Jonathan Nácar y Luis León
En los dos últimos meses, enviados del Ejército se acercaron a los grupos parlamentarios en el Congreso para impulsar las reformas legales que construyeran el marco jurídico esencial para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y establecer un periodo para que los policías adscritos en los tres niveles de gobierno puedan asumir sus tareas. Todos los acercamientos fracasaron.
Distintas fuentes confirmaron a ejecentral que en ningún encuentro hubo acuerdos, sólo respuestas ambiguas sobre las consultas, análisis y consensos que buscarían para aprobar los cambios normativos. Ningún compromiso.
Entre los argumentos expuestos por el Ejército figura la apuesta por las Fuerzas Armadas como policías, con recursos limitados sin respaldo y protección legal, frente a elementos civiles incapaces o corruptos.
En unos años el desgaste interno mermaría seriamente a la institución.
No formó parte de la agenda legislativa. Ni siquiera pusieron fecha. Fue más importante para los grupos parlamentarios pronunciarse en pleno proceso electoral estadunidense a favor de Hillary Clinton o atacar a Donald Trump, y en los últimos días intercambiar regalos, celebrar cenas navideñas o cobrar 505 mil pesos de bono sin contar salarios y aguinaldos, previo a sus vacaciones.
Ante la indiferencia, explicaron las fuentes con sultadas por esta casa editora, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, escribió una columna publicada en el periódico El Universal y días más tarde, el pasado 8 de diciembre, lanzó un un discurso que recriminó a los poderes Ejecutivo y Legislativo la falta de definición de las Fuerzas Armadas en el país, la carencia de un marco jurídico que delimite sus tareas en materia de seguridad interior, y exigió plazos para contar con cuerpos policiacos eficaces, adiestrados y capacitados.
“Ante situaciones excepcionales, se requieren medidas también excepcionales, pero a los legisladores les preocupa más el 2018, que el miedo y dificultades que miles y miles de familias mexicanas, viven día con día”, acusó Javier Oliva Posada, consultor en temas de seguridad nacional y representante del departamento de Gobierno de la Escuela de Ciencias Políticas y Económicas de Londres. El general Cienfuegos ya no dio tregua y en su discurso señaló a los responsables:
“El día que resbalemos nos va a pasar como el equilibrista. Vamos a caer y no habrá red… Nos encantaría que esto ya se haya solucionado, nos encantaría que la policía hicieran su tarea para lo que están, para lo que se les paga, pero que no lo hacen... “
“Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías todavía nos las vemos reconstruidas... El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar, no es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes, que, tampoco habido los esfuerzos importantes necesarios, presupuestos para atender estas situaciones”. 
Y tiene razón, únicamente siete de las 32 entidades del territorio mexicano tienen un promedio de 300 efectivos de la policía por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos de la encuesta sobre Tendencias Criminales de la Oranización de las Naciones Unidas (ONU) refectuado en 2015.
La advertencia del general
Especialistas en el tema, consultados por ejecentral, refieren que las necesidades y exigencias del secretario de la Defensa se han hecho saber por sus antecesores hace una década: la corrupción, la apatía y frivolidad de gobernantes que han desviado recursos públicos como gastos en seguridad pública, lo que agudizó el descontento de las Fuerzas Armadas.
“El próximo gobierno de ninguna manera puede seguir por la ruta trazada por Fox, Calderón y Peña, es decir, utilizar a las Fuerzas Armadas como principal y predominante recurso para que recuperar la paz pública. Se debe plantear una transformación de las policías locales, pues esa es la verdadera prioridad, expresó Oliva Posada.
Para el profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “es evidente que los tres ámbitos de gobierno, además de los poderes Legislativo y Judicial, no han atendido la crisis de seguridad pública”.
›Al respecto, Raúl Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la máxima casa de estudios, acusó que las exigencias del general Cienfuegos Zepeda reflejan un hartazgo que lleva por lo menos 10 años de guerra con el narcotráfico, lo que ha generado dudas acerca de esa estrategia de seguridad y una posible finalización del conflicto en el país.
Se trata, aseveró, de “una advertencia” por apresurar el proceso de profesionalización policiaca, el sistema de justicia penal y la reforma de justicia penal, derivado de que los militares y marinos no pueden salir de las calles en tanto se profesionaliza la policía y empieza a funcionar de forma correcta el nuevo sistema de justicia penal.
