Laura Borbolla

El Sistema Nacional de Seguridad, está conformado por el Consejo de Seguridad Nacional, mismo que se integra por el Presidente de la República, Secretarios de Estado del ramo (SEDENA, SEMAR, SSPC, SEGOB, PGR/FGR), gobernadores, procuradores y secretarios de seguridad pública, estos últimos tanto de nivel federal como estatal, en un ámbito administrativo y operativo se organizan a través del Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Parte de los problemas que se han generado con este diseño institucional es que se han traslapado funciones, competencias y no se ha generado una estrategia integral de análisis del problema y búsqueda de solución. La Coordinación entre entidades federativas y la federación, no es tangible, pues como lo he referido en anteriores entregas la “falta de voluntad política” ha ocasionado que las políticas públicas acordadas en estos entes, obedezcan a consideraciones más políticas que funcionales.

En mi experiencia, puedo referir que por ejemplo, a pesar de que la federación ha generado aportaciones etiquetadas a los estados para certificar, capacitar, equipar, etc. a las policías y procuradurías o fiscalías, los recursos no se han aplicado correcta e íntegramente para cada fin. Algo similar ocurre cuando se trata de sistematizar y homologar la información, o no adquieren los programas informáticos adecuados y actualizados o bien no se manejan los mismos lenguajes programáticos. En el peor de los escenarios, no actualizan puntual y oportunamente las bases de datos, que resultan ineficaces.

Todo lo anterior, más la suma de la “desconfianza” entre los operadores del sistema, es decir, los de las procuradurías o fiscalías que no confían en la o las policías ni las policías en los militares y viceversa, salvo honrosas excepciones como es el caso del tema antisecuestro. Eso es lo que hay en términos generales; pero hablemos de esa excepción, que si se analiza con calma, quizás encontraremos lo que se necesita.

En el tema antisecuestro, el reto es aún mayor. Sin embargo, el interés de la Sociedad Civil Organizada, han sido un factor que no hemos visto en otras áreas, esto ha llevado a una revisión muy puntual del marco jurídico del tipo penal de secuestro, y el tratamiento penitenciario de los secuestradores y del análisis conductual de los sujetos que participan en dicho fenómeno delictivo. Aunado a que se han etiquetado recursos para equipar y capacitar a quien investiga (Ministerio Público y Policía) de tal suerte que la apuesta por la especialización, ha dado frutos: existe una Coordinación Nacional que da seguimiento a la implementación de las políticas públicas de forma puntual y concreta. Quizá le faltan dientes para sancionar el incumplimiento de los convenios de colaboración, la falta de cumplimiento en la sistematización y actualización de las bases de datos y los protocolos de actuación para la atención integral y holística a la víctima de este tema.

Considerando lo señalado, en perspectiva el reto para las Instituciones es buscar que la Guardia Nacional, además de tener el número de elementos que se determine, deben de estar certificados en competencias, más allá de las Prueba de Control de Confianza; ello debe ser transversal. Si se dan los supuestos anteriores tendremos policías especializados como ocurre con el tema antisecuestros. Se debe tener claridad de la formación que tiene el Policía Militar y Naval; y sí es necesario, hacer una reingeniería para que como en otros países se tenga una formación de tronco común con adiestramiento y disciplina militar, con perspectiva de derechos humanos, protección, servicio, prevención, reacción inmediata y como ramas de formación y especialización terminal sea “Militar/Naval” o “Civil”. Dichas especialidades ya se han desarrollado en el ámbito militar/naval; sin embargo, es necesario hacer lo mismo en el civil: Diseño Institucional, Políticas Públicas, Especialización, Subespecialización por Delito, Regiones, Análisis, Táctico-Operativo, etc. Implementar, evaluar y aplicar la mejora continua. Se debe de tener una prospectiva para que el proyecto cuaje y madure. Si es transversal, las policías municipales acreditadas, podrán hacer valer sus certificaciones en competencias, de tal suerte que incluso además de hacer carrera policial en su misma corporación, se pueda tener ese antecedente para integrarse a la policía estatal y de igual forma se permita escalar al ámbito federal. Desafortunadamente esto no ocurre debido a que se toman decisiones basados en la desconfianza y no en las competencias. Temas que parecen ser de forma; pero son el fondo del problema… y la solución.

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