FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

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Jonathan Nácar

Luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sólo existía una denuncia en contra del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, la cual, dijo, era por robo de combustible y no había sido ratificada; la disidencia sindical reiteró que hay desde marzo del año pasado una denuncia ratificada en contra el ex legislador priista donde se le señala por fraude, perjurio y prevaricato en contra del gremio.

Haciendo uso de “su derecho de réplica” y ante la detección de omisiones al debido proceso en la atención de la querella-denuncia presentada por socios sindicales del sindicato petrolero el 15 de marzo de 2018, los sindicalistas jubilados Raúl Romero Maldonado y José Vega Barragán solicitaron audiencia con el Presidente de la República y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero a fin de “aclarar conjuntamente, cualquier duda respecto a la querella-denuncia sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta”, indican los sindicalistas disidentes en un escrito fechado este 1 de febrero.

Los trabajadores retirados entregaron a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un desglose de las anomalías que ellos detectaron desde el año 1991.

De acuerdo con los documentos en poder de este periódico, las peticiones de los sindicalistas no han sido escuchadas pese a que se acudió con el fiscal Getz Manero cuando se era el encargado de despacho de la entonces PGR, a quien se le entregó el escrito sobre la denuncia interpuesta contra el Comité Ejecutivo general y los 36 Comités ejecutivos seccionales del sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la cual fue remitida a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, con número de carpeta de investigación 390/2018.

Queremos dejar de manifiesto que entregamos ante la Oficialía de Partes en Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, documento que señala parcialmente lo dicho por el doctor Alejandro Gertz Manero, -quien reconoció en entrevista con Aristegui Noticias que, contra el líder sindical, solamente se habían recibido denuncias ‘genéricas’”.

En consideración sobre las declaraciones sobre el asunto tanto del presidente López Obrador como del titular de la FGR, el escrito firmado por Romero Maldonado y Vega Barragán como denuncias, señala: “atenta y respetuosamente solicitamos audiencia, para poder continuar nuestras explicaciones y en abundamiento de datos, presentar pruebas de las que disponemos para la objetiva atención del debido proceso (…) efectuamos lo que se deberá considerar como nuestro, ya que afecta nuestra calidad moral ante nuestros compañeros y la opinión pública”.

En el reportaje “Se acabó el pacto con Romero Deschamps”, publicado por ejecentral en su edición impresa del 24 de enero, Raúl Romero Maldonado, exdirigente del Frente Nacional Petrolero, dijo a este periódico que la del 15 de marzo del año pasado fue una denuncia contra los dirigentes del STPRM, incluyendo a Romero Deschamps, por los delitos de fraude, perjurio y prevaricato, presuntamente cometidos en agravio de los asociados al gremio.

“Cuando le tomaron la protesta de ley, Carlos Romero Deschamps jura cumplir y hacer cumplir lo que dicen los Estatutos y no lo cumplió, y lo mismo pasó con los 36 secretarios generales de los Comités Ejecutivos. No han cumplido, son cómplices”, advirtió a este semanario.

Como parte de la querella presentada entonces al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Díaz Beltrán, los disidentes advirtieron que el dirigente petrolero había manifestado una sistemática violación de los estatutos internos del sindicato, así como a la evidente desaparición de los recursos inherentes al Fideicomiso para la Construcción de la Vivienda y el Fondo Laboral Petrolero, disminución del salario de los trabajadores sindicalizados, aunado a la pérdida de sus derechos laborales.

En su queja, los sindicalizados jubilados acusan a las autoridades judiciales de ser omisas de sus señalamientos, pues no los consideran funcionarios sindicales y por tanto no tener derecho a denunciar, lo cual advierten es una “clara violación al estado de derecho y una violación patente de nuestros derechos humanos fundamentales, sindicales y políticos”.

Toda vez, reiteran en su pronunciamiento, que es sabido que se siguen utilizando recursos ilícitos, resulta un momento “muy recomendable” para aprobar acciones legales contra quienes atentan contra la legalidad, que estarían cumpliendo con su función específica de hacer justicia a los socios sindicales que hemos visto afectado desde hace muchos años el prestigio y confianza en nuestro gremio sindical (…) “estas acciones conllevarían un despertar de la conciencia ciudadana y serían un reflejo real del combate a la corrupción y la impunidad que lleva a cabo el gobierno federal”.

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