Era 1995 cuando el entonces procurador panista Antonio Lozano Gracia presentaba los resultados del diagnóstico que su equipo había hecho sobre la otrora Procuraduría General de la República en un contexto en el que la corrupción y los crímenes políticos habían marcado la agenda, y el narcotráfico era un tema de agenda prioritario.
Hace 24 años el panista sostuvo que el 80% de la entonces Policía Judicial Federal estaba contaminada; es decir, tres mil 462 agentes de los cuatro mil 328 que tenía. Pero no sólo eso, encontró, de acuerdo a su informe de gestión, “carencia de información confiable y completa relativa al estado que guardaban las averiguaciones previas, el control de procesos, el número y situación de mandatos judiciales. No eran confiables los registros de policías, armas, vehículos y demás equipos”.
Enlistó entonces al menos 34 puntos que mostraban el “caos” en que encontraron la PGR: “Por falta de coordinación había dispersión y multiplicidad en la integración de averiguaciones previas. Se carecía de líneas de responsabilidad, verticales y directas. No eran efectivos los controles de la actuación, eficiencia, y calidad del personal operativo. Ingresaban”.
El rosario de deficiencias abarcaba todas las áreas sustantivas: no sabían donde estaban los vehículos ni el personal, ni se conocían sus antecedentes ni se tenía seguimiento a su trabajo; tampoco había espacio para entrenamiento, y había una dispersión de presupuesto sin controles. Cada espacio, decía entonces Lozano Gracia, era un coto de poder, hasta el que sacaba copias.
Al final, Lozano Gracia y gran parte de su equipo fueron cesados de la PGR por el presidente Ernesto Zedillo, a consecuencia de La Paca, aquélla vidente en el caso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
Desde entonces hasta ahora, 24 años, han transitado por esa dependencia, ahora llamada Fiscalía General de la República (FGR) 11 titulares, uno de ellos encargado del despacho. Sin embargo, a manera de dejavu, esta semana el fiscal Alejandro Gertz Manero presentó su diagnóstico de lo que encontró ahora a su llegada, aunque no usó las mismas palabras pero dijo lo mismo que Lozano Gracia. Es decir, nos chamaquearon, porque todo sigue mal en la institución encargada de procurar justicia y, por tanto, la principal responsable de la impunidad en el país.
En la presentación del documento, Gertz Manero prácticamente no quiso responder preguntas, en un tono molesto, le dijo a los reporteros que todo estaba en su informe. En realidad no, en el documento aparecen sólo los números y las fallas, que exhiben a varios exprocuradores, pero no coloca responsables, por lo menos de conciencia, de este desastre, y salvo en un caso, en el resto no se especifica si se investiga o no algún tipo de responsabilidad y es indispensable.
Los recursos entregados a la PGR en todo este tiempo lograron mejorar muchas áreas, el sistema de control de confianza, los servicios periciales y de formación, incluso algunos procesos, pero el informe en todo su contexto nos permite entender algo, todos aquellos cambios que se implementaron para establecer la mejora y eficacia en el desempeño de la institución desaparecieron o menguaron ante la llegada de titulares y funcionarios de primer nivel que dejaron hacer o fueron omisos, y cada uno debería de responder por ello.
Un ejemplo claro es el cambio en el último tramo de la gestión de Enrique Peña Nieto, primero por un procurador como Raúl Cervantes, quien fue exhibido como mentiroso y posiblemente corrupto por Gertz Manero, y luego por el encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, tal parece que se confirma con lo dicho por el fiscal, que tenía como uno de sus objetivos azuzar el caos para frenar cambio dentro de la institución y con ello varias de las medidas regulatorias implementadas, y sobre todo trastocar estratégica y jurídicamente los expedientes clave, los ejemplos los puso el propio fiscal: Odebrecht y estafa maestra. También, aunque no los mencionó, los casos de los exgobernadores y delitos financieros, sólo por mencionar algunos.
Es fácil decir qué está mal, ahora la duda es, ¿qué nos asegura que esta vez sí funcionará? Por ahora tenemos que hacer nuevamente un acto de fe y creer que ahora sí la institución cumplirá con los mejores estándares internacionales. Pero hay datos que no son alentadores: disminución en transparencia y parálisis en por lo menos la mitad de la institución.
@Gosimai