Decir que desde la época de la Santa Inquisición, se tiene déficit en el personal que auxiliaba al entonces comendador para esclarecer las causas por las cuales una persona podía ser sujeta de un juicio ante la Santa Inquisición. Y compararlo con lo que al día de hoy, ocurre en las Fiscalías Generales de Justicia y/o Procuradurías Generales de Justicia a nivel estatal o federal no debería ser la constante. Sin embargo, lo es.
En la época de la Inquisición los métodos eran muy violentos, es cuando nace la tortura. Hoy en día existe evidencia de que en algunos espacios, persisten prácticas indebidas por agentes del Estado para obtener información, confesiones y cualquier cantidad de declaraciones con métodos poco formales y legales. No obstante, México ha avanzado a pasos agigantados en el combate y la prevención contra la tortura. Tal y como lo cita el documento emitido por el Comité Contra la Tortura de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés)
En días pasados el CAT emitió 97 recomendaciones al Estado Mexicano, de algunas de ellas México deberá dar cuenta en 1 año (17 de mayo de 2020) y de otras en 4 años (17 de mayo de 2023). Más allá de hablar de la peculiaridad de cada recomendación. Es importante hablar de la repercusión. Hoy en día México, avanza con la legislación de aplicación nacional para prevenir y erradicar la tortura, también se establece la tortura y sus modalidades como delito.
La tortura, ha sido argumento de defensa, de acusación por litigantes, los protocolos y la ley establecen la obligación de investigarla siempre, por ello se dice qué hay avances contundentes. Sin embargo, si siempre se tiene que investigar de forma exhaustiva. También se tiene que contar con el personal suficiente para que se cumpla con lo mandatado por la Convención Internacional de la que México es parte desde hace varias décadas. Sí el protocolo de Estambul se debe de aplicar siempre que se investigue la tortura.
Por ser un protocolo con estándares internacionales, quien lo aplique debe contar con una certificación en competencias; por lo que a pesar de tener ya mucho tiempo con el instrumento como base legal y peritaje reconocido. La sorpresa es saber que no hay ni 500 Peritos que cuenten con la certificación a nivel nacional.
Muchas profesiones importantes como el de médico y enfermera presentan déficit en nuestro país, no obstante hay que agregar a la lista la de peritos en materias de medicina, psicología, psiquiatría, antropología y algunas otras ciencias forenses a la lista. Entonces por más esfuerzo en lo legal, en la ejecución de la política pública de seguridad y justicia, no se ven reflejados los resultados, estas son cosas de forma que hacen fondo.