“Cienfuegos hizo un llamado al Presidente y a los legisladores para meterle acelerador a la profesionalización policiaca. Y presión también sobre los órganos de control de gobierno porque hubo fondos muy cuantiosos de seguridad pública que se han malgastado. Los gobernadores están fuera de control. Tienen las manos muy largas. Se roban lo que pueden y eso les molesta a las Fuerzas Armadas, porque los políticos han desviado el dinero de la seguridad pública y por eso no hay policías profesionales, y mientras eso no pase, el Ejército y la Marina no pueden dejar las calles“, enfatizó Benítez Manaut.
Y es que la inconformidad del titular de la Sedena va en ese sentido, al reconocer en que la falta de atención de los delitos del fuero común por parte de las autoridades locales, municipales y hasta estatales son los que tienen molesta a la sociedad, pues son delitos que hacen que continúe una percepción de inseguridad en el territorio mexicano. 
El de las Fuerzas Armadas “es un hartazgo genuino. Te critican porque además de que no te tocan esas labores. Te dicen que no las hacen bien. Yo creo que no es que no sepan hacer las cosas, sino que no es su función, porque la vocación militar es diferente a la policial, el entrenamiento es diferente, los indicadores, etcétera. Lo cierto es que hay un Ejército y una Marina que están supliendo las debilidades que tienen las instituciones locales”, apuntó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Para el activista y analista, el mensaje del secretario es un llamado de atención ante una realidad que ha pesado por muchos años, pero sobre todo para que la Federación ponga atención para que los Estados cumplan con lo que corresponde y hagan efectivos los recursos que son destinados al reforzamiento de las instituciones locales.
“Pensemos en el caso Veracruz, donde tenemos un gobernador fugado que usó recursos destinado para la construcción de sus policías, y no hay policías, y las supuestamente están acreditadas no son confiables porque se han visto involucradas en delitos graves. O el caso de Tamaulipas donde se gastaron más de tres mil millones de pesos en la profesionalización de sus policías. Se supone que el estado necesita por lo menos nueve mil policías ,pero después de haber gastado esos tresmil millones hay menos de dos mil policías acreditados en la entidad. ¿Cómo es posible que no se hayan reconstruido las corporaciones?
Y lo más importante ¿A dónde se fue todo ese dinero?”, acusó Rivas.
La problemática, a decir del titular de la Sedena, se remonta a la administración del entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, quien había propuesto a legisladores dar valor probatorio a las investigaciones de inteligencia realizadas por el Ejército para que se combatiera la corrupción en los círculos gubernamentales y en caso de detectar ilícitos de este tipo, los responsables sean castigados sin importar si se trata de gobernadores o secretarios de Estado. Su voz no hizo eco.
“Hemos estado en esto durante muchos años, desde los tiempos de Felipe Calderón, cuando determinó que se atiendiera el problema porque se había descuidado, no lo veíamos ni siquiera nosotros veíamos de qué tamaño era el problema, nos hemos encontrado con organizaciones muy fuertes, con un gran poder de cooptación que se fueron metiendo como la humedad en diferentes esferas sociales, en algunas partes, en los propios gobiernos, llegaron a ejercer el poder como un poder paralelo”, mencionó Cienfuegos Zepeda.
El pasado 9 de diciembre, en reacción a las declaraciones del general Cienfuegos, éste y su mando superior recibieron del jefe del Ejecutivo federal un portazo en la cara, cuando el presidente del Senado, Pablo Escudero, rechazó toda posibilidad de que las fuerzas militares regresaran a sus cuarteles.
Los legisladores dijeron públicamente que comenzarán hasta enero del próximo año la discusión de las reformas para generar consensos y entonces citar a un periodo extraordinario y aprobarlas.
Ante la ambigüedad legislativa, debieron salir los empresarios para apoyar a los militares. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) refirió que es urgente contar con un marco jurídico adecuado de coordinación que marque lo que cada institución debe hacer en materia de seguridad: “estados y municipios deben asumir los compromisos en aspecto policiaco y de procuración de justicia”.
La mañana del 3 de enero de 2007, en Apatzingán Michoacán, el expresidente Felipe Calderón, vestido con uniforme militar verde olivo, anunció que las fuerzas militares combatirían el crimen organizado a pie de calle.
El próximo gobierno de ninguna manera puede seguir por la ruta trazada por Fox, Calderón y Peña, es decir, utilizar a las Fuerzas Armadas como principal recurso para que recuperar la paz pública”.
Javier Oliva Posada,
investigador