diferentes estaciones manejen los casos a “discreción”. Estos funcionarios explican que estas acciones tienen como finalidad la “disuasión”.

Brian Hastings, el jefe interino de operaciones para el cumplimiento de la ley de la Patrulla Fronteriza, indicó a algunos reporteros que del 5 de mayo de 2018 al 9 de junio de 2018, un total de 2,235 familias, que suman 4,548 personas, fueron arrestadas en la frontera sur. “El total de niños que se quedaron bajo cuidado de la agencia a causa de esta iniciativa”, señaló, fue de 2,342, mientras que el total de adultos que fueron acusados durante este período fue de 2,206.

“Todas las consideraciones y políticas humanitarias se están aplicando. El jefe de campo actúa a discreción en cada uno de los nueve sectores de la frontera del suroeste para que se proceda adecuadamente en los casos sensibles, entre los que se incluye a los adultos que viajan con niños pequeños”, sostuvo Hastings. “Los comandantes pueden hacer determinar sus casos a discreción”.

Cuando se le preguntó si eso significa que no hay un criterio establecido o una guía para actuar en los casos de separación de niños de sus padres, Hastings contestó: “Correcto”. Explicó que “los comandantes (…) generalmente” consideran que los niños menores de 5 años son de “tierna edad”. Hastings no pudo dar cifras sobre el número de menores de 5 años que su agencia haya separado de sus padres.

Steve Wagner, secretario asistente interino de la Administración de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias, que supervisa la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que a su vez es responsable de los niños que el gobierno toma bajo custodia, mencionó que su agencia espera que el programa impida que los padres entren al país sin autorización. “Esperamos que las nuevas políticas tengan un efecto disuasivo”, dijo. “Realmente esperamos que los padres dejen de traer a sus hijos en este viaje tan peligroso y que no entren ilegalmente al país, así es que estamos preparados para aumentar nuestra capacidad cuanto se requiera. Esperamos que esto no sea necesario en el futuro”.

Wagner no tiene cifras sobre el número de familias que se hayan reunido después del proceso de enjuiciamiento bajo el nuevo programa de la administración. Poco después de la llamada, McClatchy, citando algunos datos federales, reportó que “la administración Trump probablemente ha perdido la pista de casi 6,000 niños migrantes que viajan solos, miles de casos más de los que se reportó a los legisladores el mes pasado”. La semana pasada, el gobierno aseguró que había separado a 1,995 niños de sus padres de abril hasta mayo. Este martes 19, la Patrulla Fronteriza dio a conocer una cifra algo mayor: 2,342, de mayo a junio. A principios de mes, The Intercept reportó que al menos 1,358 niños habían sido separados de sus padres desde octubre de 2017 hasta mediados de mayo.

Aunque no hay cifras exactas, debido a las diferentes fechas que se han manejado en diferentes medios, se puede hablar de que el número de niños migrantes que la administración Trump ha separado de sus padres es de más de 3,700… y sigue creciendo.

El jefe adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que supervisa a la Patrulla Fronteriza dijo al testificar frente a legisladores, que él calcula que el gobierno seguirá separando alrededor de 650 familias cada dos semanas en un futuro próximo.

Por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector más ocupado del país está presionando a sus agentes para que aumenten los arrestos y las acusaciones todavía más, y declaró al Washington Post este fin de semana que la agencia todavía no ha alcanzado el 100% que le pide la administración, pero que están trabajando para lograrlo.

Para alcanzar ese objetivo, será necesario acabar con la creciente oposición política y pública a los que se enfrentan las acciones de la administración. Pero, aunque mañana mismo se diera fin a la tolerancia cero, ya miles de familias han sido separadas y la pregunta sigue siendo la misma: ¿Se ha implementado algún mecanismo para asegurar que esos padres recuperen a sus hijos?

Para los abogados y activistas, la respuesta hasta el momento es: no. En una serie de entrevistas que se realizaron la semana pasada, los defensores federales públicos y los abogados que trabajan dentro del sistema de la detención de migrantes y en las garitas en Arizona, así como los prestadores de cuidados para los niños migrantes en el país, y algunos funcionarios de inmigración de Estados Unidos, coincidieron unánimemente al criticar el sistema, o la falta de él, para reunir a los niños migrantes con sus padres.

