La Fiscalía General de la República (FGR) interrogó el mes pasado a cinco testigos clave en la investigación del caso Odebrecht. Carlos Enrique Hernández Azuara, director general de Asuntos Especiales de la dependencia, se presentó el 22 de marzo en la sede del Ministerio Público Federal en Sao Paulo, Brasil.
De acuerdo con cuatro fuentes de Odebrecht, del Ministerio Público Federal de Brasil y del Gobierno de México, en compañía de una traductora, Hernández acudió para interrogar a cinco ex colaboradores del área que diseñó y operó el sistema secreto por medio del cual la empresa distribuyó sobornos a políticos y funcionarios alrededor de América Latina.
Este fue el primer interrogatorio en mucho tiempo. La última vez que funcionarios mexicanos interrogaron a ejecutivos de Odebrecht fue en mayo de 2017, de acuerdo con un comunicado oficial.
Encerrados en una sala del Ministerio, una secretaria, un funcionario brasileño, Hernández Azuara y representantes de la constructora tomaron las declaraciones a los testigos: Olivio Rodrigues, Ángela Palmeira, Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soares y Fernando Migliaccio.
Los interrogatorios
En enero de 2017 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Directivos de Odebrecht confesaron ante la Justicia de Brasil haber pagado sobornos a Emilio Lozoya Austin cuando éste trabajaba en la campaña presidencial de Peña Nieto y, de nuevo, siendo ya director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ahora entre los testigos se encuentra, Olivio Rodrigues, el más importante operador de la red de sobornos de Odebrecht. Él llegó a manejar hasta 20 firmas establecidas en paraísos fiscales, con cuentas en Antigua y Panamá, desde donde salieron millones de dólares para pagar los sobornos.
Rodrigues fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco utilizado para el pago de sobornos; también controlaba las cuentas de Klienfeld Services Limited y de Innovation Research Engineering and Develop LTD, de las que salieron los presuntos pagos indebidos para Lozoya.
También fue llamado a declarar Luiz Antonio Mameri, vicepresidente de la empresa para América Latina y Angola. Quinto Elemento Lab reveló en 2017 una de sus declaraciones ante la Justicia de Brasil en la que admitió haber autorizado los pagos a Lozoya.
Otro de los personajes interrogados fue Fernando Migliaccio, pieza central en el diseño de la estructura de sobornos. En declaraciones que hizo en el pasado a la Justicia brasileña reveló información de transferencias hechas a Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma en Veracruz que tiene relación con una red de prestanombres vinculados, a su vez, con Javier Duarte, de acuerdo con MCCI.
Ángela Ferreira Palmeira también rindió testimonio. Los investigadores de Brasil la identifican como la contadora del Departamento de Operaciones Estructuradas. Su nombre apareció en una cadena de correos que interceptó la Fiscalía de Brasil, en los que se refirió a transferencias para un funcionario en Michoacán, según el reportaje de MCCI.
Luiz Eduardo Da Rocha Soares es otro de los testigos que declaró y aunque no ha salido a la luz información sobre su relación con el caso mexicano, su testimonio ha permitido esclarecer el pago de sobornos en el caso peruano, según IDL Reporteros, medio que lo ubica como el ex tesorero internacional de Odebrecht.
Administración peñista solicita diligencia
Destaca que aunque el interrogatorio ocurrió durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, una fuente cercana al caso, que pidió no ser identificada, informó que la diligencia fue solicitada en la administración de Enrique Peña Nieto.
Durante la administración de Peña Nieto la colaboración entre los dos países no avanzó como en otros lugares. Según comunicó el Ministerio Público de Brasil en octubre de 2018, el gobierno mexicano se había negado a firmar un acuerdo que le permitiría recibir información sobre el caso, siempre que no la utilizara en contra de los delatores.
Un mes antes del encuentro en Sao Paulo, en marzo pasado, el nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que está retomando los grandes casos que dejó sin resolver el gobierno anterior, y mencionó a Odebrecht, a la Estafa Maestra y a Ayotzinapa.
Quinto Elemento Lab y la revista Época de Brasil corroboraron con fuentes del Ministerio Público de Brasil, del gobierno mexicano y de la empresa, que quien se presentó a la cita fue Carlos Enrique Hernández Azuara, un funcionario que reporta al subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Ambos estaban en la Procuraduría desde la administración de Peña Nieto; Muñoz directamente vinculado al caso Odebrecht.
Fuentes cercanas al caso coincidieron en que el interrogatorio siguió la lista de preguntas que envió la entonces PGR y que estaban enfocadas a corroborar la información sobre la presunta entrega de 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya.
A fin de que Hernández Azuara pudiera interrogar a los cinco testigos de Odebrecht, debió firmar un acuerdo que autoriza a México utilizar la información con la condición de no levantar cargos contra los delatores, procesados en Brasil.
Hasta ahora, las confesiones de los delatores de Odebrecht han tenido un impacto demoledor en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Sus testimonios, muchos de ellos públicos, han sido clave para conocer el entramado de corrupción que les aseguró contratos y licitaciones millonarias.
En contraste, México y Venezuela son los únicos países de América Latina con causas legales en curso donde no han procesado penalmente a ningún implicado en la trama de presuntos sobornos.
La Fiscalía especializada en los delitos electorales indaga si se utilizaron fondos provenientes de Odebrecht en el proceso electoral. La Secretaría de la Función Pública impuso cinco sanciones contra la empresa y dos de sus ejecutivos. Pemex, por su parte, rescindió y terminó anticipadamente contratos a la constructora.
Sin embargo, en una queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Odebrecht alega que ninguno de los expedientes administrativos guarda relación con los pagos de sobornos que ha confesado ante autoridades de Brasil y Estados Unidos.
El Gobierno federal, dice la empresa, ha ejercido una persecución para evitar esclarecer dichas confesiones, “impidiendo a la compañía el libre ejercicio de sus actividades comerciales”, según el documento al que Quinto Elemento tuvo acceso.
En la queja responsabiliza a doce funcionarios de la administración pasada, entre ellos los ex titulares de la Procuraduría, de Pemex y de la Función Pública, de orquestar una estrategia para inhibir la investigación de los hechos de corrupción que confesó hace más de dos años. (Con información de Quinto Elemento Lab) NM