Proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Es la nueva atribución que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quiere dar, en la Secretaría de Gobernación, según la fracción VIII del artículo 27 de su iniciativa para reformar diversos artículos de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada en la Cámara de los Diputados y discutida esta semana en el Senado de la República.
Una sola frase que revela las ideas, creencias y propósitos de la 4T en materia de comunicación y narrativa política, así como el modelo de relación que pretende con los medios y la ciudadanía. Ordenar el control de los medios públicos revela que AMLO los ve como Manuel Bartlett los concebía en los años ochenta, como bocinas del gobierno.
La frase, metida subrepticiamente a la iniciativa, activó el rechazo de voces que no militan en el credo lopezobradorista. En su defensa habló la diputada de Morena, Rocío Barrera, autora del dictamen, con el argumento insólito de que entregar a Gobernación los medios públicos es para que haya “mejores contenidos” en ellos. Otro feligrés del presidente electo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, salió también al quite y apuntó que las críticas obedecen a que “le andan buscando chichis a las hormigas” y dio como garantía que “los compañeros que van (a Gobernación)… se caracterizan por su absoluta disposición al diálogo y al acuerdo”. Menos mal.
En una democracia moderna, los medios públicos son instrumentos de la sociedad, que requieren formas de gestión directa de la ciudadanía. En un sistema de medios como el nuestro, estos medios deben además fortalecerse para ser complemento y contrapeso natural de la poderosa incidencia de los medios comerciales en la agenda social, política y cultural, siendo referente de neutralidad informativa, apertura a la diversidad y espacio garantizado para la libertad y el ejercicio crítico que cuestiona al Poder, en representación del interés general.
En los gobiernos panistas los medios públicos ganaron libertad e independencia, al menos de hecho y gracias a algunas reformas legales y administrativas que favorecieron en cierto grado su autonomía. No alcanzó el tiempo ni la voluntad política para que dieran el salto a ser verdaderos medios de servicio público, como los que operan en democracias más consolidadas.
El regreso del PRI trajo el avance innegable, pero sólo formal, impulsado por el Pacto por México, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que creó el organismo descentralizado, con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro.
La administración de Enrique Peña recordó, sin embargo, que, en México, con ley o sin ley, los medios públicos siempre pueden usarse como propagandistas y aplaudidores del régimen. Hasta ahora, todo depende de si el gobierno en turno asume que tienen una función democrática o los prefiere como plataformas para el autoelogio y la simulación.
La maniobra lopezobradorista para controlar a los medios públicos, sea cual sea su desenlace legislativo, anticipa un retroceso aún mayor, advierte una involución democrática y confirma que, día con día, la 4T busca, con sus mayorías, hacerse de más herramientas para imponer su visión de México, de la realidad y, ahora también sabemos, hasta para “coordinar la memoria histórica”, desde el Palacio Nacional.