Dona Abbott es directora de servicios para refugiados de Bethany Christian Services, una importante organización que ayuda a colocar a niños bajo el cuidado de la Oficina de

Reubicación de Refugiados (ORR) en hogares provisionales. Basada en su experiencia de más de 40 años tratando con niños en casos de violencia o de la persecución, mencionó que no existe un sistema para reunificar a las familias que se pueda criticar o alabar. Señala que lo que existe es una lista interminable de preguntas que la gente que lidia con las consecuencias de la separación de las familias ha tenido que responder sola: ¿Cómo lograr que los niños cuyos padres fueron deportados se reúnan de nuevo? ¿Podemos reunirlos antes de que los deporten? ¿Qué quiere el padre? ¿Qué considera el padre que es mejor para el niño? “Tan sólo encontrar al padre ya es un reto”, explica Abbott.

NO HAY LUGAR EN EL SISTEMA

En ocasiones las agencias que realizan los arrestos entregan a los niños a la ORR con información para identificarlos, dice Abbott, pero a veces no. De nuevo, explica, no hay un sistema. “Hay muchas familias y muchos niños afectados, muchos”, dice. Además, a
ninguna de las agencias que tratan con menores no acompañados, y que la administración está haciendo que aumenten cada vez más cada semana, se les consultó o se les advirtió de la “tolerancia cero” que iba a adoptar el gobierno federal a partir de principios de abril.

“No tuvimos la oportunidad de hacer preguntas y de hablar de cómo trabajaría el sistema”, dice Abbott. “Normalmente hay que hacerlo”.

En la actualidad, la solución del gobierno para los padres a los que se les quitaron los hijos es una línea de ayuda 1-800. Esto también representa un problema, dice Abbott, porque los padres en detención normalmente no tienen acceso a teléfonos. “Nos estamos dando cuenta de que lo que tenemos que hacer es llamar a los centros de detención”, explica. Por ejemplo, Abbott cuenta el caso de una niña de 8 años al cuidado de Bethany Christian.

“La separaron de su mamá hace una semana y lo que hacemos es hablar a todos los centros de detención”, explica. “¿Tienen a alguien con este nombre?” preguntan. “Al número 1-800 no se ha llamado porque la madre no ha tenido permiso para hacer la llamada y no estamos seguros de en dónde pueda estar”, dice Abbott.

Para los niños pequeños, resulta crítico saber en dónde están sus padres, dice Abbott.

“Cuando tienes 8 años, una semana es mucho tiempo”, dice. “¿No sabes si mi mamá está bien?” El asunto de las separaciones inducidas por el estado, que involucra a hombres uniformados y con pistola, agrega, puede ser más terrible para los niños de áreas de Centroamérica y México en donde la línea entre crimen organizado y fuerzas de seguridad no existe, y el propósito del viaje al norte era precisamente para escapar de esos escenarios.

Abbott cita el caso de un niño de 10 años que cuenta la historia de ver a su padre esposado antes de que los separaran. “Ese momento resulta aterrador para alguien que proviene de un país en donde se ha reportado una y otra vez que la policía es corrupta”, explica Abbott.

El problema de este niño en especial está relacionado con otra difícil situación que surgió en casos recientes, agrega Abbott: los agentes en el campo, específicamente los agentes de la Patrulla Fronteriza, que deciden quién puede pedir asilo y quién no. “Al parecer la Patrulla Fronteriza tiene mucha independencia y autonomía en sus decisiones”, dice Abbott.

“En el caso de este pequeño de diez años, al parecer no pasó nada más que los agentes no consideraron que fuera un caso de asilo y lo deportaron inmediatamente, pero no reportaron a su hijo, no se aseguraron de que se fueran juntos. Así es que ahora estamos
tratando de reunirlos. Y el niño es indígena, lo que aumenta los problemas”.

En lugar de instalar un sistema que reuniera a los niños con sus padres, la administración ha tomado una nueva medida que podría disminuir esta probabilidad. A principios de mes, McClatchy reportó que la ORR tenía un nuevo acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el que la agencia compartiría huellas digitales y realizaría revisiones de migración de los cuidadores potenciales que quisieran tomar en custodia a los niños.

