En días pasados, todos supimos por las redes del fenómeno de denuncia anónima de “me too” “yo también” movimiento que surgió para hacer saber y valer las denuncias de muchas mujeres que habían sufrido acose sexual en muchas modalidades incluso la violación.
El fenómeno “me too” ha sido de magnitud mundial, y ha tenido eco en México, creándose denuncias en contra de personas del medio artístico, periodístico, musical, etc. Todas las manifestaciones son bienvenidas, la libertad de expresión es un derecho humano, que bien ejercido, fortalece al Estado Constitucional, Democrático de Derecho.
Las “benditas redes sociales”, son herramientas tecnológicas, que permiten comunicar, generan información de todo tipo “buena y mala, verdadera y falsa”; con alcances masivos que ningún medio de comunicación tradicional puede tener.
Las implicaciones legales de un fenómeno como el de “me too” pueden llegar a tener, es lo que en particular me preocupa, ya que si bien es cierto, exponen acontecimientos que difícilmente pudieran denunciarse en ciertos circuitos profesionales como en los que se ha hecho, también lo es que, sólo es mediático, es un escarnio público por medio de las mismas redes sociales, que en la mayoría de los casos no tiene implicaciones jurisdiccionales y que no abonan al fortalecimiento de la cultura de la legalidad ni al fortalecimiento del Estado de Derecho o al acceso a la justicia.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, refiere la libertad de expresión, como algo intrínseco a la persona, para opinar, expresarse, manifestarse, investigar y recibir información, difundir, sin limitación de fronteras, a través de cualquier medio.
Sin duda, lo expresado por todos tiene importancia, y un instrumento pueden ser las redes sociales, sin embargo, también queda la reflexión: sólo en este país quien lo hace por este medio no lo complementa acudiendo con la autoridad para ser acompañado y generar condiciones para que no vuelva a ocurrir. En México, las autoridades están analizando y procesando la información de estos movimientos con la seriedad que merece y se dan las facilidades para que ello ocurra, con apego a la ley y el cumplimiento de estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.
Las preguntas, son indeterminadas y las respuestas son indefinidas, ya que el marco legislativo en materia de libertad de expresión es mejor no tenerlo a tenerlo, si regulamos una libertad, en esa medida deja serlo.
Entonces, el reto es mayúsculo y más que institucional, es cultural, debemos usar las “benditas redes sociales”, para reforzar la denuncia pública e institucionalizada, para exponer el cumplimiento de la ley, debemos de buscar que sean herramientas virtuosas para la función pública y para empoderar a la población. De forma y fondo debemos de evitar juicios mediáticos y apostar por el fortalecimiento y acompañamiento institucional, entonces la tarea es legislativa, para establecer cómo y cuándo se debe tomar como mecanismo de denuncia lo expuesto en las redes sociales y las empresas que administran estas redes, deberán de obligarse a colaborar con las instituciones para que se realicen las investigaciones.
Ser un ciudadano responsable y agraviado, implica hacer todo bien, para de esta manera, tener capacidad de exigir consecuencias a las personas que perpetraron un daño a la víctima y a las instituciones del Estado a cumplir con su deber.
El análisis, surge, ya que ahora también conocemos del suicidio de una persona del medio musical, que consideró que no tendría acceso a la justicia, debido al uso de esta red social “me too”. De un suicidio, nadie es responsable, excepto quien se quita su propia vida. Sin embargo, del contexto político – social – cultural somos responsables todos. Estas son las cosas de forma que hacen fondo en el ejercicio de la libertad de expresión.