Pasivos. El gobierno de Yunes debe 410 millones de pesos a proveedores. Foto: Cuartoscuro

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Jair Avalos | Corresponsal

Empresarios acusaron a integrantes del gobierno de Miguel Ángel Yunes de pretender cobrar “moches” a cambio de liquidar los adeudos que desde 2015 la administración mantiene con prestadores de servicios y que ascienden a 410 millones de pesos.

ejecentral entrevistó por separado a una docena de estos empresarios, de los 80 afectados y que integran la asociación de Empresas SOS, para confirmar estos señalamientos y si la mecánica de extorsión es la misma, y todos coincidieron: el tesorero o personal a su cargo los cita y les hace la propuesta o les recomienda un supuesto despacho contable para “gestionar” el pago.

El resultado de la oferta en todos los casos, denunciaron, es el pago del monto adeudado menos el 50% por gastos de la gestoría.

›En el caso del empresario Fernando Morales, a quien le deben 84 millones 480 mil pesos, recibió una llamada a inicios del mes de mayo “de un licenciado Anaya (…) Se identificó como un despacho de contadores que me dijeron el monto de la deuda, datos personales y de la empresa. Me dijeron cláusulas de mi contrato y se comprometieron a solucionar mi caso a cambio del 50% del dinero”.

Entrevistado por este semanario, Morales relató: “me decían que ya el gobierno había reconocido el 50% de mi deuda y que si aceptaba, ellos cobraban el cincuenta por ciento. Me llamaron una segunda vez para insistir”.

Después de la entrevista con ejecentral recibió una tercera llamada, de un teléfono fijo para hacerle una nueva oferta: “ok, que me podía quedar con el 75 por ciento de la deuda, que aceptara, y de aceptar tenía que ir a un despacho a presentarme personalmente. La pregunta es cómo sabían mi nombre, mis datos, de un lugar externo”.

De acuerdo con varias entrevistas, los números coinciden con el 554416440, un celular AT&T con sede en Tlalnepantla, Estado de México, y el 5547745398 que es un teléfono Marcatel, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ambos con reporte de acoso a usuarios.

La segunda forma de operar, relató el empresario Raúl Barrientos, a quien le deben más de nueve millones de pesos, fue citándolos en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz y dejarlos con un asistente. Por ejemplo, relató, él fue citado en la oficina del tesorero Adrián Viccón Basto —una persona de confianza del gobernador Miguel Ángel Yunes—. El funcionario salió un momento y en su ausencia Barrientos fue abordado por un joven que se identificó como Alejandro Saldaña, quien le propuso gestionar su adeudo “a cambio de la mitad de ese dinero”.

Una tercera forma, comentaron los empresarios, ha sido que el Tesorero del estado les pide “renunciar” al 50% de la deuda. A Jorge Rojo, a quien le deben cinco millones 600 mil pesos, le dijeron que “si había interés de cobrar la mitad y firmar por el total, podría gestionar el pago”. Lo mismo sucedió con el acreedor Alejandro Sastre, a quien le deben 14 millones de pesos.

Perfil. Adrián Viccón Basto es contador público y auditor, egresado de la Universidad Veracruzana. Actualmente es tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Trabajó en el Órgano de Fiscalización Superior del estado.

Perfil. Adrián Viccón Basto es contador público y auditor, egresado de la Universidad Veracruzana. Actualmente es tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. Trabajó en el Órgano de Fiscalización Superior del estado.

A Óscar Pérez le adeudan cuatro millones 690 mil 700 pesos. En su caso fue recibido por el contador Adrián Viccón que le informó “que su pago ya estaba validado y refiere que hay un problema, esperar a que haya dinero o bien, si accedo a donar cincuenta por ciento, el pago se agilizaría”.

Estos no son los primeros casos que acusan de extorsión a funcionarios del gobierno estatal. En marzo de 2017, Alejandro Cossío acusó al secretario de Salud, Irán Suárez Villa, de mantener las prácticas de corrupción dentro de la dependencia. La respuesta oficial fue un citatorio de la Fiscalía Veracruzana que le pedía declarar sobre los hechos que denunció.

La figura del tesorero adquirió más poder a partir del año pasado, en julio de 2017, pues se le asignó la “guardia, custodia y control” de los fondos y valores estatales. Según la Gaceta Oficial del estado número 262, también se le confirió la programación de los fondos al Poder Legislativo y Judicial. De ser una figura de tercer nivel, en el gobierno de Yunes Linares el tesorero del estado obtuvo mayores facultades, comparables con el titular de Finanzas.

La organización Empresas SOS, que ya aglutina 80 compañías, solicitó a la Secretaría de Finanzas, desde inicios de agosto, que sea informado el “estatus de cada caso revisado (por la Contraloría) y se publique en el portal electrónico y esté en condiciones de reclamar el pago correspondiente”.

La oficina financiera del gobierno respondió que, después de un año y medio, la Contraloría aún no termina el análisis de deuda.

ejecentral buscó al contador público Adrián Viccón, a través del director general de Comunicación Social, Elías Assad, para responder a los señalamientos de los empresarios; sin embargo, al cierre de esta edición ambos funcionarios no respondieron.

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