“No sólo es el padre”, explica Abbott. “La nueva regla es que todos en la casa, todos los adultos de la casa, tienen que proporcionar sus huellas digitales, y esas huellas, todas esas huellas digitales tienen que entregarse al DHS para que se realice una investigación criminal. Eso quiere decir, probablemente, detención y deportación”.

Según McClatchy, hasta ahora “el porcentaje de menores no acompañados que son reclamados por sus padres cayó de 60% de hace cuatro años a 41% en 2017, cuando aumentaron estas ofensivas”. Abbott piensa que van a seguir sucediendo cosas similares todo el tiempo.

“No puedo concebir que no aumenten las dificultades para los patrocinadores si no se sienten seguros para venir a reclamar a alguien de su familia”, agrega.

ACUSACIONES FALSAS DE SEPARACIONES

En una conferencia de prensa telefónica la semana pasada, algunos funcionarios de asuntos públicos de agencias de la administración Trump responsables de separar a los niños migrantes de sus padres, defendieron sus acciones señalando que no tienen otra opción y argumentando, falsamente, que la ley ordena esas separaciones. Exigiendo que no los nombraran, en su intento por “corregir la información”, los voceros culparon a los medios de reportar irresponsablemente.

En especial declaran que el gobierno federal no está separando a los niños de sus padres y niegan que las agencias de gobierno mientan para separar a los niños de sus padres para no regresarlos nunca. Abbott dice que ambos argumentos son falsos.

En primer lugar, dice, el gobierno definitivamente ha separado a los bebés de sus padres. “En la actualidad la edad promedio de los niños que cuidamos es de 7, pero tenemos niños de 8 meses y hasta de 17 años”, dice. En segundo lugar, Bethany Christian cuidó a una niña de 6 años, que al igual que su madre, habló de que utilizaron el pretexto de un baño para separarla de su madre.

“Le dijeron a su madre: ‘Vamos a bañarla’, y se la llevaron y nunca la regresaron. La pusieron en un hogar provisional. Estoy segura de que algún funcionario de migración pensaba que con eso se aliviaba el trauma de la separación, los llantos y los gritos, pero no puedo imaginar lo que esa mamá pensaba”, dice Abbott.

“Tal vez lo que quiere decir el gobierno es que “No vamos a condonar sistemáticamente”, dice Abbott, pero el hecho permanece: “Lo hemos oído directamente de una madre y de su hija”.

La implementación caótica de “tolerancia cero” está provocando todo tipo de experiencias parecidas a ésta, señala Abbott, y el público apenas escucha una fracción. Cuenta otra anécdota de un niño que llegó a Bethany Christian con un cinturón en las manos.

“Con sus manos agarraba un cinturón de adulto enrollado”, explicaba Abbott. “Nosotros sólo nos preguntábamos, ‘¿De qué se trata esto?’ Cuando logramos quitarle el cinturón de las manos, lo desenrollamos y en él venía escrito el nombre y el número de teléfono de su padre”.

Para Abbott, la presencia del número mandaba un claro mensaje. “El papá en un último momento de desesperación”, se dijo: ¿Qué puedo mandar con mi hijo para que le indique a alguien en dónde encontrarme?”

“Así es que lo escribe en el cinturón”, dice. “Tenemos tantos niños con historias parecidas de separación que todo indica que hay algo de caos. Más que algo, es realmente caótico”. Abbott no es la única a la que le preocupan estos asuntos.

Dos fuentes que The Intercept entrevistó en torno al programa de separación de familias del gobierno (incluyendo a un abogado que ha representado a niños en custodia de la ORR y un funcionario de alto nivel de la DHS que trabaja en asuntos de inmigración) hablaron de manera anónima pues no están autorizados a dar declaraciones a la prensa. Ellos también se refirieron a la ausencia de un sistema efectivo para reunir a los padres con sus hijos.

El abogado, refutando las declaraciones de la administración, sostuvo que el gobierno de hecho separa a los padres de sus hijos, incluso cuando esas familias se presentan en puertos de entrada legítimos. “Sí estamos viendo eso”, dijeron las fuentes a The Intercept.

Asimismo, añadieron, la aseveración del gobierno—ofrecida en una conferencia telefónica con un grupo de reporteros la semana pasada—de que no está separando pequeños de sus padres, simplemente no es cierta. “Están errados”, nos dijeron. “Sí hemos visto bebés”.

Traducido por Graciela González

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